El médico de guardia del Hospital Victorino Santaella de Los Teques le aseguró a la madre de la privada de libertad Fabiana Desirée Páez Fernández (39) que la paciente estaba estable. «Ella tiene que aprender a respirar sola», le dijo el 2 de junio mientras la familia suplicaba que no la dieran de alta debido a la gravedad de sus síntomas y el riesgo de enviarla de regreso a un calabozo.
Días antes, la jueza Jenny Hernández, titular del Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Ejecución del Circuito Judicial Penal del estado Miranda, había negado una medida humanitaria con el mismo argumento: “Fabiana Desirée no tiene ninguna complicación de salud».
De esa forma, tanto en el hospital como en el tribunal ignoraron una trombosis pulmonar y un mioma severo que le producía hemorragias constantes a la detenida.
A las 10:00 p.m. de ese mismo 2 de junio, la familia de la detenida recibió la llamada que temía: Fabiana Desiré había muerto. Su caso expone la negligencia de un Estado que ignoró su enfermedad hasta dejarla morir y pone al descubierto el final que enfrentan los presos con cuadros de salud graves cuando se les niega un beneficio.
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Trabajaba como delivery
La tragedia de Fabiana comenzó mucho antes de que dejara de respirar. Hasta el 28 de octubre de 2024, trabajaba como delivery y vivía con su familia en el sector El Paso de Los Teques, en el estado Miranda.
Su situación cambió cuando las autoridades la detuvieron tras acusarla de intentar meter objetos prohibidos al Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF).
Su madre Maritza Fernández niega el señalamiento y asegura que su hija ni siquiera llegó a entrar a esa cárcel. Por el mismo caso arrestaron a un guardia nacional y a dos custodios. A Fabiana la imputaron por agavillamiento y asociación para delinquir.
A partir de ese arresto, el castigo fue también el aislamiento. Sus primeros 19 meses de encierro transcurrieron en el comando de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) de Puerta Morocha, en Las Tejerías, estado Aragua. En ese lugar, lejos de su casa, estuvo confinada en una celda pequeña, sucia y con mal olor.
Un traslado repentino
El pasado 5 de mayo las autoridades trasladaron a Fabiana, de forma repentina, al Centro de Formación para Procesadas Femeninas «La Crisálida», en Los Teques.
Su gravedad era tan evidente que la directora del centro penitenciario se negó a recibirla en esas condiciones, según contó su mamá a El Pïtazo. Ante el rechazo, tuvieron que llevarla de urgencia al Hospital Victorino Santaella.
Fabiana ingresó con la hemoglobina en 4, un nivel crítico provocado por las hemorragias constantes que le causaba un mioma de 30 centímetros en el útero. Estuvo hospitalizada tres días; los médicos la transfundieron, lograron subirle la hemoglobina a 7 y la enviaron de vuelta a La Crisálida.
Al día siguiente de su retorno al penal, Fabiana empezó a ahogarse. Presentó un cuadro respiratorio grave, pero el personal de la cárcel no quiso dar el permiso para sacarla a un centro de salud. Desesperada, su familia tuvo que acudir directamente al tribunal para solicitar una autorización de urgencia. Con la orden del juez, lograron que la evaluaran de nuevo y el diagnóstico médico fue severo: tenía una trombosis pulmonar.
Estuvo 15 días internada en el Victorino Santaella y la regresaron a La Crisálida. En la cárcel pasó una semana entera lidiando sola con la falta de aire. Durante esos días, las autoridades mantuvieron a su madre a oscuras, sin darle información. La única alerta llegó a través de una llamada corta que le permitieron hacer a Fabiana. En el contacto, le comunicó a su madre la urgencia de realizarse una hematología.
Preocupado por su estado, el papá de Fabiana acudió a La Crisálida junto a una defensora pública para exigir que la hospitalizaran. Cuando llegaron al penal, el 2 de junio, se encontraron con que ya la iban sacando en una ambulancia, custodiada por tres guardias nacionales y una custodia.
Fue en este último ingreso al hospital donde el médico de guardia desestimó su agonía y ordenó devolverla a la cárcel tras nebulizarla. A pesar de que casi no podía respirar y de que su madre le imploró al médico tratante que no le firmara la salida porque su hija corría peligro de muerte, el doctor ignoró la advertencia.
“Le supliqué al doctor Simón Cuello que no le diera de alta. Le rogamos que la dejara esa noche para buscar un neumólogo que la examinara al día siguiente, pero no me escuchó", dijo a El Pitazo.
Los guardias nacionales y la custodia no esperaron una ambulancia equipada; se la llevaron de regreso a La Crisálida en un carro particular, sin oxígeno, argumentando que estaban apurados y tenían que irse rápido. Minutos después, Fabiana murió.
“No sé si murió en la cárcel o en el carro donde la trasladaron", confiesa su madre.
Sin respuestas ni apoyo institucional
Las dudas de la familia aumentaron en la funeraria. Mientras preparaban el cuerpo de Fabiana, sus parientes notaron que tenía un golpe visible en la frente y raspones en la rodilla. De esas lesiones ninguna autoridad les dio explicación.
“Nadie nos da información de cómo murió, tampoco me quisieron entregar sus pertenencias. No tuvimos apoyo de la fiscalía ni de la defensoría, nadie nos tendió la mano", denunció la madre.
La familia responsabiliza directamente por esta muerte al médico del Hospital Victorino Santaella que firmó el alta prematura, a los guardias nacionales que presionaron para sacar rápido a Fabiana del centro de salud por estar apurados y al sistema judicial que ignoró las pruebas de su enfermedad hasta que fue demasiado tarde.