Autoridades del Ministerio Público estarían removiendo a funcionarios adscritos a la Fiscalía de Flagrancia del Circuito Judicial Penal de Caracas, tras acusarlos de fabricar procedimientos contra personas inocentes en conjunto con oficiales de la Policía Nacional Bolivariana (PNB). Estas personas fueron detenidas y las señalan de participar en la venta de sustancias estupefacientes usando como centro de operaciones la propia División Nacional Antidrogas de este cuerpo policial, situada en San Bernardino, Caracas.
Así lo informaron fuentes consultadas en torno a este procedimiento que El Pitazo publicó el fin de semana reciente. Lo que comenzó con la intervención de esta sede antidrogas por parte del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y el Grupo de Operaciones Estratégicas (Goes) de la Guardia Nacional.
La situación se presenta en el momento en el que se comenzó a notar que los decomisos de drogas no llegaban al Ministerio Público y esto destapó otras irregularidades. Una de ellas es que, funcionarios adscritos a esta dependencia vendían las drogas decomisadas. Se trataría de una investigación que lleva al menos 90 personas detenidas.
Las fuentes explicaron que el modo de operación de los policías de la PNB consistía en detener a personas inocentes, a quienes les sembraban drogas y luego extorsionaban para no presentarlas ante la Fiscalía de Flagrancia. Las víctimas pagaban para evitar ir a la cárcel. También afirman que los fiscales habrían tomado declaraciones de investigados dentro de la sede antidrogas de la PNB y ordenado libertades sin presentar previamente a los detenidos ante un juez de control.
Pero un comerciante detenido por poseer 300 gramos de crispy (una acusación falsa, según señaló) se negó a ser extorsionado y, por el contrario, pidió que el procedimiento fuera entregado al Ministerio Público.
Fue a partir de la llegada del caso del comerciante al Ministerio Público que el nuevo presidente del Circuito Judicial Penal, Jhon Parody Gallardo, antiguo secretario de la Sala Plena del TSJ, hizo seguimiento a una planilla que un fiscal del Ministerio Público presuntamente se negó a presentar. Esa revisión habría permitido detectar otros decomisos de drogas realizados por la PNB cuyo destino no estaría claro.
Sede fuertemente custodiada
Entre los primeros hallazgos del Cicpc y la Guardia Nacional estuvo un procedimiento realizado por los policías implicados, quienes decomisaron una tonelada de presunto crispy. Llevaron las sustancias y a los detenidos al comando. A los sindicados los mantuvieron en cautiverio, ya que no los presentaron ante el Ministerio Público para que diera curso al caso, mientras que las drogas fueron vendidas. Al momento de la retención, quedaba media tonelada del material decomisado.
Otra de las irregularidades se relaciona con la incautación de 50 motos con el logo de la PNB que presentaban seriales limados. Se investiga el origen de las motocicletas, ya que no serían vehículos asignados oficialmente.
El equipo de El Pitazo se trasladó el lunes 21 de septiembre a esta sede, situada en la calle Cristóbal Rojas de San Bernardino, donde constató un fuerte despliegue de seguridad. Los funcionarios a cargo impidieron que se tomaran fotografías tras asegurar que la investigación continuaba.
Otras fuentes indicaron que será el director del Cicpc, comisario Douglas Rico, quien dé detalles de este caso. Se preveía una rueda de prensa este martes, pero no se realizó.