Los representantes del Foro Penal pidieron a los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) declarar la responsabilidad del Estado venezolano por los hechos del 11 de abril de 2002 en el que murieron 19 personas y más de un centenar resultaron heridas.
En una larga audiencia pública, este miércoles 14 de octubre, los directores de la ONG venezolana Alfredo Romero y Gonzalo Himiob, en sus alegatos finales expusieron que se debe acabar el ciclo de impunidad en el país con una decisión favorable a las víctimas por este caso.
“La Corte tiene ahora la oportunidad histórica de cerrar el ciclo de violencia y de impunidad y de devolver a los venezolanos y a los ciudadanos del mundo la esperanza, la fe en la ley y la confianza en el Estado de Derecho. No la dejen pasar», dijo Romero en la jornada que se transmitió vía YouTube y en otras redes sociales de la Corte.
A lo largo de la jornada hubo testimonios de familiares de las víctimas como el caso de Mohamed Merhi y Yanfri Querales, a quienes ese día le asesinaron a su hijo y hermano respectivamente.
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Dos décadas de impunidad
También testificó la periodista y secretaria general del Colegio Nacional de Periodistas (CNP), De Valle Canelón, quien entre lágrimas respondió a preguntar de Gonzalo Himiob sobre las amenazas de las que fue víctima por parte de dos de los tiradores de Puente Llaguno, en uno de los baños del Palacio de Justicia de Caracas porque fue una de los testigos del juicio contra funcionarios de la Policía Metropolitana.
Narró cómo fue su cobertura durante la protesta, que consideró como la más grande ocurrida en el país, en la que miles de personas salieron a las calles de la capital venezolana en contra de las políticas del entonces presidente Hugo Chávez Frías.
Describió como los tiradores de Llaguno tenían el respaldo de efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana para actuar en contra de los manifestantes, así como el papel desempeñado por los Círculos Bolivarianos, los precursores de los actuales colectivos que se usaron para atacar a adversarios del chavismo en ese entonces.
“Vi a personas disparando desde Puente Llaguno contra la manifestación, no conocía a ninguno de los que estaban disparando, no conocía absolutamente a nadie, después de que pasaron los hechos sí pudimos conocer. Eran personas que apoyaban al expresidente Hugo Chávez, partidarios", destacó.
También respondió a preguntas de los jueces que le interrogaron sobre el origen de esas estructuras mientras ella narró que se formaron con el apoyo gubernamental para reprimir a manifestantes.
“Como venezolana creo que un hecho como este no puede ocurrir en nuestro país… que muera gente por pensar distinto, por una posición política que forma parte de la libertad de expresión y tiene derecho a pensar diferente", agregó en su testimonio.
Merhi dijo a los jueces que después de 24 años de la muerte de su hijo, Jesús Capote Espinoza, aún no hay responsables por su asesinato. Ambos participaron en la manifestación antigubernamental en la que su hijo resultó gravemente herido.
Pese a que llevó la denuncia ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el máximo juzgado pese a admitir el el caso posteriormente lo desestimó. Merhi manifestó que fue por una “injerencia gubernamental" para beneficiar al chavismo.