Germán León, esposo de la abogada y exjueza suplente superior de la Corte de Apelaciones del Palacio de Justicia del estado Zulia, Maryorie Plazas Hernández, exigió la libertad plena de su cónyuge y denunció que el proceso penal en su contra fue “montado" como represalia por decisiones adoptadas en el ejercicio legítimo de sus funciones judiciales.
A Plazas Hernández (45) la detuvieron el 20 de noviembre de 2024 en el circuito judicial de Maracaibo. Actualmente permanece recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Los Teques, estado Miranda. La fiscalía la imputó por los delitos de terrorismo, asociación para delinquir y omisión de funciones.
Por este mismo expediente también están privados de libertad la jueza titular Maurelys Vílchez Prieto, el expresidente del Circuito Judicial Penal del Zulia, Pedro Velasco Prieto, el fiscal superior del estado, José Gregorio Rondón Muñoz y el fiscal quinto, Francisco Javier Urdaneta.
Según los testimonios de familiares y de la defensa pública, las detenciones se produjeron después de que los tres miembros de la Corte de Apelaciones dictaran una decisión unánime: la nulidad de oficio de una causa penal debido a la inactividad del Ministerio Público. La fiscalía había omitido diligencias esenciales para esclarecer los hechos, por lo que el expediente fue devuelto para subsanar las fallas investigativas, afirman.
“Mi esposa es una mujer intachable, temerosa de Dios. Nunca han presentado una sola prueba que la involucre en un hecho irregular", afirmó León.
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Relató además la precariedad económica que afecta al personal judicial, al punto de que la exjueza vendía blusas dentro del tribunal para ayudar con los gastos del hogar.
Retardo procesal
Organizaciones de derechos humanos, abogados y familiares han alertado sobre el trasfondo político de estos arrestos y sobre las condiciones de reclusión en los centros penitenciarios de Los Teques.
León, quien debe viajar desde el interior del país una vez al mes para poder visitarla, expresó su preocupación por la violación de los lapsos procesales y el retardo que mantiene paralizada la causa.
Los familiares de Plazas Hernández reiteraron el llamado al Tribunal Supremo de Justicia y a organismos internacionales de protección de derechos humanos para que revisen el expediente con urgencia.
Exigen una medida humanitaria de libertad inmediata para los funcionarios detenidos, quienes —según sostienen— están tras las rejas por haber cumplido con su deber y actuar conforme a las leyes venezolanas. El papá de la detenida murió la noche del 27 de julio, sin cumplir su sueño de verla en libertad. «Dios tenga piedad de quienes le hicieron tanto daño a nuestra familia», dijeron los allegados.
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