La escogencia de los nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), un proceso que comenzará desde cero tras el acuerdo alcanzando en el primer ciclo de conversaciones de la mesa de diálogo de la Asamblea Nacional de 2015 y el chavismo, tendrá algunos mecanismos diferentes a los usados por quienes administran el poder en Venezuela en los últimos 27 años.
Normalmente, la selección la decide un comité de postulaciones judiciales que integran 11 diputados y 10 miembros de la sociedad civil, aunque la mayoría de parlamentarios inclinan la balanza al partido que ejerce la mayoría en el Parlamento venezolano. En cada una de las escogencias de las últimas dos décadas, el chavismo ha usado esa superioridad númerica para designar magistrados que han salido de las filas del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) o han desempeñado cargos en la administración pública en representación de esa corriente política.
El Comité de Postulaciones Judiciales es el encargado de convocar el proceso de aspirantes, entrevista a los abogados que quieren ser magistrados y presenta la lista final a la plenaria de la Asamblea Nacional, donde finalmente se vota a favor de esos nombres.
La Ley Orgánica del TSJ establece que ese grupo tiene primero un comité preliminar; es el que conforman los 11 parlamentarios, quienes deciden por mayoría simple los nombres de los representantes de la sociedad civil. Es decir, con mayoría de un solo partido político, la escogencia de esos miembros de la sociedad también favorecen al partido en el poder.
Pero, con el acuerdo anunciado el pasado 12 de agosto al término de las primeras conversaciones de la mesa de diálogo, se anunció que se reformará esa ley, otras del sistema de justicia y se activarán controles adicionales para garantizar que haya magistrados independientes.
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Un comité de postulaciones con mayoría civil
Un primer paso es lograr un comité de postulaciones con mayoría de la sociedad civil; los delegados de la AN de 2015 han declarado en diversos medios que habrá 23 miembros; 13 de la sociedad civil y 10 diputados. «Ahora tendrá una mayoría de sociedad civil que conjuntamente con ellos van a revisar las credenciales de todos los postulados. Esto para generar confianza en el país, y que los mejores profesionales puedan optar para ser magistrados», dijo Ramón López al medio Caraota Digital.
Otro exdiputado opositor en esa mesa, Juan Miguel Matheus, explicó en entrevista a Tal Cual que un nuevo TSJ va primero por la importancia que tiene, incluso por encima del Consejo Nacional Electoral (CNE). Recordó lo sucedido con las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 cuando el CNE proclamó a Maduro y después la Sala Electoral del TSJ avaló esos resultados sin presentar las pruebas de esa supuesta victoria.
Matheus reiteró las declaraciones de López: habrá «un nuevo procedimiento de postulaciones» en el que «quien quiera postularse puede repostularse». Esto cuando le preguntaron si se permitiría que nombres como el de la ex vicefiscal Katherine Harrington y la rectora del actual CNE, Acmé Nogal, se podrían postular, tal como lo hicieron en el proceso que rigió la AN de 2025 desde finales de abril y hasta mediados de junio pasado.
Consejo de «personas honorables»
Más allá del comité de postulaciones, también se contará con otros dos filtros. El primero una comisión especial de 7 miembros, que revisará la selección del comité para que no existan dudas o se cuelen nombres que no cumplan con los requisitos.
Además, se implementará el baremo; es decir los criterios de selección a aplicarse. La Constitución vigente de 1999 dice en su artículo 263 cuáles son los requisitos para ser magistrado del TSJ:
«Ser jurista de reconocida competencia, gozar de buena reputación, haber ejercido la abogacía durante un mínimo de quince años y tener título universitario de postgrado en materia jurídica; o haber sido profesor universitario o profesora universitaria en ciencia jurídica durante un mínimo de quince años y tener la categoría de profesor o profesora titular; o ser o haber sido juez o jueza superior en la especialidad correspondiente a la Sala para la cual se postula, con un mínimo de quince años en el ejercicio de la carrera judicial, y reconocido prestigio en el desempeño de sus funciones«.
Ese mismo artículo también señala que la ciudadanía puede presentar objeciones al Comité de Postulaciones Judiciales o la Asamblea Nacional en el proceso de escogencia.
Matheus definió a esa comisión evaluadora con el nombre «Consejo de Verificación de Credenciales y de Cumplimiento de Requisitos Constitucionales», que aseguró conformarán «personas honorables» encargadas de revisar si los aspirantes a magistrados cumplen los requisitos constitucionales.
Además, a aclaró que su conformación, que incluye el baremo de evaluación, lo decidirán las mesas técnicas de la mesa de diálogo que siguen su labor, pese a que las delegaciones no volverán a reunirse hasta septiembre.
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Qué discutirá la mesa de diálogo en septiembre
La mesa de diálogo ha sido cuestionada por no avanzar en la renovación del CNE o la fijación de un calendario electoral. La presidenta de la AN de 2015, Dinorah Figuera, informó que el segundo ciclo de conversaciones, en una fecha de septiembre aún no determinada, tratará el segundo punto de la agenda: derechos y garantías políticas.
Esto se traduciría en temas como las inhabilitaciones políticas, la devolución de las tarjetas de los partidos políticos a sus legítimas autoridades, tras intervenciones judiciales, la mayoría de ellas desde el año 2020; permitir que quienes quieran aspirar a cargos de elección popular puedan hacerlo sin ninguna traba, entre otros.