En el marco de la celebración del Día del Padre, la organización no gubernamental Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia emitió un pronunciamiento público para visibilizar la situación de los ciudadanos que permanecen privados de libertad por motivos políticos y que se encuentran separados de sus familias.
«Hoy fijamos nuestra mirada en aquellos que pasan esta fecha tras los muros, separados de sus hijos. Que pronto lleguen los abrazos, la unión y la justicia«, señaló la Coalición en un mensaje difundido la mañana de este domingo en su cuenta de X.
La plataforma defensora de derechos fundamentales ha venido exhortando a las autoridades judiciales a revisar las medidas de reclusión que pesan sobre decenas de jefes de hogar en los distintos centros de detención del país.
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Las fallas del sistema penitenciario
Por su parte, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) sumó su denuncia este domingo para explicar que cientos de padres pasan esta fecha aislados debido al deterioro del sistema penitenciario venezolano.
La organización señaló que la falta de libertad se agrava por las trabas burocráticas y las restricciones arbitrarias que imponen los penales para impedir el contacto familiar, lo que deja a miles de hijos sin poder ver a sus padres.
Además, la ONG recordó que el retardo procesal es crónico en el país, lo que condena a los detenidos a pasar años tras las rejas esperando por una sentencia definitiva que nunca llega.
El OVP resaltó el abandono institucional que sufren los reclusos, quienes sobreviven en condiciones indignas y dependen por completo de sus familiares para recibir comida, agua, medicamentos y artículos de higiene básicos, obligaciones que legalmente corresponden al Estado.
Detalló que en la práctica, son las madres, esposas e hijas quienes cargan con ese peso: deben realizar sacrificios económicos enormes, viajar largas distancias hacia los internados judiciales, pasar horas en filas bajo el sol y someterse a requisas degradantes en los controles.
Para la organización, la prisión no elimina el derecho a mantener los vínculos familiares, por lo que el aislamiento forzado representa un castigo directo e injustificado contra todo el entorno del preso.
El rostro humano
Familiares de los detenidos también usaron las redes sociales para exponer las situaciones particulares que viven los hogares este domingo. La hija de Héctor Hernández Da Costa denunció que el militar acumula casi ocho años tras las rejas.
«En Venezuela se celebra hoy el día del padre. Desde hace casi 8 años mi papá se encuentra detenido a pesar de ser inocente. Yo sigo esperando a mi papá», publicó, exigiendo además la liberación de todos los presos políticos civiles y militares.
Loa parientes de Guillermo Enrique César Siero también se pronunciaron para detallar que este domingo cumple dos años, seis meses y siete días en prisión, tras su captura el 15 de diciembre de 2023.
Con este, el ciudadano suma su tercer Día del Padre alejado de sus hijas. El reclamo fue dirigido de forma directa en redes a altos funcionarios del gobierno, entre ellos Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez.
La familia de Denys Custodio responsabilizó directamente a figuras vinculadas al oficialismo, entre ellas a Antonio «el Potro» Álvarez, de un ensañamiento judicial que mantiene al jefe de hogar apartado de su hija por un año más.
«Pido a Dios que pagues en la medida justa del daño que has causado», fustigó su entorno familiar en un mensaje público.
Estos testimonios reflejan que las detenciones no solo afectan al individuo recluido, sino que funcionan como un castigo extendido para todo el núcleo familiar, destruyendo la rutina de los hijos.
Retraso procesal
El llamado de la Coalición y estos testimonios coinciden con los reportes de retrasos procesales y condiciones precarias dentro de los centros de reclusión del país, una denuncia que sostienen diversos comités de familiares de presos políticos.
De acuerdo con el registro más reciente del Foro Penal, de fecha 12 de junio, en Venezuela hay 389 personas tras las rejas por motivos políticos, de los cuales 357 son hombres.
Familiares y activistas insisten en la urgencia de reactivar los mecanismos de revisión de medidas cautelares y otorgar liberaciones plenas, argumentando que el sistema judicial debe priorizar la presunción de inocencia y el debido proceso.
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