Caracas.- La ONG Transparencia Venezuela alertó sobre una serie de decisiones judiciales que cerraron investigaciones relacionadas con integrantes y allegados del llamado clan Convit, algo que ha generado cuestionamientos sobre la manera como actúan los tribunales venezolanos. Estas causas guardan vínculos con investigaciones por presuntas operaciones irregulares relacionadas con Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la trama Pdvsa-Cripto.
A través de un artículo publicado en su portal web, la ONG se basó en información de fuentes judiciales para mencionar que este caso cobró relevancia luego de que varios jueces y abogados vinculados con los procesos fueran detenidos o removidos de sus cargos.
Clan Convit: ¿Qué decidió la justicia venezolana?
El 14 de mayo de 2026, la Sala Especial de la Corte de Apelaciones de Caracas, con competencia en delitos de terrorismo, corrupción y delincuencia organizada, decretó el sobreseimiento de la causa contra Ana Graciela Convit Guruceaga, hermana del empresario Francisco Convit Guruceaga.
Dicha decisión se sustentó en la denominada “atipicidad objetiva absoluta", una figura mediante la que el tribunal considera que los hechos atribuidos a una persona no constituyen un delito.
El fallo fue redactado por el juez Rafael Osío y parte de su contenido fue difundido públicamente por el exdirector de Actuación Procesal del Ministerio Público, Zair Mundaray.
Fuentes judiciales citadas por Transparencia Venezuela, señalan que el expediente estaba relacionado con la trama Pdvsa-Cripto, una investigación sobre operaciones de comercialización de petróleo venezolano en las que, presuntamente, los recursos obtenidos no fueron ingresados a las cuentas de Pdvsa.
Luego, la defensa pidió que los efectos del sobreseimiento se extendieran a otros integrantes y allegados al grupo: Jacinto Antonio Convit Ríos, Patricia Gabriela Alejandra Ferrando Zilio, Gonzalo Andrés Eduardo Mendoza Guruceaga y Mario Iliopoulos.
Detención de jueces relacionados al caso
Después de las decisiones que favorecieron al clan Convit, el juez ponente Rafael Osío fue detenido por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Fuentes judiciales citadas por Transparencia Venezuela también señalaron la detención del magistrado Orlando Carvajal, quien formaba parte de la Corte de Apelaciones que votó a favor de los dictámenes, y del abogado Manuel Marrero, asistente de la presidenta de la Sala Penal del TSJ, Carmen Marisela Castro.
Por su parte, la ONG señala que también habría sido detenido el abogado Daniel Hernández Sarmiento, representante legal de los Convit y exfiscal del Ministerio Público.
Por otra parte, el artículo menciona que el magistrado Heriberto Antonio Peña, quien habría expresado su desacuerdo con las decisiones, fue removido de su cargo.
Hasta el momento descrito en la investigación, se desconocía si los funcionarios detenidos habían sido presentados formalmente ante un tribunal.
¿Qué relación tiene el clan Convit con Pdvsa?
Francisco Convit Guruceaga es uno de los empresarios venezolanos relacionados con Derwick Associates, empresa que obtuvo contratos del Estado venezolano durante la crisis eléctrica de 2009.
Convit también es señalado en investigaciones judiciales en Estados Unidos relacionadas con operaciones financieras y corrupción. Además, según la información citada en el reportaje, escapó del Sebin en Caracas en agosto de 2025.
Otros integrantes de su entorno familiar aparecen relacionados con sociedades registradas en Venezuela y Panamá, mientras que el empresario naviero Mario Iliopoulos, propietario de Seajets, es señalado por el Ministerio Público venezolano de haber participado en operaciones de comercialización de crudo venezolano vinculadas con la investigación Pdvsa-Cripto.
¿Por qué los sobreseimientos en Venezuela pueden afectar investigaciones en otros países?
Transparencia Venezuela asegura que el alcance de estas decisiones va más allá de Venezuela, ya que los sobreseimientos dictados por tribunales venezolanos pueden ser usados por los investigados en procesos judiciales internacionales.
Pone como ejemplo el caso del empresario Alejandro Betancourt, quien fue socio de Francisco Convit: en marzo de 2026, un tribunal español archivó una investigación relacionada con un presunto delito de blanqueo de capitales después de que la defensa presentara un sobreseimiento dictado previamente en Venezuela.
La investigación en España buscaba determinar si Betancourt y otros ciudadanos venezolanos estaban vinculados con operaciones de legitimación de capitales relacionadas con fondos provenientes de un presunto desfalco de Pdvsa.
Sin embargo, en junio de 2026, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional española ordenó reabrir la investigación contra Betancourt López, después de que el juez Santiago Pedraz recibiera la orden correspondiente.