Caracas. El caso conocido como la masacre de Barlovento volvió a cobrar visibilidad tras la publicación del segundo episodio de Archivo Increíble, un programa de formato documental de El Pitazo dedicado a reconstruir historias de la Venezuela contemporánea que, pese al paso del tiempo, mantienen interrogantes abiertos.
En el episodio, disponible en YouTube y titulado “Los 9 crímenes que Venezuela nunca logró explicar", se incluyó el caso de Barlovento entre los expedientes presentados por el programa como casos de impunidad, misterio y tragedia.
Casi diez años después de la operación militar en la que fueron asesinados 12 jóvenes, la revisión periodística volvió a poner el foco sobre una diferencia clave: Barlovento sí tuvo una investigación penal, militares acusados y condenas, pero la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela de Naciones Unidas, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), señaló que no encontró información que indicara que la responsabilidad de los mandos militares superiores hubiera sido investigada.
“En lo que respecta a casos emblemáticos de redadas masivas y ejecuciones (como los patrones documentados en operativos militares), la Misión tiene motivos razonables para creer que la responsabilidad por las violaciones y los delitos cometidos trasciende a los ejecutores directos, evidenciando una falta de voluntad real para investigar a los altos mandos que diseñaron y toleraron las operaciones", ha reiterado el grupo de expertos de la ONU al presentar actualizaciones de la situación de derechos humanos en Venezuela, incluido el caso Barlovento.
La llamada masacre de Barlovento ocurrió en noviembre de 2016, cuando 12 hombres fueron detenidos durante un operativo militar y posteriormente aparecieron muertos; sus cuerpos fueron hallados en una fosa común en el sector Aragüita, municipio Acevedo, estado Miranda.
Pero detrás de ese expediente estaban los nombres de 12 jóvenes, según la documentación internacional, basada en información dada por el Ministerio Público y entrevistas a ONG y víctimas: Anthony Jesús Vargas Pérez, de 19 años; Héctor Óscar Rodríguez Piñate y Víctor Manuel Martínez Olivares, ambos de 20; Carlos Gabriel Marchena Silva, de 20; Freddy Manuel Hernández Ramírez, de 21.
También se confirmó las identidades de Eliezer Justarlis Ramírez Cordero y Yorman Vicente Mejías Martínez, de 22; Antonio Miguel Aladejo Camacho, de 27; Kendri Xavier González Utrera y Jairo Antonio Rivas Salcedo, de 28; Denny Antonio Acevedo Vaamonde y Luis Alirio Sanz Espinoza, ambos de 30 años. El listado y las edades constan en el informe detallado de la Misión de la ONU, basado en información proporcionada por la Fiscalía General de la República hasta 2018 y en entrevistas con víctimas y defensores de derechos humanos.
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Justicia y seguimiento
El programa presentó el caso dentro de una selección que también destacó las contradicciones alrededor del fallecimiento del rapero y compositor venezolano Tirone González, más conocido como Canserbero; la muerte de Renny Ottolina; el secuestro de los llamados “niños bien"; la masacre de El Amparo y otras investigaciones que el espacio aborda desde una perspectiva de archivo y seguimiento.
Un informe del Ministerio Público, fechado en febrero de 2017, al que tuvo acceso El Pitazo tras la publicación del episodio, establece que 12 integrantes del Batallón 323 Caribe “José María Camacaro Rojas" fueron acusados por su participación en los hechos y que para entonces permanecían detenidos preventivamente.
El documento confirma que la investigación venezolana incluyó diligencias forenses y la identificación de los cuerpos, además de actuaciones destinadas a determinar las circunstancias de las muertes.
La pesquisa fue conducida desde el Ministerio Público por un equipo coordinado por Zair Mundaray, entonces director general de Actuación Procesal, con participación de fiscales, expertos en criminalística y profesionales forenses. El trabajo contó además con el apoyo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), con la participación de su director, Douglas Rico, y funcionarios del Servicio Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
A raíz del episodio de Archivo Increíble, Mundaray relató a El Pitazo que la investigación encontró resistencia dentro de un sector militar. Según contó al medio, cuando se dirigía hacia El Café, uno de los poblados de Barlovento donde se desarrollaron las diligencias, fue interceptado por militares que intentaron impedir el avance de la investigación y le apuntaron con sus armas de reglamento.
“Ese caso fue particularmente duro, porque Vladimir Padrino (entonce ministro de Defensa) decía que que yo era enemigo de la Fuerza Armada, que por eso los intentaba culpabilizar. Hasta eso me apuntaron con un arma yendo para El Café, y querían bajarme del carro, que me identificara. Mientras Douglas Rico venía atrás con un testigo que habíamos conseguido", relató el exfiscal.
Este hecho aporta otro elemento a la reconstrucción del caso: la investigación no solo tuvo que determinar qué había ocurrido con los jóvenes detenidos, sino que también se desarrolló en medio de tensiones con integrantes de la propia estructura militar involucrada en la operación.
Con todo, la investigación venezolana ayudó a identificar y procesar a militares por su participación en los hechos. Sin embargo, el alcance de ese proceso es precisamente uno de los puntos que la Misión de la ONU examinó. Para el organismo, una acusación no equivale a una condena, y una condena tampoco demuestra, por sí sola, que todas las responsabilidades hayan sido investigadas.
En 2020, la Misión de la ONU pudo verificar que dos de los acusados recibieron una condena de 22 años, nueve meses y 15 días de prisión. La Fiscalía apeló esa decisión y solicitó una pena de 26 años, entre otros argumentos, porque los dos habían confesado su participación.
Esos son los hechos judiciales que la documentación disponible permite establecer. Lo que no permite establecer el informe de 2017 es qué ocurrió después con cada uno de los 12 acusados ni que todos ellos hayan recibido una sentencia condenatoria definitiva.
La investigación venezolana y el alcance de las acusaciones
El expediente del Ministerio Público describe una operación militar en la que fueron detenidos 12 hombres que días después aparecieron muertos. La investigación también registró otros detenidos que fueron liberados.
De acuerdo con la reconstrucción citada por la ONU, al menos otros siete hombres fueron detenidos y luego liberados después de haber denunciado torturas. La Misión concluyó que existían motivos razonables para considerar que durante la operación se produjeron detenciones arbitrarias, torturas, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas.
“Con base en los hechos mencionados, la Misión tiene motivos razonables para creer que se cometieron detenciones arbitrarias, actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas contra los doce hombres mencionados. Soldados pertenecientes al Batallón Caribeño 323 “José María Camacaro Rojas" de la FANB estuvieron involucrados en estas violaciones. Otros cinco jóvenes seguían desaparecidos en el momento de redactar este informe", resaltó la Misión de la ONU en las conclusiones de su informe.
Es importante precisar el alcance de esta conclusión. No se trata de una afirmación procedente de una organización política ni de una interpretación periodística: corresponde a la Misión Internacional Independiente creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas para investigar la situación de los derechos humanos en Venezuela.
El expediente venezolano, mientras tanto, demuestra que las autoridades sí identificaron a presuntos autores y los sometieron a un proceso penal. La investigación identificó a militares de distintos rangos, desde oficiales superiores del batallón hasta personal subalterno, pero no estableció judicialmente responsabilidades por encima de ese nivel.
Es decir, para la ONU la investigación no esclareció toda la estructura de responsabilidades.
Los 12 militares señalados en el proceso fueron el teniente coronel José Ángel Rojas Córdova; el mayor Luis Eduardo Romero Arcia; el capitán Daniel Rafael Contreras Primera; el sargento mayor Miguel Francisco Rodríguez Rodríguez; los sargentos primeros Orlando José Mosegui Barrios, Rafael Luis Acevedo Galanton, Luis Ramón Figuera Salazar, Francisco José Rivas Salazar y Ronny José Antón Antón; los cabos segundos Arquímedes José Aguey y Luis Eduardo Machado Márquez, y el cabo primero Fabián de Jesús Rangel Rangel.
La relación de nombres y rangos aparece en la documentación sobre el caso recopilada a partir de las actuaciones del Ministerio Público y examinada por la Misión.
El Ministerio Público documentó la investigación contra los militares acusados. La ONU examinó además si esa investigación había alcanzado a quienes ocupaban posiciones superiores dentro de la cadena de mando.
La pregunta que la ONU dejó sobre los superiores
La conclusión más relevante de la Misión aparece precisamente en ese punto. Tras examinar la información disponible, la ONU señaló que “no encontró información que indicara que la responsabilidad de los comandantes superiores hubiera sido investigada".
La afirmación, insistieron los expertos del organismo multilateral, no equivale a una sentencia contra esos superiores ni sustituye una decisión judicial. Sí establece, sin embargo, cuál fue el límite que la investigación internacional encontró en el expediente que pudo examinar.
La ONU consideró que la eventual responsabilidad no necesariamente terminaba en los 12 integrantes del Batallón 323 identificados como autores directos. Según la Misión, existían elementos para examinar la actuación de funcionarios situados por encima de ellos.
Entre ellos mencionó a Vladimir Padrino López, entonces ministro de Defensa; José Adelino Ornelas Ferreira, jefe de la REDI Capital; Oswaldo José Aquino Laón, representante del CEOFANB en Miranda, y Pedro Luis Álvarez Bellorín, jefe de la ZODI Miranda.
La atribución debe hacerse con precisión: la Misión no sostuvo que esos funcionarios hubieran sido condenados por las muertes ni que un tribunal hubiera establecido su culpabilidad penal. Su conclusión fue que existían motivos razonables para considerar que sabían o debían haber sabido de las violaciones cometidas y que no adoptaron medidas para prevenirlas o castigarlas.
El informe añadió otro elemento que consideró significativo: la ausencia de información sobre una investigación contra los oficiales situados por encima de los acusados y el hecho de que el comandante del Batallón 323 hubiera sido posteriormente condecorado.
El expediente sigue teniendo un punto ciego
La otra pieza del seguimiento está en 2020. La Misión de la ONU solicitó al Gobierno venezolano información actualizada sobre el estado del proceso judicial. Según su informe, no recibió información suficiente para determinar qué había ocurrido luego con todo el procedimiento.
Ese vacío impide presentar el caso como completamente cerrado únicamente a partir del expediente de 2017.
Tampoco permite afirmar cuál fue el desenlace definitivo de cada uno de los procesos, qué ocurrió con las apelaciones y si se investigó judicialmente la responsabilidad de los superiores mencionados por la Misión.
La propia Misión situó Barlovento dentro del contexto más amplio de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP). En su evaluación general sobre Venezuela, concluyó que existían motivos razonables para considerar que numerosas violaciones documentadas formaban parte de un ataque generalizado y sistemático contra población civil, en cuyo contexto se habían cometido crímenes de lesa humanidad.
La conclusión de la ONU sobre crímenes de lesa humanidad se refiere al patrón más amplio analizado por la Misión. No equivale a afirmar que cada uno de los hechos de Barlovento, tomado aisladamente, haya sido declarado por la ONU como un crimen de lesa humanidad.
A septiembre de 2026, con la información pública incorporada al expediente que aquí se examina, no aparece una actualización que permita afirmar que la cuestión planteada por Naciones Unidas sobre la cadena de mando haya sido definitivamente resuelta.
El interés renovado por el caso, por tanto, vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que no nace del programa audiovisual, sino de los propios documentos internacionales: qué ocurrió después con la investigación y si las responsabilidades llegaron más allá de los militares procesados.