Caracas.- El anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre un nuevo acuerdo petrolero con Venezuela abrió un debate que rápidamente atravesó las filas del chavismo y de la oposición. Mientras el gobierno de Delcy Rodríguez defendió la alianza como una oportunidad para recuperar la producción petrolera, dirigentes de distintas tendencias cuestionaron las condiciones bajo las cuales se concretó y pidieron conocer el contenido completo del convenio.
Trump presentó el acuerdo como un hecho de gran magnitud para ambos países. A través de una publicación en su red social Truth Social, aseguró que la operación permitirá a Estados Unidos acceder al control mayoritario de más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de Venezuela.
El mandatario estadounidense también sostuvo que el acuerdo no supondrá costos para los contribuyentes de su país y que contribuirá a incrementar la disponibilidad de crudo, elevar las reservas petroleras estadounidenses y reducir los precios de la gasolina.
La administración venezolana confirmó posteriormente el convenio. Delcy Rodríguez calificó el entendimiento como «histórico» y agradeció a Trump y al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por su disposición para desarrollar la alianza.
De acuerdo con la información divulgada por Rodríguez, el proyecto contempla la participación de operadores privados en 17 campos estratégicos, con reservas estimadas en 65.000 millones de barriles. La funcionaria también señaló que se prevé una inversión superior a los 100.000 millones de dólares y más de 209.000 millones de dólares en tributos para el Estado.
Respaldo oficial y rechazo desde sectores del chavismo
El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) respaldó el acuerdo y sostuvo que los mecanismos anunciados buscan priorizar los intereses nacionales, generar ingresos y contribuir con la recuperación de la industria petrolera.
La organización política también vinculó la alianza con la necesidad de superar las consecuencias de las sanciones económicas estadounidenses que han afectado al país. El pronunciamiento se produjo mientras el gobierno venezolano ha insistido en la necesidad de flexibilizar o eliminar las medidas restrictivas impuestas por Washington.
Pero el respaldo no fue compartido por todos los sectores identificados con el chavismo.
Manuel Quevedo, quien estuvo al frente del Ministerio de Petróleo y de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) entre 2017 y 2020, reaccionó inicialmente con escepticismo al anuncio de Trump. Luego de que el gobierno venezolano confirmara el acuerdo, el exfuncionario cuestionó la situación de la industria petrolera y reivindicó su gestión al frente de la estatal.
Quevedo recordó las dificultades que enfrentó Pdvsa durante su administración y argumentó que su gestión fue objeto de ataques. También responsabilizó a sectores internos por lo que considera una afectación de la industria petrolera.
«No me entregué a intereses extranjeros; enfrenté la traición interna y defendí a Venezuela. Cuando tocó, fui al frente. Siento pena ajena y me duele el futuro del país», expresó.
Más contundente fue la reacción de Rafael Ramírez, quien dirigió Pdvsa y el Ministerio de Petróleo durante buena parte de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro y que desde hace años está distanciado de las actuales estructuras de poder.
Ramírez acusó a Delcy Rodríguez de comprometer los recursos venezolanos con Estados Unidos y cuestionó que el acuerdo se haya conocido inicialmente por el anuncio de Trump.
«Un acuerdo de espaldas al país, evidentemente inconstitucional, que cede el control del territorio y del petróleo a una potencia extranjera», afirmó.
El exfuncionario también cuestionó que el PSUV haya acompañado su pronunciamiento con una imagen de Hugo Chávez, al considerar que la política exterior del fallecido mandatario estuvo marcada por el enfrentamiento con Washington y por la búsqueda de alianzas petroleras con otros países.
Desde sectores más radicales del chavismo también surgieron llamados a protestar contra el acuerdo. Oswaldo Rivero, antiguo conductor del programa Zurda Konducta, convocó una movilización para este 29 de agosto en La Hoyada, Caracas, bajo la consigna de rechazar lo que considera un «saqueo».
En esa zona también se concentraron activistas del Frente Popular Antiimperialista, quienes mostraron pancartas contra el acuerdo. Sus representantes, sin embargo, aclararon que la actividad había sido convocada previamente y formaba parte de sus protestas habituales contra la injerencia extranjera.
Oposición dividida ante el convenio
Las reacciones dentro de la oposición también han sido diversas. Mientras algunas de sus figuras han cuestionado que un acuerdo de esta magnitud pueda concretarse sin suficiente información pública, otros dirigentes consideran que Venezuela necesita capital privado extranjero para recuperar una industria que quedó severamente deteriorada.
Hasta ahora, figuras como María Corina Machado y Dinorah Figuera no habían fijado públicamente posición sobre el acuerdo.
El diputado Henrique Capriles se mostró favorable a la llegada de inversiones, pero expresó reservas sobre el convenio debido a la falta de información y a los antecedentes de corrupción de quienes administran actualmente los recursos públicos.
Capriles sostuvo que los venezolanos tienen derecho a conocer cómo se manejará su principal recurso energético y cuestionó que quienes estuvieron vinculados con el deterioro de Pdvsa sean los encargados de administrar los nuevos ingresos.
«Los venezolanos no tenemos ninguna confianza en quienes administran la hacienda pública», afirmó. Asimismo, defendió la necesidad de que una nueva generación de dirigentes, sin los mismos vicios, asuma la conducción de las instituciones.
Una posición diferente, aunque también acompañada de advertencias, fue expresada por Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia.
Guanipa consideró que el acuerdo puede convertirse en una oportunidad para reactivar la industria petrolera, debido a la magnitud de las inversiones que Venezuela necesita. A su juicio, el país no puede recuperar su producción sin capital privado extranjero.
Sin embargo, advirtió que el éxito del convenio dependerá de que los beneficios lleguen directamente a los venezolanos mediante empleos, inversiones, mayores ingresos y recuperación económica.
También cuestionó que el manejo de los recursos quede en manos de quienes, según dijo, fueron responsables de la destrucción de Pdvsa y de la economía venezolana.
Para Guanipa, una recuperación sostenible requiere instituciones transparentes, seguridad jurídica, reglas claras y un gobierno producto de elecciones libres.
Unión y Cambio pide conocer el contrato
El partido Unión y Cambio también se pronunció sobre el acuerdo y recordó que su propuesta petrolera contempla atraer capital nacional e internacional para explotar las reservas venezolanas, pero manteniendo la propiedad del petróleo en manos de los venezolanos.
La organización sostuvo que la recuperación de la industria petrolera es indispensable para la redemocratización del país y pidió al gobierno interino explicar ante la población y la Asamblea Nacional el alcance, los términos y las condiciones del convenio.
Para Unión y Cambio, el acuerdo constituye un contrato de interés nacional y, por lo tanto, debe ser sometido a las disposiciones establecidas en la Constitución.
La organización insistió en que cualquier recuperación de la industria debe traducirse en una mejora concreta de las condiciones de vida de la población.
Las dudas sobre transparencia
Desde la sociedad civil también surgieron cuestionamientos.
El coordinador general de Provea, Óscar Murillo, advirtió que todavía faltan elementos fundamentales para evaluar el alcance del acuerdo. Desde su perspectiva, el anuncio evidencia un escenario en el que decisiones relacionadas con áreas estratégicas del Estado están adquiriendo una creciente dependencia de actores extranjeros.
Murillo señaló además que el proceso debe analizarse desde el marco constitucional y consideró necesario avanzar hacia una recuperación de la institucionalidad democrática y de las garantías de derechos humanos.
Por su parte, el economista Asdrúbal Oliveros coincidió en que Venezuela requiere enormes cantidades de capital, tecnología y capacidad de ejecución para recuperar su industria petrolera y consideró que Estados Unidos puede desempeñar un papel importante en ese proceso.
No obstante, pidió evitar tanto la celebración anticipada como el rechazo automático.
Oliveros planteó interrogantes sobre la posibilidad real de que las inversiones anunciadas se materialicen, así como sobre las condiciones que tendrán que ofrecerse para atraer capital durante varios años.
Entre los aspectos que considera determinantes mencionó la seguridad jurídica, el respeto de los contratos, los mecanismos de arbitraje y la existencia de instituciones que puedan garantizar estabilidad independientemente de quién gobierne en Caracas o Washington.
También llamó la atención sobre el régimen fiscal, al considerar que Venezuela deberá encontrar un equilibrio entre obtener ingresos y ofrecer condiciones suficientemente atractivas para que las empresas decidan invertir en el país.
Una posición favorable desde Estados Unidos, pero con condiciones
La representante estadounidense María Elvira Salazar respaldó el acuerdo y sostuvo que puede resultar beneficioso tanto para Estados Unidos como para Venezuela.
Salazar destacó la posibilidad de que la inversión estadounidense permita recuperar la industria petrolera venezolana y cuestionó el papel que China desempeñó durante años en la compra del crudo venezolano.
Sin embargo, también expresó reservas sobre la participación de Delcy Rodríguez en la negociación y sostuvo que un acuerdo de largo plazo necesitaría instituciones democráticas sólidas y Estado de derecho.
Para la congresista, la permanencia del convenio dependerá de la existencia de elecciones libres y de instituciones capaces de garantizar su cumplimiento.
Así, el acuerdo petrolero anunciado por Trump no solo abrió una nueva etapa en las relaciones energéticas entre Caracas y Washington, sino que volvió a poner sobre la mesa una discusión que atraviesa a Venezuela desde hace años: cómo recuperar una industria petrolera deteriorada, quién debe administrar sus ingresos y bajo qué condiciones deben participar empresas extranjeras.
Mientras el gobierno de Delcy Rodríguez presenta el convenio como una oportunidad para aumentar la producción y atraer inversiones, sectores del chavismo lo consideran una cesión de soberanía. En la oposición, entretanto, el debate se concentra en la transparencia del acuerdo, la seguridad jurídica y la necesidad de que los eventuales beneficios del petróleo lleguen a la población.