Diez años después de que el Tribunal Supremo de Justicia ordenara revisar la absolución de su agresor, Linda Loaiza López Soto fue citada a una audiencia el próximo 11 de agosto ante la Sala 3 de la Corte de Apelaciones de Caracas. Ella misma dio a conocer la boleta de notificación a través de sus redes sociales. El documento, emitido el 22 de julio, indica que este acto se realiza en cumplimiento de una sentencia del 15 de diciembre de 2016.
En 2006, un tribunal de primera instancia absolvió a Luis Antonio Carrera Almoina del delito de violación. En ese entonces, el juez consideró que no quedó demostrado ese delito y lo liberó de este cargo.
Tanto la víctima como la Fiscalía no estuvieron de acuerdo y apelaron. En 2016 el Tribunal Supremo de Justicia anuló la decisión y ordenó que el caso se revisara otra vez, pero con jueces completamente diferentes y en una Sala distinta. Solicitud que se revisará la semana que viene, 20 años después de la apelación de Linda Loaiza y tras 10 años de la solicitud de revisión del TSJ.
“El paso del tiempo no convierte la impunidad en justicia", escribió Linda Loaiza en su publicación.
El horror que no se borra
En julio de 2001, cuando tenía apenas 18 años, Linda Loaiza fue raptada en Caracas por Luis Antonio Carrera Almoina, quien la mantuvo en cautiverio cuatro meses.
Durante ese tiempo fue sometida a violaciones reiteradas, torturas físicas y psicológicas, golpizas, quemaduras y privaciones extremas. Salió de aquel cautiverio con lesiones gravísimas y secuelas físicas y psícológicas.
El caso se convirtió en uno de los más mediáticos de Venezuela precisamente porque puso en evidencia cómo una víctima puede pasar décadas luchando contra la impunidad.
En 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó una sentencia en el caso López Soto y otros Vs. Venezuela, al declarar al Estado venezolano responsable por posibilitar, a través de la omisión y negligencia de sus autoridades, los hechos de tortura y esclavitud sexual que sufrió Linda.
La Corte determinó que los funcionarios públicos, al menos desde mayo de 2001 cuando se denunció su desaparición, conocían el riesgo y no actuaron con la debida diligencia para protegerla.