Esquema de «Montadeudas»: Cómo enfrentan Venezuela, Chile y México las aplicaciones fraudulentas de préstamos rápidos

El auge de los esquemas de cobros abusivos y hostigamiento digital impulsa acciones legales conjuntas de los organismos reguladores. Mientras la CMF y el SERNAC en Chile llevan a la justicia penal decenas de plataformas financieras irregulares, la Sudeban en Venezuela y el Consejo Ciudadano en México consolidan los bloques de defensa y ciberseguridad para proteger a los usuarios

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La lucha contra los mecanismos irregulares de financiamiento exprés y posterior hostigamiento en línea se ha convertido en punto de interés en América Latina. Organismos reguladores y de protección al consumidor de Chile, Venezuela y México han redoblado sus fiscalizaciones, consolidando un cerco legal contra las aplicaciones móviles no autorizadas que captan usuarios bajo la promesa de dinero inmediato para luego ejecutar el robo de datos y el acoso digital.

Este tipo de fraudes no tiene fronteras. Las bandas operan bajo el mismo esquema en varios países de la región, lo que obliga a las policías y a los reguladores financieros a trabajar bajo una misma línea para frenar los abusos.

El frente en Chile

La rápida expansión y gravedad de esta modalidad delictiva obligó al Estado chileno a movilizar un frente institucional para frenar la extorsión masiva. Tal como lo han reportado las autoridades del hemisferio sur, en Chile la contraofensiva es liderada por dos instituciones claves: la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) y el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC).

La CMF es el regulador estatal específico que supervisa los mercados financieros chilenos. Ante el Ministerio Público del país austral, la CMF ha presentado denuncias penales por usura y extorsión contra decenas de aplicaciones detectadas en Google Play (como Micro Dinero, Moni Amigo, Lucra Plata, Luca Dinero y Nexcash), las cuales operan sin ningún registro legal e imponen tasas que superan por completo los límites establecidos por el Banco Central.

De forma paralela, el SERNAC mantiene una ofensiva abierta en Chile contra más de 20 aplicaciones tras recibir masivas alertas de usuarios que denuncian amenazas de muerte y extorsión telefónica. El impacto y el alcance de las denuncias escalaron a tal magnitud que el organismo se vio obligado a oficiar formalmente a Google y Apple para exigir el bloqueo y la remoción inmediata de estos sistemas de sus tiendas digitales.

La réplica en Venezuela y la alerta de la Sudeban

En Venezuela este esquema delictivo ha comenzado a ganar terreno con fuerza. Las denuncias de las víctimas se multiplican en redes sociales como TikTok, según ha documentado El Pitazo.

En el plano institucional, la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) es la encargada de encender las alarmas en el país. El organismo ha emitido alertas oficiales sobre plataformas como Unit Finance y KriosFinance, las cuales ofrecen supuestos créditos en divisas de manera irregular y sin las licencias requeridas para trabajar.

Un alto funcionario del Cicpc advirtió a El Pitazo sobre la gravedad de la situación. “El fraude electrónico es uno de los delitos que ha registrado un mayor repunte recientemente en el país. Por esa razón, mantenemos campañas constantes orientadas a la prevención ciudadana", señaló bajo el anonimato, ya que no está autorizado para declarar.

De acuerdo con los expedientes y reportes que maneja la institución, el principal mecanismo de estas plataformas consiste en el secuestro de la lista de contactos y las galerías de fotos de los usuarios. Una vez que la víctima sufre un retraso en el pago, los cobradores utilizan esta información privada para enviar mensajes de hostigamiento y difundir montajes fotográficos falsos entre sus allegados.

México: la cuna del rastreo de los «montadeudas»

Esta modalidad tiene su origen en México, donde nació el término “montadeudas". Allí, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México (CDMX) se ha convertido en el referente internacional de monitoreo.

Como parte de sus labores el organismo ha procesado más de 51.000 reportes acumulados, logrando consolidar en 2026 una «lista negra» interactiva de cerca de 400 aplicaciones activas o dadas de baja por incurrir en extorsión, acoso psicológico y doxing(exhibición de la privacidad).

Entre las plataformas internacionales e ilegales mapeadas por los usuarios y organismos se encuentran: Crediti, Yumicash, AmorCash, NovoCrédito, Presta, Dinerbacano, Profin, LuckyPlata, Prestamax, Jose Cash, Súper Efectivo, Molo Préstamo, Puma Crédito, CashYa, Credecol, Plata Ayuda, Popcash y Rapidísimo Crédito.

A diferencia de otros países donde la respuesta es solo preventiva, el frente mexicano ha ejecutado operativos de asalto y desmantelamiento de macrocentros de llamadas (call centers) operados por estas mafias.

Mecanismos de hostigamiento

El impacto de esta red operativa quedó en evidencia tras las denuncias recibidas en El Pitazo y divulgadas en redes sociales, donde cientos de usuarios han sido víctimas de campañas de hostigamiento digital tras retrasarse apenas unas horas en los pagos.

Los afectados reportan que los cobradores de estas plataformas acceden de forma no autorizada a sus cuentas de redes sociales o extraen galerías multimedia completas para difundir carteles difamatorios entre sus familiares y allegados, empleando la presión psicológica como mecanismo de cobro.

Especialistas en ciberseguridad advierten que estas herramientas logran burlar los filtros de plataformas como Google Play Store. Se presume el uso de granjas de bots y cuentas automatizadas para inflar sus reseñas positivas, construyendo una falsa reputación que engaña a los usuarios en busca de auxilio financiero rápido.

La recomendación principal ante una urgencia económica es verificar siempre si la plataforma cuenta con el aval y registro de la Sudeban, en el caso de Venezuela, antes de suministrar datos personales o bancarios. De ser víctima de hostigamiento, se insta a cortar comunicación con los operadores e interponer la denuncia ante la División de Delitos Informáticos del Cicpc.

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