Por Andrea Barrios
Barquisimeto.- En total hermetismo se mantienen las autoridades venezolanas sobre la deportación, ocurrida el pasado 18 de agosto, del militar venezolano Rafael Quero Silva, señalado de liderar la represión en Barquisimeto en 2013 y 2014, cuando comandaba el Destacamento 47 de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
Hoy se cumplen 10 días desde su llegada al país, pero víctimas y organizaciones no gubernamentales se preguntan dónde está e instan a llevar a cabo las investigaciones pertinentes sobre los señalamientos por violaciones de derechos humanos.
La ONG Movimiento Vinotinto destaca la opacidad que tiene el Estado venezolano sobre su paradero y señala que el Ministerio Público tiene la obligación de abrir una investigación penal rigurosa e imparcial por las violaciones de los derechos humanos registradas durante aquellos años.
“Fundamentalmente una de las cosas que nosotros estamos solicitando al Estado venezolano, que ya que se encuentra en este territorio, active las investigaciones que ya reposan en el Ministerio Público y que deben ser tomadas en cuenta por la sistemática violación de los derechos humanos", detalló Manuel Virguez, director de la organización y abogado defensor de la mayoría de las víctimas en el año 2013.
La Asociación Civil Fuerza, Unión, Justicia, Solidaridad y Paz (Funpaz), organización nacida precisamente a raíz de la represión liderada por Quero Silva, también se pronunció sobre la deportación y la incertidumbre en torno a su destino legal en suelo venezolano.
“Una deportación no menoscaba, limita ni elimina el derecho de las víctimas a denunciar los hechos que presuntamente sufrieron, ni afecta por sí misma a obtener justicia y reparación", reza el texto compartido con El Pitazo.
Si bien aún son inciertos los pasos que dará el Ministerio Público, víctimas como Ivonne Echenagucia, quien asegura haber recibido descargas eléctricas, recuerda que tras los hechos de 2013 se formalizaron las denuncias pertinentes ante todas las instancias judiciales nacionales e internacionales.
Proceso judicial abierto en Estados Unidos
Actualmente, contra Quero Silva sigue abierta una demanda civil federal en Estados Unidos, introducida el 30 de diciembre de 2025 por cinco de las víctimas.
“Su eventual permanencia fuera del territorio estadounidense no significa el cierre ni desaparición del proceso judicial… La deportación no borra los hechos denunciados", enfatiza Funpaz en un comunicado compartido el pasado 26 de agosto.
Por su parte, Almudena Bernabeu, abogada de derechos humanos internacionales que representa a los demandantes, declaró a The New York Times que sus defendidos estaban decepcionados por no contar con la oportunidad de un juicio completo. A pesar de ello, indicó que sus clientes seguirán buscando una indemnización por daños y perjuicios, así como una vía para dejar constancia de sus experiencias.
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Detención y acusaciones por tortura
Rafael Quero Silva fue deportado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) el pasado 18 de agosto. Su arresto se produjo el 27 de febrero de 2025 en Miramar, seguido de su reclusión en el centro de detención de Krome, al sur de Florida. El militar había ingresado a territorio estadounidense el 20 de junio de 2016 a través del Aeropuerto Internacional de Miami, pero incumplió los términos de su admisión al no salir del país.
En el contexto de su deportación, el ICE detalló que los informes indican que, en 2013, Quero Silva supervisó directamente la tortura de al menos 74 manifestantes pacíficos. Mientras estuvieron bajo la custodia del Destacamento 47, estas personas fueron sometidas a descargas eléctricas, golpes insistentes con barrotes y botellas de agua congelada, amenazas de violación y otros abusos físicos, psicológicos y sexuales.
Presuntamente, Quero Silva habría llegado al aeropuerto de Barcelona, en el estado Anzoátegui; sin embargo, a 10 días de su llegada, las autoridades venezolanas continúan sin ofrecer información oficial sobre su paradero o su situación legal actual.
