Sin torta y sin el abrazo de sus afectos celebró la presa política Mayra Castro Duarte su cumpleaños número 48, el 24 de marzo. Ella continúa detenida en uno de los calabozos de la Policía Municipal de Urdaneta en la parroquia Nueva Cúa del estado Miranda, sin derecho a defensa privada y con un cuadro de salud que mantiene en riesgo su vida.
“Duerme en el piso, en un espacio hacinado; húmedo; sin ventilación; sin servicio de agua potable y oscuro", aseguraron sus parientes a El Pitazo, en medio de la preocupación por las condiciones en que permanece Castro.
Castro Duarte, quien es la presidenta del partido Primero Justicia (PJ) en el municipio Urdaneta de los Valles del Tuy, fue arrestada en esta entidad el 2 de agosto de 2024, en el contexto de las protestas poselectorales.
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Llevaba un listado con nombres de personas que militan en el partido Primero Justicia (PJ) y un cuaderno con tres modelos de actas con los resultados electorales de las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional (AN).
Estas actas eran usadas como guía para dictar los talleres a los testigos electorales que participaron en la elección presidencial del 28 de julio y fueron los elementos presentados por la fiscalía para acusarla de terrorismo e incitación al odio.
«No existe ni existirá ninguna prueba en mi contra, amo a mi país y no podría ser una terrorista, por lo que exijo mi libertad plena", escribió Castro en una carta que sus familiares hicieron pública el 16 de diciembre de 2024.
Salud complicada
La situación de la dirigente política y social es complicada, según señalaron sus familiares. «En el calabozo se lesionó un ojo y fue diagnosticada con epiescleritis. Además, está padeciendo de migraña; gastritis crónica; edema en miembros inferiores; retención de líquido y bronquitis aguda», detallaron.
Debido a esa dolencia, Castro ha sido trasladada al menos en cuatro ocasiones al hospital Dr. Osío de Cúa. También hay informes forenses que certifican su cuadro clínico, pero ninguno ha sido tomado en cuenta por la fiscalía para solicitar su liberación.
Los parientes de la detenida insisten en hacer un llamado al fiscal Tarek William Saab para que revise este caso. «Se trata de una injusticia, que no solo está afectando a Mayra, sino también a sus dos sobrinos, de 6 y 7 años, que está criando», manifestaron.
El último balance presentado por la organización Foro Penal, el 17 de marzo, indica que 894 personas siguen detenidas en Venezuela por motivos políticos: 806 hombres y 88 mujeres. De esos 894 presos, 889 son adultos y 5, adolescentes; 727 son civiles y 167 militares.
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