Caracas.- El caso de una joven con seis meses de embarazo y antecedentes de epilepsia destaca entre los detenidos en el contexto postelectoral del estado Guárico quienes, este 11 de octubre, pasaron a fase de juicio en una audiencia cerrada vía telemática con defensa pública, según denunció la ONG Fundehullan.
«Recordamos que según el artículo 43 CRBV (de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela), el Estado es responsable de la salud y la vida de las personas privadas de libertad», dice la organización defensora de los derechos humanos de Los Llanos en una publicación en la red social X (antiguo Twitter).
Hace tres días, Fundehullan también denunció que un adolescente detenido arbitrariamente en Calabozo tras estas protestas pasó a fase de un juicio sin pruebas ni acceso a la defensa privada.
El pasado mes de agosto, el gobernador de Guárico, José Vásquez, informó que 62 personas fueron detenidas en la entidad en el marco de las protestas postelectorales, entre ellas menores de edad. El 31 de agosto la organización informó que ocho adolescentes de esta entidad fueron excarcelados con medidas de presentación.
Familiares de los detenidos: el Gobierno solo nos ha respondido que son fascistas y traidores
En Tocorón hacen audiencias de madrugada
El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que en la cárcel de Tocorón, ubicada en el estado Aragua, realizan audiencias telemáticas que inician a medianoche o en la madrugada, pese a que algunas estaban pautadas para después del 15 de octubre.
Los familiares de los detenidos consultados por esta organización, detallan que no recibieron notificación previa sobre el adelanto de las audiencias preliminares, las cuales se realizan en las instalaciones del penal.
De acuerdo con la organización, en la cárcel de Tocorón hay 952 presos políticos quienes escuchan repetidamente la frase: “Por terroristas se van a pudrir en la cárcel".
En medio de esas audiencias, un juez también ordenó el pase a juicio de cuatro jóvenes del estado Portuguesa, investigados por el derribo del monumento Indio Coromoto en Guanare, en el marco de la protesta postelectoral presidencial del 29 de julio.
“Los han estado coaccionando para que admitan los hechos, pero ellos están muy claros: nadie puede declararse culpable de un delito que no ha cometido y que tampoco tienen pruebas", expresan los familiares de los detenidos al Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
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