Caracas.– Asociaciones de defensa de los inmigrantes en Estados Unidos alertaron sobre las «graves consecuencias» que acarreará la reciente decisión de la Corte Suprema, que permite al gobierno de Donald Trump cancelar el programa de parole humanitario. Esta medida afecta directamente a más de 530.000 migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y, especialmente, Venezuela, quienes hasta ahora contaban con permisos de residencia legal temporal.
«La sociedad en general pagará por esto con interrupciones laborales y un impacto profundo en la economía de Florida y de otros estados», advirtió Paul Christian Namphy, director de acción política del Movimiento de Red de Acción Familiar (FANM), durante una conferencia de prensa en Miami.
Namphy calificó la decisión del máximo tribunal como «cruel», pues «impactará vidas, trastornará familias y causará estragos en cientos de miles de personas» que llegaron al país de forma regulada bajo este programa.
«Una traición» para quienes cumplieron la ley
La rueda de prensa contó con la presencia de representantes de diversas organizaciones de apoyo a migrantes, como el Caucus Venezolano Americano, la Coalición de Inmigrantes de Florida, el Comité de Servicio de los Amigos Americanos y el Proyecto Libertad de Miami, junto a líderes religiosos y comunitarios. Todos expresaron profunda preocupación por el futuro de quienes ya estaban protegidos por el programa.
Adelys Ferro, directora ejecutiva del Caucus Venezolano Americano, enfatizó la paradoja de la situación: «La parte más alarmante es que esta ofensiva no va dirigida a quienes ingresaron al país de manera irregular ni a quienes violaron la ley, sino a quienes cumplieron con todos los requisitos del sistema». A su juicio, esta medida constituye una «traición» que busca despojar a estas personas de su estatus legal para convertirlas en «blancos de deportación».
Miles de venezolanos en riesgo de deportación o clandestinidad
El ‘parole’ humanitario fue una política impulsada por la Administración Biden que ofreció a ciudadanos de países en crisis la posibilidad de vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, siempre y cuando contaran con el patrocinio de un residente legal. Datos del Departamento de Seguridad Nacional indican que, bajo esta vía legal, ingresaron más de 117.000 venezolanos, junto a 110.000 cubanos, 210.000 haitianos y 93.000 nicaragüenses.
La suspensión de este programa obliga ahora a muchos de esos migrantes a enfrentar la difícil disyuntiva: regresar a países donde su vida corre peligro o permanecer en Estados Unidos bajo el riesgo de ser detenidos por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
«Este programa salvó miles de vidas», señaló Yarelis Méndez, del American Friends Service. «Su eliminación es un golpe devastador para nuestras comunidades».
Este contenido se creó con el apoyo de herramientas de inteligencia artificial bajo la supervisión editorial de El Pitazo.
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