Por Andrea Barrios
San Felipe.-A casi tres meses de los dos terremotos registrados en Venezuela, el primero de ellos de magnitud 7.2 y con epicentro en San Felipe, estado Yaracuy, la población aún convive con las consecuencias de aquel 24 de junio, a lo que se sumó el desbordamiento de ríos tras fuertes precipitaciones para finales de julio.
De acuerdo con la ONG Laboratorio de Desarrollo Humano, el municipio Veroes, uno de los 14 de la entidad, aún arrastra los efectos de estos desastres naturales, según presentó en su más reciente informe “Veroes: La emergencia que nadie está viendo".
Y aunque la zona no concentró los daños más severos a gran escala, esta circunstancia desvió la atención institucional hacia otros focos, lo que relegó los daños acumulados en un territorio que ya presentaba pobreza estructural y vulnerabilidad por violencia delictiva. «Las inundaciones y el colapso sanitario agravaron la emergencia humanitaria», alertó la organización.
Mujeres son las cabezas de familia
El estudio detalla que, de un total de 2.865 viviendas evaluadas, 311 quedaron destruidas o inhabilitadas. Estos núcleos familiares están conformados mayoritariamente por población afrodescendiente, con hogares con jefatura femenina y un sector de adultos mayores que representa al menos al 40 % de sus habitantes con más de 60 años.
Asimismo, el 78 % de las familias reportó un alto impacto en su fuente de ingresos habitual, y 9 de cada 10 hogares sufrieron pérdidas debido a la paralización de la agricultura, lo que generó una caída del 65 % en su capacidad de compra.
Servicios básicos y crisis alimentaria
En cuanto a los servicios públicos, el informe de la organización registra que el 81 % de las viviendas no recibe suministro continuo de agua. De este grupo, el 90 % no aplica ningún tipo de tratamiento y el 78 % presenta signos visibles de contaminación. Paralelamente, el 53 % de los hogares quema la basura por deficiencias en la recolección de aseo urbano, una situación agravada por la acumulación de escombros tras los derrumbes.
Este panorama incide directamente en la seguridad alimentaria del municipio. Según el texto, el 52 % de las familias redujo el número de comidas diarias y, en ocasiones, los padres sacrifican su propia alimentación para dársela a sus hijos.
Ante la falta de atención oficial en el municipio, la ONG Laboratorio de Desarrollo Humano insta a las autoridades a priorizar planes orientados a garantizar el acceso a agua potable, brindar apoyo económico y reactivar a los pequeños productores agrícolas.
Asimismo, la organización demanda la construcción y rehabilitación de viviendas para mitigar los daños generados por los recientes desastres naturales en las comunidades afectadas.