Caracas.- El Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que el mes de septiembre concluyó con el fallecimiento bajo custodia estatal de tres mujeres privadas de libertad en diferentes recintos carcelarios del país.
De acuerdo con la organización no gubernamental, estos decesos —ocurridos en penales que en conjunto recluyen a más de 800 personas— encienden alertas críticas sobre la ausencia de garantías al derecho a la vida y la salud dentro del sistema penitenciario femenino venezolano.
La cronología de los decesos documentados por el OVP inició el pasado 19 de septiembre con el fallecimiento de Carmen Rodríguez, de 66 años, recluida en el Centro de Reclusión Femenino de Carabobo (anexo de Tocuyito), tras sufrir un infarto agudo de miocardio.
«En la cárcel sentía que estaba muerto»: el calvario y el renacer del obispo Jylman Red Jurado
Cinco días después, el 24 de septiembre, se registró el deceso de Tomasa Sánchez, de 72 años, en el anexo femenino del Centro Penitenciario de Occidente I (Táchira), a causa de un paro cardiorrespiratorio.
El tercer caso corresponde a Eleiner Sánchez, exdirectora del Centro Penitenciario para Procesados Judiciales 26 de Julio, quien se encontraba recluida en el Centro de Formación para Procesadas Femeninas La Crisálida (Miranda).
El OVP denunció que Sánchez presentó complicaciones severas de salud y que sus reiteradas peticiones de traslado a un centro hospitalario fueron ignoradas por las autoridades hasta que su condición se volvió irreversible.
Caso Pdvsa Obrero fue expuesto ante la Comisión de Paz y Reconciliación de la Asamblea Nacional
La salud como obligación estatal prioritaria
La organización no gubernamental recordó a través de una nota de prensa que el Estado venezolano mantiene bajo su custodia a más de 2.300 mujeres en anexos penitenciarios, sobre las cuales pesa la responsabilidad constitucional e internacional de garantizar su integridad física.
El OVP enfatizó que el régimen actual vulnera flagrantemente los artículos 43, 83 y 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los cuales blindan el derecho inviolable a la vida, definen la salud como una obligación estatal prioritaria y exigen que el sistema penitenciario respete los derechos humanos. Asimismo, señalaron la inacción y omisión de funciones por parte del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo ante esta realidad.
Ante la gravedad de los hechos, el OVP exigió la apertura de una investigación exhaustiva, independiente e imparcial que esclarezca las condiciones médicas previas de las fallecidas y determine las responsabilidades penales o administrativas por negligencia institucional.
SNTP confirma libertad plena de Luis López y Gabriel González
Del mismo modo, instaron formalmente al Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario a proveer atención médica oportuna y digna a la población reclusa, sentenciando que en Venezuela la privación de libertad se ha transformado ilegalmente en una pena de muerte encubierta.