El reciente designado ministro de Exteriores y Comercio Internacional de la administración de Delcy Rodríguez, Félix Plasencia, anunció que Miraflores ha decidido retirar a Venezuela de la Corte Penal Internacional (CPI), donde hay una investigación en proceso desde 2018 por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad cometido durante la gestión de Nicolás Maduro, de la que Rodríguez fue parte.
«Por instrucciones de la presidenta encargada Delcy Rodríguez Venezuela comunicó al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, su decisión firme e irrevocable de denunciar el Estatuto de Roma e iniciar su retiro definitivo de la CPI, conforme al Artículo 127», dijo en un post de la red social X este viernes 24 de julio, cuando el país cumple un mes del doble terremoto del 24 de junio que ha dejado hasta el momento más de cinco mil fallecidos y miles de damnificados.
Entre los alegatos expuestos por Plasencia para tomar esa decisión está el que «la actuación de la Corte responde a un sesgo geográfico demostrado, que ha concentrado su labor de manera desproporcionada en países africanos y latinoamericanos, en detrimento del Sur Global».
También mantiene el mismo argumento que a lo largo de los años ha sostenido el chavismo de que la CPI se usa para instrumentalizar la justicia internacional.
«Este patrón revela una justicia internacional que, lejos de aplicarse con equidad, ha sido instrumentalizada para profundizar las desigualdades entre los pueblos y desconocer su derecho a la autodeterminación y a la soberanía», añadió Plasencia.
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CPI mantenia oficina en Venezuela
Durante la gestión de Maduro se firmaron varios memorandos de entendimiento con la Fiscalía de la CPI y se produjeron cuatro visitas de su representante, el británico Karim Khan a Venezuela. La primera de ellas del 30 de octubre al 3 de noviembre de 2021, cuando se informó en una cadena nacional que la Fiscalía había decidido pasar el proceso a una fase de investigación.
Posteriormente estuvo en marzo de 2022 y abril de 2023. En esta última fecha acordaron abrir una oficina técnica en Caracas que no tuvo mayor trabajo ante los impedimentos desde la administración de justicia venezolana.
La última se dio en abril de 2024 cuando Khan aseguró que las autoridades se habían comprometido a «incorporar el Estatuto de Roma (que da vida a la CPI) al marco jurídico venezolano». Entre otros acuerdos, Khan inaguró la oficina de la Corte Penal en Caracas, en los espacios donde funciona el Sistema de Naciones Unidas.
Ahora, Plasencia por encargo de Delcy Rodríguez anuncia el fin de esa cooperación.
«Rechazamos esta dimensión de lawfare, que perpetúa la persecución contra el pueblo venezolano y agrava las desigualdades que la justicia internacional debería corregir. Reiteramos nuestro compromiso con una justicia genuinamente equitativa, respetuosa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos», destacó.
Antes, en 2017 Venezuela anunció e inició su retiro formal de la Organización de Estados Americanos (OEA) cuando Delcy Rodríguez fue la canciller de Maduro. Ella misma informó de ese proceso en el que destacó que «nuestro retiro de esta organización no es coyuntural. Tiene que ver con la dignidad de nuestro pueblo«.
El antecedente de la OEA: Rodríguez era la canciller
Esto ocurrió cuando las grandes protestas antigubernamentales de ese año y la firme decisión de la OEA de analizar el caso venezolano llevó al chavismo a condenar y acusar a la organización hemisférica de estar al servicio de Estados Unidos, el mismo país con el que ahora el chavismo mantiene relaciones políticas, diplomáticas y económicas y que en el último mes pidió al Departamento de Justicia darle inmunidad a Rodríguez por su cargo como presidenta, que ese país reconoce, para evitar que fuese juzgada en cualquier proceso en su contra dentro de los tribunales federales estadounidenses.
Dos años después de esa petición, en abril de 2019, Venezuela se retiró formalmente de la OEA, aunque mantiene obligaciones con el Sistema Interamericano.