Caracas.- Las implicaciones políticas y jurídicas del acuerdo firmado por altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos con la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep) colocan en el centro del debate la figura del empresario venezolano Alejandro Betancourt y las cláusulas corporativas que dificultan su remoción al frente de la compañía petrolera.
Durante el programa Punto y Contexto, el director de El Pitazo, César Batiz, abordó los alcances del documento de 18 páginas revelado por el medio ProPublica. “Donald Trump construyó un acuerdo que hace muy difícil sacar a Alejandro Betancourt del negocio petrolero que acaba de entregarle. Pero hay algo que Trump no puede controlar: lo que ocurra en las elecciones del próximo 3 de noviembre", dijo Batiz en referencia a las elecciones de medio término en la que se determinará la composición del congreso de Estados Unidos.
El documento en cuestión, suscrito por el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; Alejandro Betancourt y Orlando Alvarado, en representación de la sociedad matriz de Nabep, establece los términos mediante los cuales el Gobierno estadounidense ingresa al negocio e incorpora derechos económicos y políticos sobre la firma.
¿Qué reciben Estados Unidos y Venezuela?
El esquema acordado otorga a Estados Unidos beneficios específicos dentro de la estructura de la empresa registrada en Barbados. El Gobierno norteamericano adquiere una participación del 35 % en Nabep, el derecho a comprar el 20 % de la producción petrolera a un precio preferencial de 30 dólares por barril y prioridad para adquirir el resto de la producción durante un plazo de 50 años.
Asimismo, el pacto incluye una cláusula que concede a Estados Unidos un derecho irrevocable sobre la totalidad de la producción en caso de declarar una emergencia nacional. La gobernanza de la compañía se estructuró con una junta de siete integrantes, en la cual los ciudadanos estadounidenses mantendrán mayoría permanente por un período inicial de 15 años.
No obstante, el análisis contrasta estos beneficios con la falta de documentación pública sobre las ganancias para el Estado venezolano. La Casa Blanca ha afirmado que Venezuela recibiría cerca de 200.000 millones de dólares por concepto de regalías e impuestos, pero esa obligación no figura expresamente en las 18 páginas divulgadas.
“Precisamente por eso la pregunta que tenemos que hacer es otra: ¿Dónde está el contrato que establece cuánto recibirá Venezuela?", cuestionó César Batiz, quien precisó que, hasta el momento, se conoce el documento de los derechos estadounidenses, pero no el contrato suscrito en Venezuela que regule regalías, impuestos y la participación de Pdvsa.
El blindaje corporativo de Alejandro Betancourt
Uno de los aspectos del acuerdo radica en las condiciones fijadas para la dirección ejecutiva de la compañía. Alejandro Betancourt figura expresamente como director ejecutivo de Nabep, bajo un esquema de gobernanza que exige una mayoría calificada para evaluar su continuidad.
Para remover a Betancourt de la dirección se requiere el voto favorable de cinco de los siete integrantes de la junta directiva, en lugar de una mayoría simple. Esta norma, sumada a la duración inicial de 15 años establecida para la estructura de gobierno corporativo, configura un mecanismo de protección administrativa.
“No estoy hablando de inmunidad judicial. No significa que Betancourt esté protegido frente a una investigación penal. Significa algo muy concreto: el acuerdo fue diseñado para hacer difícil su remoción de la dirección de Nabep", explicó Batiz.
El señalamiento coincide con las interrogantes formuladas anteriormente por el exembajador de Estados Unidos en Venezuela, James Story. “¿Por qué Betancourt? ¿Por qué era necesario proteger su permanencia? ¿Por qué no permitir que una mayoría simple pudiera sustituirlo?", recordó el director de El Pitazo, al citar las preguntas del diplomático sobre las razones para resguardar la posición del empresario y la falta de transparencia sobre la identidad de la totalidad de los inversionistas de la sociedad matriz en Barbados.
Primeras acciones en el Congreso
El acuerdo ha comenzado a generar objeciones en el ámbito legislativo de Estados Unidos. El pasado 1° de octubre, los senadores demócratas Jeanne Shaheen, Jack Reed, Elizabeth Warren y Martin Heinrich remitieron una comunicación a Marco Rubio, Pete Hegseth y al secretario de Energía, Chris Wright.
En la misiva, los parlamentarios solicitaron aclaraciones sobre la autoridad legal utilizada por el Departamento de Defensa para participar en la transacción, el proceso de selección de Nabep, la capacidad operativa de la empresa, los antecedentes de sus directivos y el impacto del contrato sobre una eventual transición democrática en Venezuela.
Adicionalmente, fuentes vinculadas a las gestiones en la capital estadounidense indicaron que legisladores consideran pedir la intervención de la Government Accountability Office (GAO). “El Pitazo no ha podido confirmar que esa solicitud haya sido formalmente presentada", aclaró Batiz. Puntualizó que la GAO es un órgano de auditoría del Congreso que puede examinar la legalidad de decisiones gubernamentales y el uso de recursos públicos, pero no una entidad de investigación penal.
El factor electoral del 3 de noviembre
La continuidad del blindaje corporativo de Betancourt enfrenta un condicionante en el calendario político estadounidense. Ante la cercanía de las elecciones del 3 de noviembre, la modificación en la correlación de fuerzas dentro del Capitolio podría alterar el tratamiento del expediente petrolero.
Actualmente, los demócratas requieren de cuatro escaños para recuperar la mayoría en la Cámara de Representantes. Un cambio de control en dicha instancia otorgaría a esa representación política la presidencia de los comités parlamentarios con facultad para convocar audiencias, citar a funcionarios y solicitar documentación oficial.
“Una mayoría demócrata podría abrir investigaciones, convocar audiencias, solicitar documentos y citar a funcionarios de la administración Trump", señaló el director de El Pitazo, respecto a la posibilidad de revisar los estudios jurídicos previos, la debida diligencia sobre los directivos de la empresa y la nómina de inversionistas de la firma matriz.
Indicó que, si bien el contrato garantiza estabilidad administrativa a Betancourt dentro de la compañía, no ofrece cobertura frente a las atribuciones de fiscalización del Poder Legislativo. “Si cambia la mayoría después del 3 de noviembre, las mismas cláusulas que hoy protegen la permanencia de Betancourt podrían convertirse en el punto de partida para investigar cómo se construyó este negocio», concluyó.
Bloomberg: Alejandro Betancourt organizó acuerdos petroleros desde antes de la captura de Maduro