Lo que comenzó con el arresto de un comerciante terminó con la intervención de la División Nacional Antidrogas de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en San Bernardino, Caracas. Fue este operativo el que dejó al descubierto cómo los uniformados sembraban evidencias a personas inocentes, desaparecían cargamentos de droga incautada para comercializarla y extorsionaban en complicidad con fiscales del Ministerio Público (MP). Hasta el momento hay al menos 90 personas detenidas.
Esta red de corrupción comenzó a desmoronarse cuando los funcionarios capturaron a este ciudadano en Petare, bajo la acusación de poseer 300 gramos de la variante de marihuana conocida como cripy. Los policías exigieron dinero para no procesarlo, pero el detenido se negó a pagar y pidió que el caso fuera entregado formalmente al MP para defender su inocencia en los tribunales.
Una fuente informó a El Pitazo que el expediente llegó a la audiencia preliminar el 26 de agosto ante el Tribunal 34° de Control de Caracas, a cargo de la jueza María Gabriela Cardozo. En esa sesión, la defensa invocó la doctrina del fruto del árbol envenenado, demostrando que las tres planillas de registro de cadena de custodia presentadas por la policía estaban plagadas de vicios penales, no tenían testigos y violaban el Manual Único de Custodia.
Ante la falta de pruebas válidas, la jueza Cardozo dictó el sobreseimiento definitivo y la libertad plena del comerciante, argumentando además que la Fiscalía no había subsanado los errores señalados.
El fiscal 91° del Ministerio Público, Wilmer Becerra, apeló la decisión en la misma sala con efecto suspensivo, logrando congelar la boleta de excarcelación del detenido mientras el caso escalaba.
Fue en ese momento cuando el expediente llamó la atención del nuevo presidente del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, el Dr. Jhon Enrique Parody Gallardo, quien asumió el cargo con el respaldo de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia tras haber sido su secretario.
La droga decomisada desaparecía
Al revisar el caso, Parody Gallardo detectó que el fiscal se negaba a presentar una planilla clave de la cadena de custodia. El jefe del circuito judicial le hizo un seguimiento riguroso a ese documento y descubrió que decenas de planillas de incautaciones tramitadas por ese mismo comando de San Bernardino compartían el mismo destino irregular, lo que delataba que la droga decomisada desaparecía del radar de los tribunales y su destino no estaba claro.
Mientras la investigación administrativa avanzaba en silencio, la Sala 6 de la Corte de Apelaciones de Caracas —presidida por la jueza Hennit Carolina López Mesa junto a los magistrados Álvaro J. Martínez Flórez y Evelyn Borrego Navarro, con la asistencia del secretario Tuval R. Villanueva— resolvió la apelación del fiscal el 28 de agosto.
La Corte revocó la libertad del comerciante argumentando que los errores de la PNB en el llenado de las planillas no destruían el valor de la prueba si existían experticias químicas que confirmaran la existencia de la sustancia. Sin embargo, para ese momento las autoridades judiciales ya sabían que las planillas mal llenadas no eran simples descuidos de los policías, sino el mecanismo que utilizaban intencionalmente para dejar vacíos legales en los expedientes, extorsionar a los ciudadanos y quedarse con la droga para luego venderla.
La gravedad de los hallazgos provocó un despliegue de fuerza mayor que no se delegó al Conas, sino al Grupo de Operaciones Estratégicas (Goes), a la Dirección Antidrogas del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y a la Brigada de Acciones Especiales (BAE). Al allanar la sede de la PNB en San Bernardino, el 19 de septiembre, las comisiones descubrieron que los uniformados mantenían allí a tres civiles sin haberlos reportado a los jueces.
La pesquisa confirmó que los policías habían incautado previamente una tonelada de cripy en panelas a ocho personas, pero en lugar de consignar el cargamento, ocultaron el procedimiento y usaron el propio comando como centro de distribución para vender la mercancía en el mercado negro. Para la noche de la intervención, los funcionarios ya habían comercializado entre 400 y 500 panelas.
Media tonelada de droga y 45 motocicletas
El operativo forzó el desalojo del comando y el arresto de su director, Juan Romero, quien fue sometido a interrogatorios. En el sitio las autoridades confiscaron media tonelada de droga restante y 45 motocicletas con las siglas de la PNB que tenían los seriales de chasis y motor totalmente limados, una irregularidad que pasó a manos de la Contraloría.
La intervención penal derivó en la destitución de los fiscales asignados a la Sala de Flagrancia en el Circuito Judicial Penal de Caracas. La investigación, ahora conducida por la Fiscalía 7ma Nacional, determinó que estos fiscales operaban en complicidad directa con la PNB de San Bernardino. Según las indagatorias, asistían al comando policial para tomar declaraciones a los investigados y ordenar libertades de forma directa tras el cobro de extorsiones. De esta forma evitaban que los detenidos pisaran el palacio de justicia.
El Pitazo conoció que el Ministerio de Interiores, Justicia y Paz extendió las pesquisas tras detectar la desaparición de más de un billón de toneladas métricas de materiales estratégicos decomisados desde la promulgación de su ley especial, incluyendo cabillas, cemento, acero y aluminio que debían estar bajo custodia del Estado y cuyo paradero se desconoce.
La sede de la PNB de San Bernardino permanece custodiada por comisiones del Cicpc y la Guardia Nacional mientras el proceso penal avanza hacia los mandos superiores que amparaban la red. Sobre el caso, las autoridades no han dado una versión oficial y mantienen total hermetismo.