El acuerdo petrolero anunciado por Estados Unidos y Venezuela tiene un problema legal importante: la oficina del Gobierno estadounidense que debería quedarse con el 35% de las acciones de la empresa no tiene permiso claro en la ley para poseer ni manejar esas acciones, según un documento con un análisis jurídico al que tuvo acceso El Pitazo.
La administración de Delcy Rodríguez dio a la empresa NABEP, del empresario venezolano Alejandro Betancourt López, derechos por 100 años sobre 17 campos petroleros que contienen una enorme cantidad de reservas, cerca de 65 mil millones de barriles. A cambio, Estados Unidos afirma que recibe gratis el 35% de las acciones de la empresa matriz de NABEP, el derecho a comprar el 20% del petróleo a precio de costo, preferencia para comprar el resto y el poder de vetar a los miembros de la junta directiva.
No se trataría sólo de compromisos políticos, sino derechos de dinero y de control que deben estar respaldados por una entidad del Gobierno con facultades claras.
La oficina encargada de recibir esas acciones se llama Office of Strategic Capital y pertenece al Departamento de Defensa. Fue creada para dar préstamos, garantías de préstamos y ayuda técnica a proyectos importantes para la seguridad nacional. La ley actual no le permite comprar, recibir, mantener ni vender acciones de empresas privadas, y tampoco incluye el petróleo convencional entre los tipos de proyectos que puede apoyar.
Por eso, aunque el petróleo venezolano sea muy valioso estratégicamente, eso no basta para que esta oficina pueda legalmente ser dueña de parte de la compañía.
Según el documento existe una posible salida y es una norma que permite al secretario de Defensa aceptar donaciones de dinero o bienes. Las acciones podrían considerarse una donación. Sin embargo, esa opción no resuelve las dudas más importantes. No queda claro quién es realmente el dueño de las acciones, quién puede votar y ejercer el veto, quién tiene derecho a venderlas en el futuro, ni dónde se depositaría el dinero de las ganancias o de una posible venta.
Recibir las acciones no es lo mismo que tener permiso para administrarlas de forma activa, explica el documento.
El Congreso de Estados Unidos está estudiando una nueva ley para el año fiscal 2027 que sí le daría a esa oficina permiso expreso para invertir en acciones.
Esa propuesta todavía no ha sido aprobada y solo cubriría sectores como minerales críticos y baterías, no el petróleo. El hecho de que se esté debatiendo crear ese permiso sugiere que hoy no existe de manera automática. En el escrito se explica que en la información pública disponible a principios de septiembre, no se ha encontrado el puente legal que une el anuncio político con la capacidad real de llevar adelante la operación.
Es esa falta de claridad la que puede generar inseguridad entre inversionistas, bancos y empresas privadas, que necesitarán saber con certeza quién posee las acciones y si los derechos son jurídicamente firmes antes de comprometer dinero.