Tres meses después del doble terremoto del 24 de junio, La Guaira se mueve a un ritmo diferente, entre implosiones, remoción de escombros y planes de reconstrucción. Pero mientras las autoridades despejan el territorio, familias aún buscan cuerpos entre las ruinas y organizaciones civiles reclaman información, participación y atención para una población que mantiene un luto colectivo
«No puede ser, no puede ser. Se cayeron las dos torres. Se cayeron las dos torres». Rosalía todavía escucha su propia voz.
Hace tres meses, dos de las siete torres de la OPPPE-25, ubicada en la avenida principal de Tanaguarena, se vinieron abajo durante el doble terremoto que sacudió a La Guaira el 24 de junio.
Al lado de la cancha, recuerda, todo quedó convertido en escombros y polvo. Una nube marrón cubrió el lugar y durante horas hizo difícil distinguir dónde terminaba el edificio y dónde comenzaba la calle.
Estaban los gritos de los heridos. Los familiares buscando a los suyos. Personas que aseguraban haber sido expulsadas de sus viviendas por el movimiento violento de las estructuras.
Rosalía y su familia lograron salir con vida. Las torres donde vivían sufrieron daños profundos, pero pudieron ser desalojadas antes de que ocurriera una tragedia mayor.
Han pasado tres meses y ella todavía tiene pesadillas. En sus sueños vuelve al polvo, al ruido, a la desesperación de aquella tarde. «Nosotros estamos bien por fuera, pero no estamos bien por dentro».
La frase de Rosalía resume una sensación que persiste en La Guaira, 92 días después de los terremotos de San Juan.
El territorio comienza a cambiar: desaparecen edificios, avanzan las máquinas, se remueven toneladas de concreto y algunas zonas que durante décadas formaron parte del paisaje cotidiano son ahora solares abiertos.
Pero para quienes sobrevivieron, el desastre no terminó cuando cesaron los movimientos de tierra.
Hay familias que todavía esperan recuperar los cuerpos de sus seres queridos. Otras intentan saber qué ocurrió con personas que continúan desaparecidas. Y muchas más cargan con una pérdida que no siempre puede medirse en cifras: la de la vivienda, el barrio, el trabajo, la rutina y la sensación de seguridad.
«A tres meses, lo más importante es darle atención al lado humano, darle atención a la gente. Lamentablemente vemos que se siguen cometiendo los mismos errores. No se atiende desde la solidaridad, no se atiende desde entender que las personas no quieren ser víctimas, porque una cosa es ser sobrevivientes y otra es ser una víctima pasiva», sostiene Iván Cedeño, vocero de la Red de Sobrevivientes de La Guaira.
La organización, que nació después del desastre con la intención de dar voz a la sociedad civil en el proceso de «refundación» de la entidad costera, impulsa la incorporación de la comunidad organizada, de los gremios profesionales, del sector económico, las cámaras de sectores como inmobiliario y construcción, así como de especialistas en áreas como geología, hidrología y sismología, para que sus propuestas sean escuchadas por el Estado.
La red también ha solicitado la creación de una mesa defensorial de seguimiento al proceso de reconstrucción y ha pedido que no se autoricen nuevas obras públicas o privadas sin estudios técnicos validados por organismos científicos competentes.
En el caso de la familia de Rosalía, ellos aún aguardan por respuesta oficial en el campamento transitorio que funciona en el Campo de Golf de Caraballeda. «No queremos estar rodando de refugio en refugio, sino que nos asignen una vivienda. Estamos evaluando aceptar irnos al interior del país, porque aquí estamos con miedo», asegura la joven, con la convicción que la distancia geográfica pondrá fin a las pesadillas.
Sociedad civil exige voz
Para la Red de Sobrevivientes de La Guaira, la recuperación del litoral no puede centrarse exclusivamente en la huella urbana. «Se están recogiendo escombros, se despejan vías, se implosionan edificios. Al final eso hay que hacerlo y está bien. Pero lo que planteamos va mucho más allá, mucho más de fondo, un concepto diferente: los ciudadanos queremos ser codiseñadores de los planes», acota nuevamente Cedeño.
El vocero insiste en que los sobrevivientes no quieren ocupar únicamente el lugar de quienes reciben asistencia. «Queremos participar en las decisiones sobre el territorio que habitamos».
Es por ello que la organización ha pedido mapas de riesgo actualizados, estudios geológicos, hidrológicos y sismológicos, así como mecanismos institucionales que permitan a las comunidades conocer y discutir los proyectos que se ejecuten en la entidad.
«Pareciera que se repite la experiencia de 1999 y el post proceso de reconstrucción. No hay una acción concertada en el marco de este proceso en el que uno diga que se ha incorporado a la sociedad civil en su conjunto, ya sea para conversar, debatir, escuchar propuestas y trazar un plan de acción», cuestiona Cedeño.
La demanda ocurre mientras el territorio empieza a entrar en una fase distinta. La emergencia se transforma lentamente en una transformación urbana, pero las heridas siguen abiertas.
El cambio más visible del territorio litoralense ocurre donde alguna vez hubo edificios.
La zona en donde más se ha concentrado la remoción de escombros es en Caraballeda, especialmente a la altura de Los Corales y en la llamada «zona cero» de la Opppe 26 en la urbanización Caribe.
Hasta el 24 de septiembre, diez estructuras habían sido demolidas mediante procedimientos con explosivos. En Playa Grande fueron demolidas las torres A, B y C del conjunto Luisa Cáceres de Arismendi (Opppe 36) y las torres I y II de las residencias Samantha, mientras que en Tanaguarena, fueron implosionadas las residencias Newport, Arrecife, San Jorge, Ávila Mar y Belair.
El despeje también entró en una nueva etapa. El 22 de septiembre se inició formalmente la participación de Miyamoto International en las labores de remoción de escombros, como parte del llamado Plan de Despeje Digno y Seguro. La firma internacional trabaja junto con contratistas venezolanos y equipos técnicos en el procesamiento y retiro de los residuos generados por el desastre.
Los escombros son trasladados a centros de disposición temporal. Entre los puntos utilizados se encuentran Playa Caleta, en Tanaguarena, y el eje de la avenida José María España, entre Los Corales y Caraballeda.
La selección de estos espacios ha generado cuestionamientos. Ambientalistas han señalado que Playa Caleta se encuentra próxima al mar y han advertido sobre las condiciones que deberían cumplir los sitios destinados al almacenamiento temporal de materiales provenientes de estructuras destruidas. Entre los criterios señalados están el alejamiento de cuerpos de agua y asentamientos urbanos y la impermeabilización de los suelos.
Las autoridades, por su parte, sostienen que los sitios escogidos cumplen con condiciones de seguridad. El debate deja otra pregunta abierta: qué hacer con los restos de una ciudad mientras se intenta reconstruirla.
Una interrogante que en estos tres meses, no ha encontrado respuesta.
Cifras pendientes
Uno de los temas pendientes a los tres meses del doble terremoto es el manejo de cifras, especialmente de fallecidos, desaparecidos y damnificados.
La cifra oficial de fallecidos se mantiene en 6.509 personas, de acuerdo con el último balance nacional divulgado el 24 de agosto. Desde entonces no ha habido una actualización oficial.
En su informe publicado el 23 de septiembre, Amnistía Internacional señaló que la información pública de las autoridades se ha caracterizado por la «opacidad y falta de transparencia».
La falta de un registro público de desaparecidos persiste. La organización documentó diferencias entre los registros oficiales y otras estimaciones: mientras el Gobierno nacional reportó 1.579 personas desaparecidas, el gobernador de la entidad costera hizo una estimación de 7.265.
Amnistía Internacional destaca que registros ciudadanos independientes han contabilizado más de 41.000 reportes de desaparecidos, aunque advirtió que estos contienen errores y duplicidades y que, por ello, se requieren cifras oficiales verificables.
La ausencia de una cifra oficial no significa, sin embargo, que la búsqueda haya terminado.
En Residencias Caribe, en Caraballeda, familiares y voluntarios continúan entrando a las ruinas para intentar recuperar los cuerpos de quienes quedaron atrapados. A finales de septiembre, equipos de rescate seguían trabajando en las torres B y C, mientras familiares relataban las dificultades para determinar dónde quedaron sus seres queridos después del colapso por apilamiento de la estructura.
«Estos han sido los tres meses más duros de mi vida. Nos hace falta ayuda y muchas respuestas. Uno está viviendo una pesadilla permanente», dice Iván Rodríguez, quien busca aún a su esposa en las residencias Caribe.
Fotos: Cruz Sojo y @EstudioLab
