Exar Javier Castillo Reyes suma casi 200 días preso y enfermo en un calabozo del Destacamento 411 de la Guardia Nacional en Naguanagua, estado Carabobo. Su familia no cesa en la exigencia de libertad plena y el otorgamiento de una medida humanitaria de excarcelación por razones de salud. Castillo Reyes tiene diagnóstico médico de diabetes mellitus, ahora agravado por hipertensión arterial crónica.
Castillo Reyes fue arrestado, junto a Juan Carlos Rodríguez, el 28 de julio de 2024 en la Escuela Campo de Carabobo, al solicitar al Plan República el ingreso de los testigos acreditados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) al centro de votación.
A ambos hombres, de 53 años, se los acusa de terrorismo, incitación al odio y obstaculización de vías. La autoridad militar alegó que Castillo Reyes y Rodríguez participaron en una protesta contra el resultado electoral presidencial en Campo Carabobo.
En Campo Carabobo, a las 2:00 a.m. del 29 de julio, la comunidad salió a la calle y rechazó, con un trancón en la Autopista Regional del Centro (ARC), que no se permitiera a los testigos de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) presenciar el escrutinio. A esa hora, ya los dos ciudadanos estaban presos, contó a El Pitazo Marianela Bazán, esposa de Exar Javier Castillo Reyes.
Las peticiones de Bazán van más allá de exigencias públicas. Ella ha introducido documentos que prueban la condición de salud de su esposo en la Defensoría Pública, en Caracas y Valencia. Asimismo, en la Fiscalía General de la República, en la ciudad capital.
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El martes 21 de enero, en ocasión de una exigencia pública de amnistía general de presos políticos que realizó la coalición del chavismo disidente Frente Democrático Popular (FDP), Marianela Bazán introdujo ante el despacho del fiscal general, Tarek William Saab, una revisión del caso de salud de Castillo Reyes. «Ya a mi esposo se le nota el desgaste físico. Le están pegando el hacinamiento, la falta de sol y de actividad física», advirtió Bazán.
Según Bazán, su esposo no tiene atención médica. «Él convive con unos 20 presos en un calabozo muy reducido, de 3×2 metros, que no permite movilidad suficiente, sin ventilación ni entrada de sol. La única garantía que tiene es recibir comida, hecha en casa».
Marianela Bazán aspira a que el fiscal general le responda, aunque se prepara para otro viaje a Caracas. «Esta semana que viene voy a introducir nuevamente los informes médicos en el Ministerio Público, yo no me voy a rendir», aseguró.
Bazán está angustiada. Por falta de ejercicio físico y de sol, su esposo presenta dolores articulares, «que empeoran porque duerme en el piso». Toda esta situación le produce alergias y lesiones en la piel, lo que a largo plazo puede traer consecuencias irreversibles. «Eso es lo que quiero evitar porque la diabetes mellitus es una enfermedad delicada y de mal pronóstico si no la atendemos integralmente», indicó.
90 presos políticos en Tocuyito
Al menos 90 presos políticos, detenidos en el contexto de la protesta poselectoral, aún permanecen en el Complejo Penitenciario Carabobo o penal de Tocuyito, ubicado en el municipio Libertador.
Las últimas excarcelaciones en este centro de reclusión ocurrieron el viernes 17 de enero de 2025, cuando 50 ciudadanos salieron a solicitud del Ministerio Público (MP), sin que sus familiares fuesen notificados.
“Los trasladaron al terminal de pasajeros Big Low Center, en el municipio San Diego, sin proporcionarles recursos económicos, como ocurrió con las excarcelaciones de finales del año pasado. Entre las condiciones: que no declararán a los medios de comunicación, no tomarán fotografías ni realizaran videos que pudieran ser publicados a través de las redes sociales", reseña la oenegé Una Ventana a la Libertad.
Cifras oficiales de presos políticos
Cifras oficiales emanadas del Ministerio Público indican que tras las elecciones del 28 de julio, en Venezuela fueron detenidas más de 2.400 personas — terroristas, según el MP—, la mayoría durante protestas en rechazo a la reelección que el CNE otorgó a Nicolás Maduro, quien juró como presidente ante la Asamblea Nacional el 10 de enero, para el período 2025-2031.
Recientemente, el fiscal general, Tarek William Saab, reportó que 1.515 personas han sido excarceladas con medidas cautelares. Su despacho y el Gobierno afirman que en el país no hay presos políticos, sino personas que cometieron delitos.
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