Hombres que se trasladan en motos y vehículos sin placas vigilan constantemente a familiares de los presos políticos que permanecen en un campamento frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas. El mismo patrón se repite en las concentraciones que organizan para clamar por la libertad de sus seres queridos, según denunciaron.
El sábado 12 de septiembre difundieron un video en el que señalan a una pareja de hombres que viaja en una moto de alto cilindraje. Bajaron la velocidad al pasar por el campamento donde los familiares hacen vigilia desde hace tres meses, pero antes de la grabación ya habían dado varias vueltas por el lugar.
Al indagar con los familiares, contaron a El Pitazo que no se trata de un hecho aislado, sino de una práctica que realizan de forma recurrente. “Nos persiguen en carros sin placa, se pegan mucho a los vehículos o motos en las que nos desplazamos. Si su intención fuera detenernos, desde cuándo lo hubiesen hecho, pero notamos que lo que quieren es intimidarnos", declaró la sobrina de un preso político que se mantiene en el campamento.
No cesa la intimidación
La vigilancia y el seguimiento denunciados por los familiares forman parte de un patrón que afecta el ejercicio de derechos fundamentales, según el coordinador general de Provea, Óscar Murillo.
La presencia de personas que toman fotografías de manera ilegal, de vehículos sin placas que rodean las concentraciones y lo que parece ser una supervisión policial de carácter arbitrario “no sólo lesiona el derecho a la libertad personal, sino también el derecho que tienen todos los venezolanos a ejercer la manifestación pública y pacífica como vía de reclamación y exigencia de nuestros derechos", señaló.
“El derecho a la protesta es un derecho bisagra, porque te habilita a exigir otros derechos, y eso debe ser garantizado conforme a lo que establece la Constitución", agregó Murillo.
El viernes 11 de septiembre, los familiares se movilizaron junto a activistas y defensores de los derechos humanos a las inmediaciones del Palacio de Miraflores para exigir la libertad de 400 presos políticos. Durante la marcha fueron fotografiados por civiles ajenos a la protesta, una práctica que se ha repetido en otras concentraciones, según los manifestantes.
Una de las familiares entrevistadas dijo que, cuando salió de esta marcha, se dirigió a su casa y fue seguida por un carro blanco, sin placas, que aceleraba para aproximarse a la moto en la que ella se desplazaba. Ella intentó grabarlo, pero se abrazó al motorizado, quien aceleró para perder de vista al vehículo sospechoso.
Después de esta misma protesta, civiles que iban en otro vehículo tipo Machito, de color blanco y sin placas, se llevaron detenido al activista Óscar Morales López, de 56 años. El hombre permaneció un detenido unas horas en la sede de Maripérez de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Tras su liberación, el activista dijo que querían implicarlo en el delito de porte ilícito de arma de fuego. “Los mismos comisarios que me interrogaron me dijeron que yo era demasiado sano. Yo pensaba allí adentro: esto fue lo que le hicieron a los presos políticos, inventarles expedientes para detenerlos", declaró el activista.
Modelo autoritario
Para el coordinador de Provea, estos hechos son «la evidencia más cierta de que ese modelo autoritario está allí. Es como cuando cortas la grama: es una simulación de que la cosa está limpia, pero esa maleza está ahí, esa hierba mala va a volver a crecer".
Explicó que la reiteración de estas prácticas demuestra la permanencia de un modelo que, a su juicio, altera el orden constitucional y deshumaniza los derechos. “Nosotros seguiremos reclamando, desafiando al poder, además de una labor de justicia y exigencia que no es nueva", agregó.
Murillo también cuestionó el comportamiento de los cuerpos policiales y del aparato de seguridad formal e informal frente a las manifestaciones. “Los cuerpos policiales y el aparato de seguridad formal e informal siempre han tenido una deuda con el derecho a la protesta pacífica, a la reunión. Y es un derecho que está vivo en la gente y que la gente reclama", afirmó.
El pasado viernes, funcionarios de la Defensoría del Pueblo se presentaron en la plaza O’Leary para garantizar que pudiera realizarse la concentración que se movilizaría a Miraflores. Para el coordinador de Provea, este tipo de presencia institucional debe mantenerse. “Esa presencia de resguardo de las personas es algo que debe trascender, garantizarse. No podemos seguir viviendo con derechos mutilados y recortados", señaló.