
Barcelona.- Terrorismo, extorsión y asociación para delinquir son los delitos que les imputan a cinco juristas en Anzoátegui, tras ser señalados de acordar pagos para desviar acusaciones y responsabilidades por la explosión ocurrida el pasado 8 de julio en Guanta, donde fallecieron cuatro personas.
Los detenidos quedaron identificados como la Fiscal 42 con competencia nacional Berlice Moya; la fiscal III Yuli Brazón; el exfiscal 16 Eloy Armas; su hermano, el exconcejal en el municipio Peñalver, Antonio Armas; y la consultora jurídica de Pdvsa Amarilys Arrieta.
Se pudo conocer que Efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas) capturaron a Antonio Armas cuando recibía un pago controlado de manos de Amarilys Arrieta, luego de que supuestamente planificaran manipular las actuaciones en torno al hecho ocurrido en el sector El Chaure del municipio Guanta.
El suceso ocurrió en el sector El Chaure de Guanta, donde luego de una explosión registrada fallecieron dos adultos y una infante. Una cuarta persona resultó con quemaduras en 80% de su cuerpo, pero falleció dos semanas después de lo ocurrido.
Tras el suceso se informó que la explosión se debió a la acumulación de material inflamable en la vía principal de la zona, donde aparentemente cayó un rayo que ocasionó el incendio, el cual alcanzó el vehículo donde se trasladaba la familia.
Información de voceros extraoficiales develaron que en el caso fue designado a la Fiscalía 22 Nacional, que por orden del Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, solicitó como sitio de reclusión el Internado Judicial de Monagas, mejor conocido como La Pica.
Se espera que en las próximas horas se den a conocer los resultados de la presentación, que había sido suspendida hace dos días en el Tribunal de Barcelona; mientras, tanto los imputados se encuentran privados de libertad en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) de Barcelona.
Algunas fuentes del Ministerio Público informaron que el abogado Eloy Armas no participaba en la extorsión; sin embargo, fue vinculado por salir en defensa de su pariente, a quien arrestaron cuando recibía el pago.
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