Caracas.– Con pancartas que llevaban los nombres de los detenidos y pequeñas representaciones de barriles de petróleo, familiares de presos políticos se concentraron este lunes 1 de septiembre en la plaza Luis Brión de Chacaíto. La pregunta que daba nombre a la movilización resumía su reclamo: «¿Cuánto petróleo vale un preso político?»
Los familiares de detenidos por razones políticas caminaron desde Chacaíto hasta la sede del Ministerio del Servicio Penitenciario para exigir la ejecución inmediata de las boletas de excarcelación pendientes y la liberación de todos los presos políticos.
«No estamos en contra de las negociaciones con el petróleo, pero no podemos olvidar a nuestros presos políticos», afirmó Jessica Castro, activista venezolana y representante de la Alianza por la Libertad de los Presos Políticos.
La manifestación ocurre en medio de las negociaciones entre el gobierno de Donald Trump y las autoridades venezolanas, en las que el petróleo ocupa un lugar central. Para los familiares, los intereses económicos no pueden desplazar la situación de quienes permanecen encarcelados por motivos políticos.
«Donald Trump: usted negocia nuestro petróleo con los delincuentes que destruyen a Venezuela». se leía en una de las pancartas puestas sobre una representación de un barril de crudo.
Castro también cuestionó que el Gobierno venezolano no haya publicado una lista detallada de las personas excarceladas el pasado 14 de agosto. «No vamos a permitir que este gobierno se siga burlando de nosotros», reclamó.
De acuerdo con la organización no gubernamental Foro Penal, hasta este 31 de agosto continúan 328 personas privadas de libertad por razones políticas, de los cuales 183 son civiles y 145 militares.
«¿Quién manda aquí?»
Entre los manifestantes estaba Aranza Hernández Castillo, excarcelada el 12 de junio de 2026 después de permanecer detenida desde el 21 de noviembre de 2025.
Hernández Castillo recordó su paso por prisión y aseguró que las condiciones que enfrentan los detenidos incluyen hambre y torturas. «Nos duele cada cosa que nos hacen en esos centros de tortura. Yo lo viví», expresó.
La joven fue detenida junto con su hermana Samantha, de 16 años, y su tío Henry Castillo, debido a su parentesco con el primer teniente Christian Hernández, acusado de rebelión. Organizaciones defensoras de derechos humanos calificaron el caso como una represalia colectiva contra familiares de militares señalados por ese delito.
Samantha obtuvo la libertad recientemente, mientras que Henry Castillo continúa detenido.
«Cada vez que vamos a tribunales nos hablan de que siguen reglas, entonces, ¿quién manda aquí?», cuestionó Hernández Castillo durante la protesta.
A las puertas del Ministerio del Servicio Penitenciario también permanecían familiares que exigían la libertad de los presos políticos. Pedían, además, respeto a los derechos humanos y el cese de las torturas dentro de los centros de reclusión.
Revisión de expedientes
Naiyuth Maluenga, hermana de Alexander José Maluenga, detenido desde hace casi dos años por el caso denominado Operación Trueno, pidió al Estado revisar el expediente de su hermano.
Maluenga alertó que su hermano padece varias patologías que, según explicó, agravan su situación en el centro de reclusión donde permanece.
María Altagracia Vásquez, familiar de otro detenido por el caso Operación Trueno, también reclamó una revisión individual de los expedientes.
«Exigimos que revisen los casos de cada uno de nuestros familiares. Sabemos que son torturados, que no reciben buena alimentación y ya esto es inaguantable», afirmó.
La protesta no terminó con la llegada de los familiares al ministerio. Castro logró ingresar a la institución junto con otros representantes de presos políticos y exigió ser recibida por el ministro del Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa. Advirtió que no abandonaría el lugar sin obtener una respuesta.
Mientras dentro del ministerio esperaban ser atendidos, afuera continuaban las pancartas con rostros y nombres de personas encarceladas.
Para los familiares, detrás de cada cifra hay una historia y una familia que lleva meses o años esperando. Por eso insistieron en que cualquier negociación económica o petrolera debe incluir también una respuesta a quienes permanecen tras las rejas por razones políticas.