Yanín Fabiana Pernía Coronel salió del Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, con una sonrisa, porque estar fuera de la cárcel es solo un alivio. Habían pasado ocho años desde que fue detenida y señalada de crímenes que no cometió lo que la sumaron a la lista de mujeres presas políticas en Venezuela.
Llevaba en brazos un gato negro y mientras avanzaba hacia la salida saludó con un genuino «hola» a las personas que permanecían afuera de la cárcel esperando por ella y por las otras presas políticas excarceladas este viernes 14 de agosto.
La excarcelación de Pernía la confirmó la ONG Foro Penal en el marco de una nueva jornada de medidas sustitutivas para presos políticos en Venezuela, dos días después de la culminación de la primera jornada de diálogo entre la oposición y el chavismo, tutelado por Estados Unidos.
La escena de su salida contrasta con la historia de horror que Yanín vivió en esa prisión. Durante sus ocho años de reclusión, familiares y organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron que fue sometida a torturas, permaneció desaparecida durante varios días después de su detención y sufrió graves afectaciones físicas y psicológicas.
En mayo de este año, su familia denunció públicamente que la joven había sido víctima de una agresión sexual cometida por sus custodios. La organización Provea exigió en ese entonces al Estado investigar la denuncia.
Detención en una alcabala de Barinas
Pernía tenía alrededor de 21 años cuando su vida cambió por completo. El 4 de agosto de 2018, el mismo día en que ocurrió el ataque con drones durante un acto encabezado por Nicolás Maduro en la avenida Bolívar de Caracas, la detuvieron en un punto de control militar en el estado Barinas.
Foro Penal documentó su traslado posteriormente a la sede de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), en Boleíta, Caracas. La organización señaló que permaneció aproximadamente una semana en desaparición forzada.
A la joven la vincularon con este hecho en contra Maduro. La investigación también alcanzó a otras mujeres, entre ellas Emirlendris Benítez y Ángela Expósito. En total 17 personas estuvieron señaladas por el supuesto el intento de magnicidio.
En agosto de 2018, a Pernía la presentaron ante el Tribunal Primero de Control con competencia en Terrorismo. Organizaciones defensoras de derechos humanos señalaron que llegó a la audiencia con signos visibles de tortura y denunciaron que su presentación se realizó fuera del lapso procesal.
La acusación en su contra incluyó delitos como terrorismo, asociación para delinquir, financiamiento al terrorismo y homicidio intencional calificado en grado de frustración, entre otros.
Las denuncias de tortura
La desaparición de Pernía durante los primeros días de su detención fue solo el comienzo de las denuncias sobre el horror que vivió mientras permaneció detenida.
Informes de derechos humanos recogieron testimonios donde se asegura que la sometiron a golpes, descargas eléctricas, distintos métodos de asfixia y exposición a bajas temperaturas sin ropa y mojada. También se denunció otras formas de maltrato físico.
El Observatorio Nacional de Derechos Humanos documentó esas denuncias y señaló que la joven presentó problemas de salud asociados a las torturas que sufrió. Las denuncias no terminaron con su traslado a INOF.
Una condena de 30 años
Cuatro años después de su detención, en agosto de 2022, a Pernía la condenaron a 30 años de prisión, la pena máxima prevista en Venezuela. Para entonces, su nombre ya había quedado asociado a informes sobre mujeres presas políticas y denuncias de violaciones al debido proceso.
Su familia, entretanto, intentaba sostener el contacto con ella, pero su madre dejó de poder visitarla debido a problemas de salud que le impedían trasladarse desde Barinas hasta Miranda. Zoraida González, su suegra, también denunció dificultades para ingresar al INOF y, posteriormente, restricciones para visitarla por no ser familiar directo.
La denuncia que volvió a poner su nombre entre las noticias
En mayo de 2026, en medio de nuevas excarcelaciones de personas consideradas presas políticas, la historia de Pernía volvió a hacerse pública por una denuncia grave.
Fue allí cuando Zoraida González, madre de José Miguel Estrada —pareja de Yanín y también preso político—, aseguró que Pernía habría sido víctima de una agresión sexual por parte de unos 30 custodios durante su permanencia bajo custodia.
La denuncia la difundió la periodista Maryorin Méndez y posteriormente replicaron por distintos medios nacionales e internacionales. El Pitazo publicó entonces el testimonio de la familiar, quien afirmó que Pernía presentaba secuelas físicas y psicológicas derivadas de los abusos que, según su familiar, sufrió.
La organización Provea exigió el 22 de mayo que el Estado investigara la denuncia y brindara justicia a Pernía y su familia. No existe, hasta ahora, una proceso público que establezca responsabilidades por esa denuncia.
Zoraida González se convirtió en una de las voces que reclamó públicamente por su liberación. En uno de los videos difundidos este viernes, la mujer apareció visiblemente conmovido al tener noticias de la excarcelación de su nuera Yanín. Mientras todavía esperaba noticias de su propio hijo, José Miguel Estrada, privado de libertad.
Las otras mujeres liberadas
Foro Penal confirmó la excarcelación de 17 mujeres presas políticas en esta jornada, entre ellas Emirlendris Carolina Benítez, también condenada por el caso de los drones y que salió en silla de ruedas de la prisión.
Junto con Pernía también liberaron a Yolimar Alemán de Chaya, Marifrancis del Valle Marcano, Samaira del Valle Romero, María Auxiliadora Delgado Tabosky, Adriana Esther Cedeño Pastrano, Keila Rosselyn Barrios González, Yarilys del Valle Díaz Requena, Anyela Esterling Bermúdez Vásquez, Zurisaday Isabel Vásquez Tirado, Yasmin del Valle Tirado Rondón, Tamara Edith Ortega Moreno, Alianis Briggeth Araujo Lozada, Mariana Luerlin Andrade Duque, Lorena Graciela García y Getzabe de la Cruz Colmenares.