Washington.- El acuerdo petrolero impulsado por el presidente estadounidense, Donald Trump, en Venezuela protege los intereses de empresarios privados, pero no establece la obligación explícita de pagar los 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías que la Casa Blanca ha anunciado como beneficios para el país suramericano, según una investigación publicada por ProPublica, medio estadounidense de periodismo de investigación.
El medio examinó una copia del acuerdo de 18 páginas firmado por los secretarios de Estado, Marco Rubio, y de Defensa, Pete Hegseth, que concede al Gobierno estadounidense una participación del 35 % en la empresa matriz de North American Blue Energy Partners (NABEP), controlada por el empresario venezolano Alejandro Betancourt, quien ha sido investigado por blanqueo de capitales en Suiza, España, Reino Unido y Estados Unidos.
El pacto permite a Estados Unidos comprar el 20 % de la producción de NABEP a 30 dólares por barril y le otorga prioridad para adquirir el resto del crudo durante 50 años. Ese precio no incluye el costo de los materiales más ligeros que deben mezclarse con parte del petróleo venezolano, de alta densidad, para facilitar su transporte. El acuerdo también permite a Washington comprar toda la producción de la compañía si declara una emergencia nacional.
Bloomberg: Alejandro Betancourt organizó acuerdos petroleros desde antes de la captura de Maduro
La junta directiva tendrá 7 miembros, una mayoría de ciudadanos estadounidenses y un observador designado por el Gobierno estadounidense sin derecho a voto.
Según ProPublica, la estructura del pacto dificulta que futuros gobiernos puedan modificarlo o deshacerlo. Betancourt conservará el puesto de consejero delegado y solo podrá ser destituido con el voto de cinco de los siete miembros de la junta.
La empresa matriz está registrada en Barbados, donde la legislación dificulta conocer la identidad de algunos propietarios e inversores. El acuerdo tampoco exige la presencia de representantes del Gobierno venezolano en la junta y establece que las disputas entre la empresa y Estados Unidos se resolverán conforme a la legislación estadounidense, ante un tribunal federal de Texas.
La empresa, por su parte, ha defendido que el acuerdo atraerá inversiones y generará beneficios económicos para ambos países. Sin embargo, ProPublica señala que el documento no detalla una obligación vinculante que garantice los 200.000 millones de dólares en impuestos y regalías anunciados por la Casa Blanca.
Sobre estos hallazgos, el especialista en política internacional Mariano de Alba señaló que el informe de ProPublica demuestra cómo el acuerdo carece de compromisos claros para los ingresos públicos del país. Además, advirtió que la estructura del contrato fue pensada para blindarlo, dificultando que futuras administraciones en Washington o Caracas puedan cambiar las condiciones o disolver el pacto.
Defensa de Rubio
En septiembre, Rubio defendió la elección de NABEP, a la que describió como la mayor empresa petrolera privada venezolana con capacidad para aumentar la producción.
En una entrevista con el periodista venezolano Sergio Novelli, Rubio afirmó que Betancourt no tenía investigaciones abiertas en Estados Unidos, aunque autoridades de Suiza y España lo investigaban por presunto blanqueo de capitales y no había sido imputado formalmente.
El secretario de Estado sostuvo que la compañía podrá aumentar la producción y realizar pagos a un futuro Gobierno electo de Venezuela. También afirmó que Estados Unidos supervisa los ingresos procedentes de la venta de petróleo mediante la auditora KPMG y defendió una nueva regulación para profesionalizar la industria.
Sin licitaciones
La administración de Delcy Rodríguez le otorgó a Nabep, que recientemente anunció una asociación con el gobierno de Estados Unidos para sus proyectos en Venezuela, el acceso de importantes activos petroleros venezolanos sin que se conozca la realización de un proceso competitivo de licitación pública.
El acuerdo ha generado cuestionamientos tanto en Venezuela como en Estados Unidos sobre los criterios utilizados para seleccionar a la empresa, las condiciones bajo las cuales recibió los campos, el valor de los activos comprometidos y los mecanismos establecidos para supervisar los ingresos provenientes de su explotación.
El gobierno de Estados Unidos posteriormente anunció su participación en la operación de Nabep en Venezuela, lo que convirtió a una empresa controlada por Betancourt en una pieza relevante de la nueva relación energética entre Washington y Caracas.
Legisladores demócratas del Congreso estadounidense han solicitado explicaciones y documentos relacionados con el acuerdo.
De investigado a protegido
Este polémico acuerdo petrolero marca otro paso en el ascenso empresarial de Alejandro Betancourt. Investigaciones publicadas por El Pitazo recuerdan que el empresario, conocido inicialmente como uno de los «bolichicos», acumuló su fortuna hace 15 años mediante contratos otorgados a dedo durante la emergencia eléctrica nacional.
Asimismo, el director de El Pitazo, César Batiz, ha expuesto cómo Betancourt pasó de ser un investigado internacional a un actor protegido por Washington; esto luego de que el Departamento de Justicia estadounidense decidiera no ejecutar una orden de captura emitida por la Fiscalía de Suiza por presunto blanqueo de capitales, otorgándole en su lugar visas preferenciales para facilitar su rol como intermediario energético
Con información de EFE