Barquisimeto.– Orlando Castillo, un hombre de 70 años y padre de uno de los cinco adolescentes detenidos en el estado Lara, suplicó a Nicolás Maduro la liberación de su hijo, un joven de 17 años detenido el 29 de julio en el contexto postelectoral, cuya madre de 59 años se encuentra hospitalizada por complicaciones de diabetes e hipertensión.
En un video difundido este 3 de diciembre en la red social X, antes Twitter, por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Castillo afirmó que su hijo no participaba en las protestas postelectorales registradas ese día en Barquisimeto. La detención del joven ha generado una crisis económica y de salud en la familia, quienes no tienen recursos para afrontar los gastos médicos, el proceso judicial, ni las visitas cada semana al centro de reclusión, que superan los 30 dólares semanales.
«Él [su hijo] salió hasta la avenida, no estaba en esos momentos de desorden (…) De ahí para acá hemos tenido un gravísimo problema porque yo estoy enfermo y la mamá de él, que es mi esposa, tiene seis días en el seguro [Hospital Dr. Pastor Oropeza] por problemas de salud, entre el azúcar, la hipertensión y problemas renales», declaró Castillo, quien también señaló que la condición de su esposa ha empeorado desde la detención de su hijo.
ONG denuncia que detenidos en contexto poselectoral padecen graves condiciones de salud
Castillo explicó que tanto él como su esposa, Bersay Campos, son adultos mayores y no cuentan con empleo. A pesar de buscar opciones para cubrir los gastos médicos y legales, asegura que ha sido imposible: «Nadie me da trabajo a la edad que tengo».
La situación se agravó hace seis días, cuando debió quedarse a dormir en el Hospital Dr. Pastor Oropeza Riera, adscrito al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, para cuidar a su esposa, quien requiere medicamentos que él no puede costear.
El joven detenido, quien intentaba culminar sus estudios de bachillerato mientras trabajaba en una charcutería, era el principal sustento económico de la familia, junto a la pensión y el bono de guerra que reciben los padres.
«Quiero agradecerle al Gobierno para que nos ayuden, para ver si no los liberan, para ver si nosotros nos podemos sentir mejor y mi señora tenga la sanidad, en el nombre del Señor,» pidió Castillo desesperado.
El adolescente de 17 años está recluido en el Centro Socioeducativo Pablo Herrera Campins, ubicado en El Manzano, al sur de Barquisimeto. Es uno de los tres jóvenes que enfrentan juntos su juicio por presuntamente estar implicados en la quema de una grúa de Transbarca en la avenida Florencio Jiménez. Sin embargo, sus padres aseguran que ninguno participó en las protestas postelectorales del 29 de julio. Este 4 de diciembre se realizó la tercera audiencia de juicio.
TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR
Miles de venezolanos en las zonas más desconectadas del país visitan El Pitazo para conseguir información indispensable en su día a día. Para ellos somos la única fuente de noticias verificadas y sin parcialidades políticas.
Sostener la operación de este medio de comunicación independiente es cada vez más caro y difícil. Por eso te pedimos que nos envíes un aporte para financiar nuestra labor: no cobramos por informar, pero apostamos porque los lectores vean el valor de nuestro trabajo y hagan una contribución económica que es cada vez más necesaria.
HAZ TU APORTE
