Entre las aspiraciones del oficialismo para 2025, celebrar una decena de procesos electorales es una prioridad. El Consejo Nacional Electoral (CNE), seis meses después de una presidencial cuyos resultados disgregados no ha publicado, prometió transparencia para los nuevos comicios. Sin embargo, según especialistas en la materia, la mayoría del electorado desconfía de su accionar.
“El problema es que, igual que en las oportunidades anteriores y por la falta de integridad electoral, tal reconocimiento queda como letra muerta para la mayor parte del país", afirmó este 28 de enero a El Pitazo el politólogo y estudioso de temas electorales, Jesús Castellanos, sobre la confiabilidad de los resultados que publique el CNE.
Un día antes, el presidente del órgano electoral, Elvis Amoroso, así como aseguró que habrá transparencia y se realizarán las auditorías correspondientes para el 27 de abril, también instó a las organizaciones políticas y los candidatos a “respetar y acatar" los eventos y resultados de la elección.
Fiabilidad escasa
La solicitud del CNE a los participantes de los comicios es, según Castellanos, un intento de lograr credibilidad y legitimidad en su administración y organización de jornadas comiciales. Además, recordó que ha sido una petición repetida, ya que para las elecciones presidenciales de 2018 y 2024 también sucedió, solo que ahora se hace “con más insistencia y premura".
Uno de los problemas que señaló el politólogo es que ese pedido por reconocer y aceptar los resultados es suscrito, principalmente, por partidos oficialistas y organizaciones vinculadas. “Estos pueden ser los partidos judicializados o los que fueron creados de manera exprés", añadió.
De acuerdo con Castellanos, los partidos oficialistas y quienes están relacionados “poseen bajos niveles de adhesión y credibilidad". Según el 85,18 % las actas de escrutinio digitalizadas y publicadas por el Comando Con Venezuela, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) obtuvo 30 % de los votos (3.385.155). El resto, entre los que están organizaciones como la facción de Acción Democrática (AD), consiguió 3 % del apoyo (273.063).
Un técnico electoral, miembro de una ONG enfocada en observar los procesos comiciales y que declaró a este medio bajo anonimato, recordó que la participación electoral tiende a ser del 40 %, pero que ahora podría estar alrededor del 15 % o 20 %.
Si hay una participación menor al promedio, el especialista apuntó que todos los cargos a los que aspira el oficialismo pudieran ser ocupados por sus partidos u organizaciones vinculadas, ya que “votarían las personas que sí los apoyan o que se sientan obligadas a hacerlo".
Además, el técnico aseguró que, el 28 de julio, el CNE decidió publicar “de forma autoritaria" lo que consideró importante y le ocultó información al electorado. Por lo tanto, concluyó que es muy probable que no haya una participación significativa en los comicios del 2025.
Por su parte, Castellanos descartó que el CNE sea confiable y recalcó que la elección integral del 27 de abril comenzó “con muy mal pie", porque es organizada por una institución que desconoce lo reflejado en las actas del 28 de julio, pero también por “la ausencia de transparencia y formalidad jurídica en la convocatoria".
Convocatoria irregular
Durante la rueda de prensa en la que Amoroso le garantizó al país que el CNE brindará la confiabilidad necesaria para el 27 de abril, Castellanos denunció que hubo irregularidades.
Aunque el artículo 42 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y el 110 del Reglamento General de la Lopre le exigen al órgano comicial publicar en Gaceta Oficial la convocatoria y el cronograma electoral, hasta ahora no lo ha hecho.
Otro obstáculo es que, salvo por un breve período de actividad el 29 de agosto de 2024, el sitio web del CNE ha estado caído desde hace 6 meses. “Si se habilita, hay una oportunidad de revisar las bases de datos, gacetas y resultados, con la particularidad que los resultados del 28 de julio no están publicados", señaló el especialista en temas electorales.
La autoridad comicial también se comprometió a realizar todas las auditorías correspondientes para el 27 de abril, pese a que no lo hizo con 3 procedimientos poselectorales pautados para la elección presidencial.
“No se hicieron las auditorías Red de Telecomunicaciones II, vital para determinar la existencia o no de un ataque cibernético a la transmisión de resultados; la Verificación Ciudadana II, para ratificar o no los resultados electorales a través de la revisión del 1 % de todas las mesas electorales; y ADES II, para evaluar las huellas electorales y la garantía del principio un elector, un voto", enumeró Castellanos.
La fecha fijada por el CNE también presentó una contrariedad con los artículos 160, 162 y 192 de la Constitución. En el caso de los gobernadores y legisladores regionales, el tiempo que tienen para ejercer sus cargos es de 4 años, mientras que los diputados de la AN tienen 5. Ninguno cumplirá con la totalidad de sus períodos, ya que las pasadas elecciones parlamentarias fueron en diciembre de 2020, y las municipales y regionales en noviembre de 2021.
La postura de los partidos
Tres horas después del anuncio de Amoroso, el PSUV confirmó su participación en las elecciones del 27 de abril. Lo mismo hizo Luis Eduardo Martínez, representante de la facción de AD nombrada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Este 28 de enero, el secretario general de Primero Venezuela (PV), Miguel Ponente, le confirmó a La Iguana TV que la organización será parte de los comicios. También José Brito, diputado y representante de Avanzada Progresista (AP), comentó en sus redes sociales que las elecciones parlamentarias y regionales son una realidad y que “no se puede perder la oportunidad de alzar la voz".
Otro excandidato presidencial, Daniel Ceballos, del partido Arepa, confirmó el mismo día de la convocatoria del CNE que decidió “apostar por el voto". Mientras que, hace una semana, El Cambio, organización liderada por Javier Bertucci, publicó un comunicado mostrando su disposición de sumarse a los procesos del 2025.
En el caso de Soluciones Para Venezuela (SPV), que tuvo como candidato a Claudio Fermín en la pasada elección presidencial, su dirigente nacional, Miguel Vásquez, le afirmó el 26 de enero al diario El Tiempo que «llamar a la abstención es un error" y apoyó la organización de elecciones.
Por el contrario, la líder opositora María Corina Machado, apoyada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y el Movimiento Por Venezuela (MPV), hizo un llamado el 19 de enero a no participar en ninguna jornada electoral hasta que el CNE reconozca los resultados del 28 de julio. Incluso, ambas coaliciones no asistieron el 14 de enero a la sesión convocada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, para proponer fechas de elecciones.
Otro partido que descartó ser parte de las próximas jornadas fue el partido Centrados, cuyo excandidato presidencial, Enrique Márquez, tiene 3 semanas detenido. En un comunicado publicado el 14 de enero, además de calificar de apresurada la organización de elecciones, dijo que “la desconfianza en procesos electorales es una herida abierta que no se puede ignorar".
Los excandidatos Antonio Ecarri (Alianza del Lápiz) y Benjamín Rausseo (Conde), quienes acataron la certificación del TSJ sobre los 2 boletines publicados por el CNE en la elección del 28 de julio, aún no se han pronunciado al respecto.
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