Un grupo de ONG venezolanas se pronunciaron tras los primeros acuerdos entre la Asamblea Nacional de 2015 y el chavismo, especialmente por el anuncio de una renovación que ocurrirá en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Dijeron que para que ello ocurra debe haber un comité de postulaciones judiciales independiente, la publicación íntegra del baremo de evaluación, tal como lo exige el artículo 73 de la propia Ley Orgánica del TSJ, así como un acceso público a los expedientes de los postulados.
La Asamblea Nacional controlada por el chavismo había iniciado ese proceso en abril pasado cuando se forzaron las jubilaciones de varios magistrados afines a Nicolás Maduro y Cilia Flores, capturados el pasado 3 de enero por militares estadounidenses que los extrajeron de Venezuela y recluyeron en una cárce de Nueva York donde esperan un juicio.
En ese proceso, escogieron al comité de postulaciones judiciales, con mayoría de integrantes del chavismo; se reformó la Ley Orgánica del TSJ para ampliar de 20 a 32 el número de magistrados, como ya había hecho en 2014 el chavismo, pero que luego redujo y nuevamente amplió. Ese grupo permitió la postulación de 561 personas, algunas de ellas que ya habían ejercido cargos en el TSJ o otras instancias de la administración pública.
Entre ellos estaban la actual rectora del Consejo Nacional Electoral, Acmé Nogal, quien preside la Comisión de Participación Política y Financiamiento, pero además avaló el triunfo de Nicolás Maduro en las presidenciales del 28 de julio de 2024, pese a que el CNE no presentó las actas para justificar esa supuesta victoria.
Comité con presencia de actores internacionales
Las ONG, entre ellas el Centro de Justicia y Paz (CEPAZ), Justicia, Encuentro y Perdón, Provea, Acceso a la Justicia, Aula Abierta, Civilis y Caleidoscopio Humano, hicieron hincapié en que el TSJ ha sido usado por el chavismo como un instrumento de represión institucional a lo largo de las últimas dos décadas.
Al pedir que el comité de postulaciones sea amplio, sugirieron que lo integren «especialistas nacionales e internacionales, incluida la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), universidades y sociedad civil— que acompañe la evaluación de los candidatos conforme al baremo, sin sustituir al Comité de Postulaciones Judiciales pero aportando una verificación técnica y objetiva de su cumplimiento».
Llamaron a que ese grupo sea controlado no por el Legislativo sino por la sociedad civil; actualmente consta de 21 miembros, 11 que son parlamentarios y 10 de la sociedad civil, esto para que haga peso «el rol central en la preselección de candidatos».
Asimismo pidieron que se reconfigure el comité de postulaciones del Poder Ciudadano, encargado de presentar a los candidatos o aspirantes a Fiscal General de la República y Defensor del Pueblo, toda vez que los nombramientos de nuevos funcionarios en esos cargos no cumplieron con los parámetros legales.
«Actualmente está integrado por 13 diputados, cuando debe ser constituido por miembros de la sociedad civil. Lo más irregular en la actualidad es que su presidente es el mismo del Comité de Postulaciones Judiciales», alertaron.
Tras el primer ciclo de conversaciones, que se desarrolló entre el 6 el 12 de agosto pasado, las partes acordaron: 1) reformas a las Ley Orgánica del TSJ y otras del sistema de justicia; 2) renovar y ampliar el comité de postulaciones judiciales; 3) activar un nuevo proceso de postulación para la renovación y designación de todos los magistrados del TSJ; y 4) conformar un consejo de revisión de credenciales y requisitos de los postulados y postuladas al TSJ, para el cumplimiento de lo establecido en la Constitución, la ley y el baremo de evaluación.
Parlamento presenta lista de postulados al TSJ: hay 561 aspirantes a magistrados
Qué ocurre dentro del TSJ
El pasado abril comenzaron los cambios el máximo juzgado del país. Al menos ocho magistrados pasaron a jubilación: Maikel Moreno, Edgar Gavidia Rodríguez, Henry Timaure, Juan Carlos Hidalgo, Malaquías Gil, Luis Damiani Bustillos, Carmen Alves y Elsa Gómez. Esta última era presidenta de la Sala de Casación Penal y ya en sus redes sociales actualizó su perfil como «magistrada emérita».
A inicios de mayo, el Poder Judicial confirmó los cambios y la incorporación de los suplentes; al tiempo desde el Parlamento se aprobó una reforma al TSJ, se escogió el comité de postulaciones judiciales y en junio se dio a conocer una lista de 561 nombres de abogados que aspiraban a integrar las vacantes que quedaron por las jubilaciones, que fueron ocho; además de los 12 magistrados que incorporarían.
Pero el doble terremoto del 24 de junio frenó ese proceso mientras el jefe del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, asumió funciones en el Ejecutivo para la atención a las víctimas, aunque ahora se informó que van a comenzar nuevamente la escogencia.
Aún no se sabe quiénes integrarán ese comité, cómo será su selección, qué baremo se utilizará ni si será esa misma AN de 2025, con dudas sobre su legitimidad, la que se encargará de los nombramientos, ni si todos los diputados del chavismo, algunos de los cuales han mostrado su descontento por la mesa de diálogo con la AN de 2015, apoyarán esos cambios.