Caracas.- El presbítero Julián Ysmael Pérez Rojas, administrador parroquial de la Iglesia Santo Cristo de La Vega —perteneciente a la Arquidiócesis de Caracas—, denunció públicamente el estado de desprotección e inseguridad que azota a los alrededores de la Plaza Bolívar y al casco central de esta populosa comunidad caraqueña. La denuncia comunitaria cobró fuerza tras registrarse una serie de hurtos que dejaron sin servicio eléctrico las instalaciones eclesiásticas y los espacios públicos circundantes.
Durante la madrugada del pasado martes 13 de octubre, un grupo de delincuentes desmanteló el sistema eléctrico del sector, sustrayendo la totalidad del cableado y tres medidores de energía que surtían de electricidad al templo, a la casa parroquial, al estacionamiento y a la plaza.
Los residentes de la zona señalaron que este ataque no es un hecho aislado, sino parte de un progresivo desvalijamiento del mobiliario público que incluye incidentes previos como el hurto de la espada de la estatua del Libertador Simón Bolívar localizada en el lugar.
A esto se suma que los vándalos se han introducido en las casas de los vecinos, al tiempo que han violentado el templo y el colegio Fundación Carlos Delfino.
Respuestas institucionales y trabas burocráticas
El Padre Julián Pérez relató que, desde su llegada a la parroquia, ha intentado formalizar las denuncias sobre la proliferación de bandas, atracos, consumo de alcohol, drogas y juegos de azar en el casco colonial de La Vega, sin recibir respuesta de la alcaldía ni de los cuerpos de seguridad.
Ante el incremento de las agresiones al entorno, el párroco acudió personalmente a entregar un documento firmado por la Arquidiócesis de Caracas y las instituciones educativas de la zona para exigir el resguardo de los perímetros escolares.
“Fui personalmente y simplemente dijeron que no podían responder a esa denuncia y me dijeron que debía dirigirme directamente con Diosdado (Cabello)", reveló el presbítero.
Tres mil niños en riesgo permanente
La principal preocupación de la Iglesia y de las organizaciones comunitarias radica en el peligro diario que corren aproximadamente 3.000 niños y adolescentes que acuden a los centros educativos ubicados en las adyacencias de la Plaza Bolívar.
El párroco advirtió que los estudiantes son testigos diarios del nivel de delincuencia que impera en la zona, donde además los alrededores del templo y de los colegios son utilizados de manera recurrente por personas en situación de calle o bajo efectos del alcohol para orinar y defecar.
Los vecinos de La Vega manifestaron su indignación ante la inacción policial y la falta de patrullaje preventivo nocturno. Denunciaron que la permanencia de grupos de personas ingiriendo bebidas alcohólicas en las esquinas se ha vuelto una constante diaria, situación que empeora tras el apagón provocado por el robo del cableado.
Tanto las autoridades eclesiásticas como el bloque vecinal aseguraron que continuarán ejerciendo presión y formalizando los reclamos ante las instancias correspondientes hasta lograr la restitución inmediata del servicio eléctrico y el establecimiento de presencia policial fija que garantice el bienestar de los habitantes de La Vega.
«A alguien le conviene que esto se mantenga, pero los vecinos haremos todo lo que esté en nuestras manos para seguir denunciando», sentenció el párroco.