Una veintena de personas solicitaron este jueves 7 al gobierno de Nicolás Maduro una medida de gracia que otorgue la libertad plena e inmediata a sus familiares, detenidos tras las elecciones presidenciales del 28 de julio, que desataron protestas ciudadanas para desconocer los resultados dados por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
A las afueras del Palacio de Justicia, en Caracas, Dionexys García leyó una carta en la que se le indica a Maduro que la medida es especialmente urgente para aquellos que se encuentran en condiciones carcelarias inhumanas y también para quienes padecen de serios problemas de salud.
«Esperamos que esta medida se tome con rapidez y que podamos vivir una Navidad sin nuestros hijos tras las rejas. Le imploramos que actúe con compasión y justicia, que escuche nuestras súplicas y permita a estos jóvenes regresar a sus hogares», dijo García ante periodistas.
Además, pidió a Maduro abrir un diálogo con el pueblo venezolano, especialmente mediante las madres de los detenidos, como un espacio que conduzca «hacia la liberación satisfactoria» y sea un «avance a la construcción de la paz».
En la carta se denuncia que sus allegados fueron injustamente detenidos durante el 29 y 30 de julio, y sus casos se han caracterizado por irregularidades, como «aprehensión sin una orden judicial», «acusaciones fiscales sin base», «adopción de decisiones contra el derecho», entre otras.
Por su parte, Carola Varilla dijo que su hijo, José Manuel Robles, fue detenido el 3 de agosto tras la denuncia de alguien de la UBCh (Unidad de Batalla Hugo Chávez).
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La mujer pidió a Maduro que revise cada uno de los expedientes de los detenidos y denunció que en los penales la comida es poca y en «muchas ocasiones llega mala». Además, alertó de que en algunos penales, donde el agua llega muy poco, «a veces (los detenidos) reciben tres vasos de agua».
En la misma manifestación, Nicole Garrido afirmó que su hermano, Anthony Pérez, fue detenido el 31 de julio a pesar de que nunca estuvo en una marcha. Tanto Garrido como Varilla afirmaron que a sus allegados se les acusa de «terrorismo e incitación al odio», cargos que, según varias ONG, se le imputan a la mayoría de los detenidos tras las presidenciales, cifrados en más de 2.400, según el Ejecutivo.
La Fiscalía señala a los detenidos por generar «violencia» y «vandalismo» durante las manifestaciones, algo que desestima la mayor coalición opositora, que acusa de represión a agentes de seguridad del Estado.
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