Caracas.– La Asamblea Nacional (AN), de mayoría oficialista, aprobó la Ley Libertador Simón Bolívar este 28 de noviembre, durante su segunda discusión. El polémico marco legal establece inhabilitación política de hasta 60 años, multas y prisión de entre 25 y 30 años para quienes pidan sanciones contra el país.
La información se dio a conocer a través de la cuenta oficial del Parlamento en la red X, donde aseguraron que fue aprobada por unanimidad la denominada Ley Libertador Simón Bolívar contra el Bloqueo Imperialista y en Defensa de la República Bolivariana de Venezuela.
Ley Bolívar: ¿amenaza real o puesta en escena?
Esta normativa surgió luego de que el Gobierno de Estados Unidos aprobó la Ley Bipartidista de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario e Ilegítimo de Venezuela (Ley Bolívar) como presión a Nicolás Maduro para que deje el poder el 10 de enero.
La Ley Libertador Simón Bolívar incluye la inhabilitación política hasta por 60 años y el oficialismo prevé aplicarla contra opositores que impulsen sanciones internacionales sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
“Cataliza la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio para todas aquellas personas -naturales y jurídicas- que promuevan difundan, hagan apología y apoyen la aplicación de sanciones y medidas coercitivas unilaterales al pueblo venezolano", anunció el diputado oficialista Carlos Mogollón el 21 de noviembre durante la primera discusión
La Ley de Extinción de Dominio establece que los bienes y efectos patrimoniales de personas naturales o jurídicas relacionados con actividades ilícitas serán declarados propiedad del Estado. Esto se hace mediante una sentencia firme, sin compensación ni contraprestación alguna, y salvaguardando los derechos de terceros de buena fe.
Asimismo, tampoco podrán competir en elecciones quien haya «promovido, instigado, solicitado, invocado, favorecido, respaldado o participado en la adopción o ejecución» de acciones armadas o fuerza, ataques cibernéticos contra el país, sus instituciones o autoridades, muchas de ellas sancionadas por otros países.
A las personas señaladas por estas acciones se les impondrá la misma condena e igual penalización económica, pagada con moneda local -bolívares- y con la tasa del euro como referencia, al ser más alta que la del dólar, usado de manera regular en el país.
Los medios de comunicación que difundan cualquier tipo de mensajes que promuevan sanciones o medidas que «afecten a la República Bolivariana de Venezuela» también serán multados con la misma cantidad y podrían ser castigados con la salida de circulación o del espectro radioeléctrico, dependiendo de la plataforma que sea el caso.
La Ley considera crímenes de lesa humanidad a las sanciones internacionales, luego de que el país recibió más de 900 medidas de este tipo en la última década, principalmente por parte de Estados Unidos, según datos del Gobierno.
Este nuevo marco legal también define «acciones que ponen en riesgo la soberanía» el desconocimiento a (la legitimidad de los) poderes públicos o el reconocimiento de investiduras a sujetos que simulen representar el poder público, en un país que celebró elecciones presidenciales en julio, cuyo resultado oficial no es reconocido por numerosos Gobiernos.
Además, se crea un registro nacional de personas bajo «presunción fundada» de incurrir en todas estas acciones, quienes corren el riesgo de que sus activos sean congelados, que se les prohíba hacer operaciones de compra-venta o, en el caso de extranjeros, de ser expulsados del país y sometidos a una «extinción de dominio» para que el Estado los despoje de bienes en el territorio nacional. EFE