El anuncio de un acuerdo petrolero entre la Casa Blanca y Caracas no solo trajo polémica por lo poco que se conocen de las condiciones en las que Venezuela cederá el 21,5 % de sus reservas de crudo a Estados Unidos, sino por cómo ese convenio dejaría en suspenso la transición democrática que el mismo gobierno de Donald Trump intenta impulsar desde que en enero pasado capturó al exlíder chavista Nicolás Maduro.
Las críticas, tras el anuncio de Trump y la posterior confirmación de Delcy Rodríguez el pasado 28 de agosto, han venido desde diferentes frentes: disidentes del chavismo, economistas de amplia reputación y dirigentes políticos de diferente espectro, aunque aún guarda silencio la líder opositora María Corina Machado.
La presión llevó a la misma Rodríguez a detallar en una alocución televisada, la noche del sábado 29 de agosto, parte del alcance de esos acuerdos.
Dijo que el país conservará la propiedad sobre los 17 yacimientos que se van a explotar, parte de ellos conocidos como greenfields; es decir, donde se ha comprobado que existe petróleo, pero que aún no han sido explotados en la Faja Petrolífera del Orinoco.
Venezuela es el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, calculadas en 300 mil millones de barriles, aunque el economista Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina y Becario Wallace S. Wilson del Insituto Baker, pone en duda estas cifras.
Rodríguez detalló que la explotación será por un lapso de 25 años, que tomaron como referencia el precio del petróleo calculado en 65 dólares por barril, lo cual permitiría recursos por 209 mil millones de dólares, ante una inversión de capital privado de 100 mil millones de dólares.
La figura bajo la cual se entregarían esos campos es la de los Contrato de Participación Productiva (CPP), una figura creada por el chavismo para darle la operatividad de los campos petroleros al capital privado, que asume los costos de inversión mientras entrega ganancias por impuestos y regalías.
«En términos concretos, esto significa que por cada barril producido y vendido, cerca de 19 dólares ingresan directamente a nuestro país», destacó la encargada de la administración del poder en el país desde la captura de Maduro y que cuenta con el aval estadounidense.
Trump, al ser el primero en informar del convenio, llamó a la funcionaria como “la muy respetada presidenta interina de Venezuela".
Antes del anuncio oficial, dos medios estadounidenses (Axios y Bloomberg) habían adelantado parte de este convenio.
Acuerdo tras negociaciones entre chavismo y AN de 2015
El 12 de agosto, después de un primer ciclo de conversaciones entre la delegación de la Asamblea Nacional de 2015 y el chavismo, sentados en una mesa de diálogo por disposición de Estados Unidos, se logró un acuerdo de renovación del Tribunal Supremo de Justicia y el Parlamento controlado por el chavismo avanzó con la reforma de la Ley Orgánica del máximo juzgado, que permitirá al comité de postulaciones judiciales tener una mayoría simple de miembros de la sociedad civil.
Con reparos, ese proceso de negociaciones y esos primeros acuerdos fue visto como una oportunidad de encaminar una transición democrática en el país después de 27 años de chavismo, de una brutal represión política, una severa crisis económica y un malestar social que expulsó en la última década a casi 8 millones de connacionales.
Un acuerdo leonino y criminal
El economista Manuel Sutherland, director del Centro de Investigación y Formación Obrera (CIFO), explicó a El Pitazo que aún no hay un documento firmado del que se conozcan detalles, aunque aclaró que sería ilegal porque el artículo 150 de la Constitución de 1999 señala expresamente que aquellos convenios de interés público nacional deben pasar por una discusión en la Asamblea Nacional.
“Los que hay es un par de comunicados bastantes contradictorios entre sí, con cifras completamente distintas, con abordajes totalmente distintos. Una cosa es lo que dice Trump y otra completamente diferente lo que dice Delcy. Por eso creo que no se puede hablar de un convenio y hay que esperar qué cosa se va a publicar realmente".
Al analizar lo dicho por Trump, Sutherland habla de que son “condiciones leoninas" y “criminales" por lo que el mandatario estadounidense las califica como un regalo. “Si es verdad lo que dice Trump, sería el acuerdo comercial más negativo, perjudicial y dañoso en la historia de América. Creo que solamente sería comparado con el saqueo de diamantes del Congo Belga por parte de Leopoldo II", expresó.
Destacó que en ocho meses, desde la captura de Nicolás Maduro, ha habido dos contratos petroleros nuevos formales, mientras que las empresas grandes se han resistido a invertir en Venezuela por la falta de garantías para poder destinar recursos.
“Hacer un convenio con un gobierno transitorio y de salida es muy difícil, eso ha frenado drásticamente la voracidad de inversores en los negocios venezolanos y estimo que el 95 % de las inversiones que pudieran haber llegado se han frenado ante la falta de cambio político".
Agregó que no se entiende bien a qué se refieren con ganancias de 209 mil millones, calificó de “arbitrario" el cálculo del barril del petróleo en 65 dólares, lo que daría una “pérdida multimillonaria grande". Y al hablarse de 25 años sería 8 mil 500 millones anuales, que sería un tercio de los ingresos petroleros que Venezuela gana al año por la extracción y comercialización de crudo.
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Falta de legitimidad
La falta de legitimidad del interinato de Delcy Rodríguez, considerado una extensión del mandato de Nicolás Maduro ampliamente denunciado por violaciones masivas a derechos humanos y un fraude electoral del 28 de julio de 2024, pone en duda la viabilidad de este convenio o acuerdo, aún por firmarse.
También dijo que sería bastante “grave" la participación de Alejandro Betancourt en este proceso, como han reportado medios internacionales como The Washington Post y The Economist, debido a las investigaciones en su contra, así como la entrega de contratos a dedo.
“Es preocupante esto, así como la cuestión de la energía eléctrica porque Venezuela tiene un déficit de unos 3.500 megavatios de generación y entregar campos y pozos petroleros podría agravar la situación, porque cada pozo puede consumir puede entre 30 a 50 megavatios y solo 10 pozos constituyen 500 megavatios".
Por ello cree que es un anuncio político que usa Trump ante las elecciones de medio término como parte de su propaganda para intentar subir popularidad, mientras que Delcy Rodríguez lo trata de vender como un “logro tremendo" y así dar a entender que “mientras más se tarde el interinato en llamar a elecciones es mejor para el país. Es una situación muy preocupante a la que no se le ven soluciones a corto plazo", alertó.
La analista política María Puerta Riera, profesora adjunta de Ciencias Políticas y Política Internacional en el Valencia College aseguró que el presidente republicano continúa vendiendo el caso venezolano como un éxito, bien sea por la captura de Maduro como ahora con este convenio en puerta, algo de lo que ella duda.
“La transición a la democracia en Venezuela ahorita parece más lejana. Ese acuerdo económico-petrolero, primero no hay información para nosotros tener con certeza de qué este acuerdo representa tanto para Estados como para Venezuela. Hasta ahora lo que han dicho no deja muy claro de qué se trata".
No se conocen las condiciones y mientras Trump habla de 100 años, Rodríguez dice que es por 25 años. Incluso en Estados Unidos hay dudas, donde se asegura que este acuerdo tenga garantía de que sea legal o legítimo al no contar con la aprobación del Congreso. “Hay serias dudas sobre la viabilidad de ese acuerdo, cómo se va a manejar eso", destacó.
También destacó que es una “apuesta" de Trump de sacar el mayor provecho posible de la situación venezolana “para beneficiar al gobierno de Trump y al mismo presidente de Estados Unidos".
Añadió que esa amalgama entre la Casa Blanca y Miraflores “es una relación de ganar el gobierno de Estados, de beneficiarse, pero no es precisamente para avanzar en una salida pacífica que lleve a la redemocratización en Venezuela. El objetivo es explotar esa relación para beneficio de la administración Trump y de manera no marginal preservar a Delcy Rodríguez en el poder, garantizar que sea la responsable de facilitarle a Trump esa explotación".
Porque de haber un gobierno democrático no se haría un convenio con esas condiciones.
“Esto va a evitar que veamos una transición democrática en el corto plazo, porque para Trump es importante que Delcy Rodríguez esté allí hasta que al menos él salga de la Casa Blanca. Aquí la única que gana es Delcy Rodríguez que se mantiene en el poder, pero realmente el que gana es el gobierno de Trump", resaltó.
Mientras que el analista político Ricardo Sucre Heredia, director de la firma de análisis político de SmartThinkers, explicó que este acuerdo apuntala a Delcy Rodríguez en dos aspectos; el primero en su buena relación con la Casa Blanca, al ser una firma entre dos gobiernos que desarrollarán los privados, además de permitirle, si llegan los recursos, tener una gestión que mostrar.
«Es un acuerdo binacional, entre dos gobiernos, no es un acuerdo entre particulares… uno asume si son 25 años de plazo inicialmente lo que conocemos, supone que existe una buena relación entre los dos gobiernos», dijo. Habló de las palabras de Trump sobre la «altamente respetada Delcy Rodríguez», lo que manifestó es «una buena relación» entre la Casa Blanca y Miraflores.
Aunque aclaró que el chavismo no se identifica por tener gestión sino por ser un movimiento más ideológico, la oportunidad de que Rodríguez obtenga recursos le permitiría cambiar ese perfil de esa organización política.
«Es un movimiento de una vocacion hegemónica y geopolítica, pero uno no asocia al chavismo con servicios públicos de calidad, con un sistema de salud que funcione, uno no lo asocia con gestión sino con ideología. Delcy Rodríguez tiene otro perfil, pero ella viene del chavismo. Ella habló de una cantidad de recursos en tributos, entonces vamos a ver la prueba de la gestión y si hace una buena gestión le daría fortaleza política frente a la opinión pública y ver si eso se traduce en votos cuando haya una elección», aseguró.
El papel de Alejandro Betancourt
Hasta el momento, solo el abanderado opositor Edmundo González Urrutia se ha pronunciado sobre el anuncio de acuerdo. En su cuenta de X recordó que en el pasado el petróleo ha dejado miles de millones de dólares en ingresos para el país, lo que no se ha traducido en una mejor calidad de vida para la población.
“Y hay una pregunta que no puedo dejar de hacerme. ¿Esta vez el petróleo va a mejorar la vida de todos los venezolanos? ¿O solo la de algunos? Porque recuperar la industria petrolera es necesario. Pero recuperar Venezuela es recuperar la vida de su gente".
Además, remató que “la recuperación de Venezuela no puede medirse solamente por los barriles que vuelva a producir, sino por las vidas que esa riqueza permita reconstruir".
Otro aspecto es que dentro de estas conversaciones la empresa Nabep, de Alejandro Betancourt, sería la principal beneficiaria porque es el interlocutor usado por la Casa Blanca para llegar al convenio, pese a las investigaciones internacionales en su contra.
The Economist aseguró que el nuevo operador de ese convenio sería Nabep, con una participación del 45 % mientras que el restante lo tendría el Pentágono, como representante del gobierno estadounidense.
Mientras que The Wall Street Journal habla de que el Departamento de Guerra adquiriría acciones de esta firma, que ya explota petróleo en suelo venezolano, al plantear la compra de una participación del 35 % para asegurarse “derechos preferenciales para comprar el 20% de su producción a precio de coste".