AN juramentará a los integrantes del comité de postulaciones judiciales en su sesión de este jueves

La comisión preliminar entregará la lista con los 12 nombres de la sociedad civil para el comité y la plenaria dará el visto bueno a partir de las 11:30 a. m. de este 22 de octubre

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La Asamblea Nacional controlada por el chavismo escogerá y juramentará a los miembros del comité de postulaciones judiciales, encargado de preseleccionar a los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en su sesión de este jueves 22 de octubre.

Tras el fin del tercer ciclo de conversaciones de la mesa de diálogo, la noche de este miércoles 21 de octubre, las partes informaron sobre la escogencia de los 12 miembros de la sociedad civil que junto a los 11 diputados (ocho del PSUV y tres de la oposición minoritaria) integrarán este grupo, que serán quienes revisen las credenciales de los postulados a magistrados.

Esta sesión, convocada a las 11:30 de la mañana, tiene entre dos de sus puntos la recepción del informe final de la comisión preliminar, la integrada por los 11 parlamentarios, que durante una semana revisaron los perfiles de los 127 aspirantes de la sociedad a integrar el comité.

Vínculos partidistas, trabajo en el gobierno y otras perlas

La ONG Transparencia Venezuela informó esta misma semana, que tras una revisión exhaustiva y cruce de base de datos de instituciones oficiales, al menos 52 de esos postulados tenían afiliación partidista. De ese grupo, 13 eran militantes del PSUV, 9 de otras organizaciones políticas y 30 de ellos estaban relacionados con instituciones del Estado, algunos como Isabella Pacheco Gutiérrez, quien integró el comité pasado en mayo y es directora de la Oficina de Planificación del Sector Universitario (OPSU), una dependencia del Ministerio de Educación Universitaria.

Otros son Ana María Alves, también integrante del anterior comité. En sus cargos públicos se desempeñó en 2019 como directora general de Turismo Popular, encargada, adscrita al Despacho de la Viceministra de Turismo Nacional, en el Ministerio para el Turismo. Al igual destaca Sandra Yurisma Avilez, quien en 2020 estuvo en la Dirección Ejecutiva de la Magistratura y fue jueza en Bolívar. También Johan Benítez Araujo, quien se desempeñó como director general de la Oficina de Gestión Administrativa del Ministerio de Agricultura Urbana.

Está igualmente Ángel Cabrera Suárez, quien fue juez suplente de tribunales de segunda instancia en el Circuito Penal del Área Metropolitana de Caracas. Víctor Castellanos Guerrero, que trabajó como director general del Despacho del ministro del Ministerio para la Educación. Danny Corona Pérez, designado en diciembre de 2025 en calidad de encargado como jefe de la División de Bienes Inmuebles y Parque Automotor de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura.

Después de una semana del tercer ciclo, en el que las partes realizaron seis jornadas de trabajo con dos plenarias, 15 reuniones de trabajo y designaron una cuarta mesa técnica, la mesa de diálogo anunció que trabajarían en una «revisión profunda» de las leyes que restringen la participación política como la de la Contraloría General de la República, la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, la de Partidos Políticos, Reuniones y Manifestaciones, así como la Ley Simón Bolívar.

Además, decidieron crear una defensoría para velar por la defensa de los derechos y la participación política, aunque no está claro cuándo estará lista ni cuál será su trabajo.

Renovación del TSJ comenzó en agosto

La renovación del TSJ, alcanzada después de la primera reunión en agosto, ha avanzado con la designación de la comisión preliminar, los nombres del consejo de verificación y revisión de credenciales (que integrarán cuatro académicos e investigadores de renombre junto a tres exmagistrados operadores políticos), y ahora con la escogencia de los 12 miembros de la sociedad civil para constituir formalmente el comité de postulaciones.

Desde la AN de 2025 se reformó el 1 de septiembre pasado el artículo 65 de la Ley Orgánica del TSJ para permitir que la sociedad civil tuviera no 10 sino 12 representantes en el comité; es decir, una mayoría simple frente a los 11 diputados, todos con vínculos partidistas, pese a que el artículo 270 de la Constitución de 1999 establece que los miembros de este grupo deben ser solo representantes de la sociedad.

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