Caracas.- Como un intento de eludir responsabilidades en la comisión de delitos de lesa humanidad y usar la liberación de presos políticos como figuras de canje, evaluaron varios representantes de ONG el pronunciamiento de Nicolás Maduro sobre el llamado que hizo al Ministerio Público para rectificar en casos de algún detenido por error en las protestas del 29 y 30 de julio.
Según lo analizó el director de la Coalición por los DD. HH, Kelvi Zambrano, el gobierno de Maduro posee una trama ya empleada en antiguos conflictos, que consiste en “usar a presos políticos como fichas de cambio" para que se organicen mesas de trabajo en las que puedan negociar su libertad a cambio de determinados beneficios.
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Ejemplificó el caso de Alex Saab, en el que se otorgaron medidas cautelares a varios presos políticos a cambio de su liberación en Estados Unidos. Zambrano agregó que otra lectura de la reacción de Maduro es que intenta eludir su responsabilidad individual en delitos de persecución penal, un crimen de lesa humanidad.
Foro Penal contabiliza en su último registro a 1.963 detenidos acusados de participar en las protestas en rechazo a los resultados del Consejo Nacional Electoral (CNE), tras la presidencial del 28 de julio, que dio vencedor a Nicolás Maduro a pesar de que la oposición poseía 83,50 % de las actas de votación, que atribuían la victoria al candidato Edmundo González Urrutia.
Castigo a la sociedad
La denuncias de los familiares, respaldadas y replicadas por diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos, fueron un elemento clave del llamado a la rectificación que hizo Nicolás Maduro al Ministerio Público, según la coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, Martha Tineo.
Resaltó la activista que, en el último informe presentado por la Misión Internacional de la ONU, se consideró que existen razones suficientes para considerar que se cometieron crímenes de persecución. “Hay un pronunciamiento a nivel mundial que comenzó con la gallardía de los familiares al denunciar y que está haciendo efecto en las autoridades del Estado, que los ha hecho revisar esas privaciones de libertad", declaró Tineo a El Pitazo.
Tineo opinó que las detenciones corresponden a un catálogo de privación de libertad que se inició con detenciones arbitrarias, vulneración del derecho a la defensa porque no se admitieron abogados de confianza, audiencias masivas de forma telemática sin individualización de los hechos, imputación por terrorismo y asociación para delinquir, incomunicación por largos periodos, en algunos casos se registraron torturas y violencia sexual.
La defensora de los derechos humanos destacó que este método podría tratarse de un “castigo ejemplarizante" que causó temor y dolor en la sociedad con el sentido de neutralizar las manifestaciones.
“Quizás se esté llegando al punto de revisar las causas y la posibilidad de dictar medidas cautelares porque ese castigo que implementaron ya tuvo sus efectos", destacó al tiempo de que afirmó que los daños físicos y psicológicos entre los detenidos de forma injusta son irreversibles, pero las víctimas tienen derecho a denunciar en instancias superiores para que sean reparadas.
El lunes 11 de noviembre, el ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, declaró que en Venezuela no hay presos políticos, sino personas detenidas tras ser contratadas para desestabilizar al país.
Mientras que representantes de la Comisión Interamericana de DD. HH. instaron este martes 12 a la comunidad internacional a reconocer la gravedad de la represión del Gobierno venezolano y el efecto disuasivo que tuvo sobre la población.
“El Gobierno de Venezuela debe poner fin a la represión y liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente. Hacemos un llamado a través de un esfuerzo coordinado y diplomático para respaldar la transición pacífica de Venezuela a la democracia", se dijo en una rueda de prensa.
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