La abogada Maurelys Vílchez, quien se desempeñaba como jueza superior penal provisoria de la Corte de Apelaciones del Palacio de Justicia de Maracaibo, estado Zulia, enfrenta hoy una crisis de salud en el Centro de Formación Penitenciario Femenino La Crisálida, ubicado en Los Teques, estado Miranda. Su único riñón está comprometido, lo que le ha provocado una edematización generalizada, crisis hipertensivas severas, infecciones urinarias y múltiples dolores articulares.
A este cuadro físico se suman episodios de ansiedad y depresión por el encierro. Sus allegados temen el peor desenlace y recuerdan con angustia el caso de Fabiana Páez (39), la privada de libertad que falleció el pasado 2 de junio por falta de atención médica oportuna.
La situación de la abogada está marcada por retraso procesal, falta de información y graves violaciones a sus derechos humanos desde el primer día, dijeron sus parientes a El Pitazo.
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Vílchez fue detenida el 20 de noviembre de 2024 en el Palacio de Justicia de Maracaibo, estado Zulia. Las autoridades la vincularon al operativo político denominado «No a la Navidad».
Tras su arresto, fue víctima de desaparición forzada. No fue sino hasta febrero de 2025 cuando sus familiares lograron conocer que se encontraba en la sede de la Dirección General de Contra Inteligencia Militar (Dgcim) en Boleíta, Caracas, donde se le negó cualquier tipo de contacto. Posteriormente, en enero de 2026, fue trasladada al Centro Penitenciario La Crisálida. Allí recibió su primera visita familiar 15 meses después de haber sido detenida.
Trayectoria de 25 años
Los parientes de Maurelys Vílchez defienden firmemente su inocencia y destacan su intachable trayectoria de 25 años de carrera en el Poder Judicial, condición que incluso la hacía merecedora de su jubilación.
Su familia apela a la justicia y la misericordia. Exigen que se le otorgue de forma inmediata una medida humanitaria ante la negativa de amnistía y la falta de respuesta a otros recursos que han interpuesto en los tribunales.
Advierten que en su actual sitio de reclusión no existen las condiciones mínimas de salubridad, alimentación ni tratamiento médico especializado para preservar su existencia, «por lo que las autoridades competentes deben actuar de emergencia antes de que otra vida inocente se apague tras las rejas».
«Plan de la oposición»
El caso de Vílchez cobró notoriedad pública luego de que el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, denunciara a través de la señal de VTV el presunto plan de la oposición denominado «No a la Navidad».
Según las declaraciones oficiales, este operativo supuestamente pretendía «atacar» las fiestas decembrinas iniciando en el estado Zulia, mediante una red que presuntamente captaba a empresarios, militares, fiscales y jueces con el fin de entregar armas y explosivos a privados de libertad.
En dicha transmisión, el ministro vinculó al empresario José Enrique Rincón y a sus hijos con sectores opositores en el extranjero. Aseguró que la red ya estaba identificada y operativa en tres estados del país.
Por este mismo hecho, además de la jueza Maurelys Vílchez, las autoridades detuvieron a Pedro Velasco Prieto, presidente del Circuito Judicial Penal del estado Zulia, a la jueza Maryorie Plazas, y a los ciudadanos Francisco Javier Urdaneta y José Gregorio Rondón Muñoz.
La familia insiste en que Vílchez es ajena a estos señalamientos y que su reclusión actual es una sentencia de muerte debido a su crítico estado de salud.
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