Caracas.- Familiares de los detenidos en el contexto de las protestas poselectorales están recibiendo amenazas de las autoridades por dar a conocer las condiciones de reclusión de sus parientes y las irregularidades que se cometieron durante el proceso de captura, según denunciaron a El Pitazo.
“El director del penal me dijo que con protestar lo único que ganaba era que se retrasara el proceso de excarcelación de mi hijo", reveló la madre de un preso político que estaba en el penal Yare III, en los Valles del Tuy, estado Miranda, y fue trasladado a Tocuyito, estado Carabobo.
En su opinión, la protesta es la única vía que han encontrado “para que se sepa, a nivel internacional, que en Venezuela se violan derechos humanos y por ello no podemos callar".
“(…) la detención de todas estas personas es ilegal; se cometieron excesos, fueron torturadas y humilladas. A esto se suma que, una vez trasladadas a una cárcel, reciben poca comida y sin los nutrientes necesarios", dijo la mujer, este 16 de diciembre.
La declarante indicó que su hijo, de 22 años, detenido en el estado Anzoátegui el 29 de julio, ha rebajado al menos 5 kilos en 3 meses y presenta un cuadro de ansiedad y depresión.
La esposa de otro hombre que permanece en la cárcel de Tocorón, en el estado Aragua, también se hizo eco de esta denuncia. Según indicó a El Pitazo, en la última visita familiar su pariente fue bastante parco.
“Me dijo que los vigilan para evitar que hablen más de la cuenta; allá adentro los amedrentan para que no nos cuenten lo que sucede. Los amenazan con suspender las visitas o con retrasar sus procesos judiciales", señaló.
El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) igualmente denunció: “Continúa el terrorismo de Estado en Venezuela". La organización hizo referencia en sus redes sociales a que los privados de libertad en Tocorón “han sido maltratados, castigados y hasta les han negado alimentos por haber informado la situación de Carlos Valecillos", preso político que intentó suicidarse.
El Pitazo también conoció que a las madres de menores excarcelados en Caracas les hicieron firmar un documento donde se comprometen a no asistir a protestas ni hablar con otras madres de detenidos. Además, las obligaron a grabar un vídeo en el que aseguran que sus hijos no fueron maltratados.
Estrategia de intimidación
En opinión del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) “esta represión responde a una preocupante estrategia de intimidación por parte del régimen".
“Bajo amenazas directas, se les exige a los familiares que no hablen con la prensa ni con organizaciones de derechos humanos, que no graben videos ni realicen denuncias públicas por redes sociales, y que eviten enviar cartas a otros familiares", señaló la Organización no Gubernamental (ONG), a través de un boletín de prensa.
Según el OVP, a estas acciones “se suma una narrativa promovida por el régimen, que busca deslegitimar cualquier crítica o denuncia, acusando a las familias y organizaciones de formar parte de un supuesto plan para desestabilizar el país de cara al 10 de enero. Esta fecha, clave en el calendario político, ha sido utilizada como pretexto para justificar la represión y silenciar voces disidentes".
El director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), Humberto Prado, destacó que “el miedo impuesto a los familiares no solo busca evitar que las denuncias lleguen a la comunidad internacional, sino también consolidar la narrativa oficial que presenta al régimen víctima de una conspiración. Este doble propósito permite al Estado justificar la represión y mantener el control, mientras las familias y sus hijos continúan vulnerados".
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