Caracas.- La Asamblea Nacional oficialista aprobó el jueves la denominada Ley Libertador Simón Bolívar, un «instrumento legal» con el que la élite gobernante que encabeza Nicolás Maduro busca ejecutar medidas contra cualquier factor político, principalmente de la oposición mayoritaria o de la sociedad civil que respalde las sanciones contra la coalición.
La denominada Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela contiene 23 artículos que se establecen una serie de medidas que, de hecho, el Gobierno ya aplica: la inhabilitación política, la expulsión de extranjeros y la aplicación de la extinción de dominio y multas millonarias para sancionar a medios de comunicación tradicionales y digitales.
El jueves, horas después de su aprobación en el Parlamento chavista, Maduro calificó de institucional la ley aprobada por el oficialismo y la reafirmó en respuesta a la medida ejecutada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que aprobó el 19 de noviembre la llamada ley Bolívar, con la que demócratas y republicanos buscan prohibir relaciones comerciales entre EE. UU. y la administración oficialista.
El director del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno de la Universidad Católica Andrés Bello (CEPyG-UCAB), Benigno Alarcón, considera que la aprobación de la ley en el Parlamento oficialista es un paso más en los intentos gubernamentales por neutralizar a la oposición liderada por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia e incidir en otros actores en el contexto político-social.
«La ley puede terminar teniendo un efecto más preventivo hacia otros actores que no se han pronunciado o que no han hecho nada y que pretenden seguir haciendo vida política, independientemente de las circunstancias que vive el país», indicó Alarcón a El Pitazo vía telefónica.
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El politólogo cree que la legislación busca coaccionar a algunos actores para que no se sumen a la exigencia de sanciones contra el oficialismo frente a la crisis de legitimidad que se agudizará a partir del 10 de enero si Maduro se juramenta presidente electo, pese a que los resultados de la elección del 28 de julio no lo favorecieron.
«Va más por ese lado: prevenir, coaccionar a algunos actores para que no se pronuncien, que no se unan a este tipo de iniciativas y a partir de ahí tratar de aislar y dejar solos a quienes buscan los apoyos que en este momento realizan María Corina Machado, el comando Con Venezuela, Edmundo González y la Plataforma Unitaria Democrática. Es un intento por convertirlos en unos parias políticos. Esta nueva ley trata de formalizar las consecuencias tras el 28 de julio«, agregó Alarcón.
Cierra espacios para una transición
El jueves, en uno de sus programas semanales, Maduro dijo que con la Ley Libertador Simón Bolívar el oficialismo busca «establecer los límites de lo que es una actitud vende patria de un pequeño sector que hace política dentro del país, que pretende desestabilizar, buscar un golpe de Estado».
El profesor universitario de Ciencia Política y especialista en opinión pública, José Vicente Carrasquero, resalta que la Ley Libertador Simón Bolívar responde a los intereses de la coalición de gobierno y «cierra aún más los espacios para una transición democrática» en Venezuela.
«Esta ley se aprueba en un momento crítico, en el que Venezuela enfrenta un creciente aislamiento internacional y una crisis de legitimidad interna debido a las denuncias de fraude electoral, la persecución de opositores y la constante violación de los derechos humanos. Con esta medida, el régimen busca no solo blindarse frente a presiones externas, sino también enviar un mensaje de intimidación a quienes aún luchan por un cambio político en el país», argumentó Carrasquero vía telefónica.
El especialista destaca que la aprobación de la Ley Libertador Simón Bolívar debe analizarse en el contexto de una estrategia más amplia de la elite oficialista gobernante para reprimir cualquier tipo de disidencia y perpetuarse en el poder.
«Al penalizar el apoyo a sanciones internacionales, se busca criminalizar no solo a los actores políticos de oposición, sino también a quienes, desde el exterior, han trabajado para visibilizar las violaciones a los derechos humanos y presionar por una transición democrática en el país», añadió Carrasquero.
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Maduro señaló el jueves que la Asamblea Nacional que controla asumió una «gran iniciativa» al aprobar una «ley antibloqueo en defensa de la justicia».
Para Carrasquero, la nueva legislación tiene aspectos preocupantes como los vinculados con la libertad de expresión y las inhabilitaciones políticas de hasta 60 años para sacar del camino a figuras de la oposición mayoritaria.
«En primer lugar, limita gravemente la libertad de expresión y elimina el pluralismo político, pilares fundamentales de cualquier democracia. En segundo lugar, la imposición de inhabilitaciones de hasta 60 años a dirigentes opositores elimina de forma efectiva la posibilidad de alternancia en el poder, consolidando aún más el carácter autoritario del régimen», precisó Carrasquero.
Ratifica persecución política
El artículo 6 de la Ley Libertador Simón Bolívar, al referirse a las sanciones contra la administración de Maduro, establece que «las medidas coercitivas y otras medidas restrictivas o punitivas adoptadas contra la República Bolivariana de Venezuela constituyen un crimen de lesa humanidad, en el marco de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil».
El abogado especialista en derechos humanos, Eduardo Torres, considera que el oficialismo aplica una «política que busca un efecto espejo».
«Reinciden en reflejar en otros lo que ellos están cometiendo y por lo que son investigados por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional. Esta ley ratifica lo que ya vienen haciendo», dijo Torres a El Pitazo vía telefónica.
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El abogado, defensor de varios presos políticos, precisó que para incluir en una legislación un tipo de crimen como el de lesa humanidad, el procedimiento legislativo debe estar apegado a los principios internacionales y a lo que establece el Estatuto de Roma, del que es firmante el Estado venezolano y cuyo cumplimiento elude de forma recurrente.
Según Torres, el oficialismo promueve una investigación en la Corte Penal Internacional, el expediente Venezuela II, que no prospera y con la que busca vincular las sanciones internacionales con crímenes de lesa humanidad. Para el oficialismo, con la Ley Libertador Simón Bolívar, quienes están de acuerdo con las sanciones a la coalición gobernante son criminales contra la humanidad.
«Están creando un instrumento que ratifica la persecución por motivos políticos, un crimen de lesa humanidad. El derecho penal internacional es contra crímenes que cometen grupos que tienen el poder; quieren hacer ver eso con las sanciones para seguir persiguiendo», resaltó Torres.
El artículo 18 de la Ley Libertador Simón Bolívar establece procesos judiciales contra los procesados o acusados, incluso en ausencia. «Quien crea que va a evadir la justicia, la ley establece mecanismos para que se pueda hacer justicia aun cuando esa persona se haya ido del país», dijo el jueves la diputada oficialista Tania Díaz.
«Qué otras leyes van a implementar cuando aquí en Venezuela detienen a la gente sin orden judicial, hay desapariciones forzadas, se impide el derecho a la defensa. Hablamos de leyes señaladas de persecutorias, la Ley contra el Odio, por ejemplo, que ahora las extreman», acotó Torres.
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