Caracas.- La discusión sobre la eventual presencia de fuerzas militares de Estados Unidos en territorio venezolano cobra vigencia tras recientes declaraciones políticas en Washington y solicitudes de información en el Congreso estadounidense. El debate contrapone la viabilidad legal de una instalación militar extranjera bajo el marco constitucional de Venezuela y la hipótesis de que tropas estadounidenses terminen custodiando operaciones petroleras privadas concesionadas a largo plazo.
El tema emergió luego de que se le consultara directamente al presidente estadounidense Donald Trump si contemplaba construir una base militar en Venezuela o en Sudamérica. En su respuesta, el mandatario no descartó la medida. “Estamos evaluando hacer muchas cosas", dijo Trump.
De inmediato, el líder político vinculó su declaración con la actividad petrolera, aludiendo al volumen de crudo que Estados Unidos obtiene de Venezuela, los ingresos generados para ambas naciones y el uso de petróleo venezolano para llenar la Reserva Estratégica de Petróleo estadounidense.
Las limitaciones constitucionales
El director de El Pitazo, César Batiz recordó que, desde el punto de vista jurídico, la instalación de una infraestructura militar extranjera permanente choca con el ordenamiento venezolano. El artículo 13 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que el espacio geográfico nacional es una zona de paz y prohíbe expresamente el establecimiento de bases militares de otros Estados o de instalaciones con propósitos militares. Por consiguiente, una base estadounidense en el país violaría la Carta Magna vigente.
Sin embargo, existe una diferencia entre el asentamiento de bases extranjeras y los convenios de cooperación militar bilateral. “Venezuela puede desarrollar mecanismos de entrenamiento, inteligencia, asesoría y cooperación con otros países sin entregar territorio ni establecer una instalación militar extranjera permanente", destacó Batiz durante el programa Punto y Contexto. En este sentido, la asistencia técnica, el intercambio de información y la formación no implican cesión de territorio ni bases militares en suelo nacional.
Además, destacó que antes del gobierno del fallecido Hugo Chávez, Venezuela y Estados Unidos mantuvieron un intercambio militar fluido sin requerir bases estadounidenses en territorio venezolano. Durante ese período, se ejecutaron misiones de asesoría y entrenamiento, la Fuerza Aérea venezolana operaba aviones F-16 de fabricación estadounidense, la Armada participaba en los ejercicios navales internacionales UNITAS y se coordinaban labores de vigilancia y lucha antinarcóticos en el Caribe.
Contrato petrolero bajo la lupa del Congreso estadounidense
En paralelo a las declaraciones sobre la base militar, en el Congreso de Estados Unidos se inició una fiscalización sobre pactos comerciales energéticos con Venezuela. Cinco legisladores demócratas de comités de la Cámara de Representantes formalizaron una petición de información a funcionarios del gobierno estadounidense. “Quieren respuestas antes del 14 de octubre", señalaron en su solicitud Gregory Meeks, Robert Garcia, Jared Huffman, Frank Pallone y Joaquin Castro, congresistas demócratas de la Cámara de Representantes, respecto a las gestiones de Marco Rubio y Pete Hegseth sobre el acuerdo suscrito con la empresa North American Blue Energy Partners (Nabep).
El acuerdo contempla que el gobierno estadounidense obtenga una participación del 35 % en la matriz de la compañía Nabep. A cambio, la firma privada recibió concesiones por 100 años sobre 17 campos petroleros en territorio venezolano. Las indagaciones parlamentarias indican además que la empresa Nabep posee vínculos con el empresario venezolano Alejandro Betancourt.
En su comunicación, los congresistas preguntaron si las Fuerzas Armadas estadounidenses podrían ser utilizadas para proteger los activos y operaciones de la firma petrolera en Venezuela. Esta inquietud traslada el foco de la presencia armada desde la seguridad hemisférica o la lucha antinarcóticos hacia la custodia de negocios privados con licencias centenarias.
Reconstrucción institucional
Frente a este escenario, los análisis del sector señalan que las necesidades defensivas del país demandan el fortalecimiento institucional. Venezuela requiere reorganizar su Fuerza Armada, recuperar el control de sus fronteras y combatir el narcotráfico, la minería ilegal y las economías criminales. Para ello, el país precisa cooperación internacional, inteligencia, radares, entrenamiento y tecnología.
No obstante, se remarca la diferencia entre los programas de asistencia militar e institucional y el eventual uso de tropas extranjeras para resguardar explotaciones comerciales. “Si para proteger un negocio petrolero hacen falta soldados extranjeros, entonces ya no estamos discutiendo solamente sobre petróleo. Estamos discutiendo quién controla el territorio, quién controla los recursos y, finalmente, quién ejerce la soberanía", apuntó Batiz.
El director de El Pitazo subraya que, antes de discutir la presencia o resguardo militar, se deben conocer las condiciones del contrato petrolero. Entre los aspectos centrales por precisar destacan quién entregó los 17 campos petroleros, bajo qué condiciones, por qué por 100 años, quiénes son los beneficiarios finales y qué obligaciones asumieron Venezuela y Estados Unidos. La clarificación de estos elementos determinará los límites entre la cooperación internacional legítima y la entrega de la custodia territorial a intereses privados.