Caracas.- La lucha de madres, hermanas y demás familiares para exigir la liberación de presos por las protestas poselectorales ha generado reacciones en el gobierno de Nicolás Maduro, afirmó el director del Observatorio Venezolanos de Prisiones (OVP) Humberto Prado.
La presión de esa lucha llevó al fiscal general, Tarek William Saab, a anunciar la revisión de 225 detenciones de las 1.976 registradas en el país, según las ONG, y se produjeron excarcelaciones, comentó Prado en entrevista con el director de El Pitazo, César Batiz.
El defensor de derechos humanos detalló que hasta la fecha hay familiares que permanecen en las afueras de los diferentes recintos penitenciarios a la espera de excarcelaciones. “Esta es la situación que hace más ruido en el gobierno de Maduro, porque ese tipo de reclamos de los allegados alcanza niveles diplomáticos y de organizaciones internacionales", explicó.
El activista hizo referencia a una publicación hecha por El Pitazo sobre la presencia de una comisión de la Corte Penal Internacional (CPI) en el país, y aseguró que están en Venezuela desde hace 15 días con el fin de brindar asesoría técnica a organismos de investigación penal. Esto se estableció en un acuerdo de complementariedad con el gobierno de Maduro en el mes de abril. En ese momento las autoridades se comprometieron a incorporar el Estatuto de Roma en el marco jurídico nacional de Venezuela.
“La asesoría se da en una situación diferente de cuando se firmó el convenio porque la CPI está en el terreno, está viendo a los familiares y lo que manifiestan diferentes organizaciones de derechos humanos. Ellos no están simplemente levantando un informe para decir que Venezuela viola derechos humanos, sino que también están fortaleciendo y viendo qué caso tomar, pero con nombre y apellido, para individualizar a las personas ", precisó Prado en la entrevista.
Llamado al defensor
Prado hizo un llamado al defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, a interponer una acción de nulidad luego de tener conocimiento de que hubo detenciones arbitrarias. Explicó que el artículo 281 de la Constitución faculta al funcionario para ejercer tal solicitud.
“Son atribuciones del defensor o defensora del pueblo velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados, convenios y acuerdos internacionales sobre derechos humanos ratificados por la República, investigando de oficio o a instancia de parte las denuncias que lleguen a su conocimiento", expresa parte del artículo.
Prado aseguró que solicitaron a las autoridades una lista que detalle la cantidad e identidad de las personas excarceladas, pero aún no se las suministran. Sobre la situación jurídica de las personas que fueron liberadas, precisó que se les imponen medidas cautelares que consisten en un régimen de presentación cada ciertos días, deben estar alejados del sitio donde fueron detenidos, no dar declaraciones y prohibición de salida del país.
Condiciones infrahumanas
El activista destaca que tanto los presos políticos como los comunes permanecen recluidos en sitios insalubres, en los que existe un gran riesgo de contraer alguna enfermedad. En los casos de detenidos que sufren de alguna condición, el riesgo a empeorar es mayor. Estas situaciones son constantemente denunciadas por el OVP.
Prado precisó que no tienen asistencia médica continua ni tampoco acceso a medicamentos. “Las condiciones de reclusión son antihigiénicas; los presos comen con las manos", precisó.
La muerte de Martínez
En la entrevista se habló de la muerte del preso político Jesús Martínez, quien sufría de diabetes tipo II y tenía un problema cardíaco. Estaba recluido en una sede policial de Lechería, estado Anzoátegui. Fue en este recinto donde le salieron abscesos en la piel.
Martínez, quien fue testigo de mesa en la elección presidencial del 28 de julio, debía someterse a un eco para corroborar si debía ser sometido a una amputación, pero el juez no firmó la orden para que lo trasladaran. Murió el 14 de noviembre.
“Los calabozos de la policía de Anzoátegui son deplorables y un detenido con diabetes en ese lugar es complicado. Ahí viene la responsabilidad del Estado, porque cuando una persona está detenida queda bajo su custodia y se vuelve el responsable de la atención integral del privado de libertad", puntualizó Prado.
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