Caracas.- Una jueza federal en Pensilvania dictaminó que la invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros por parte de la administración Trump para deportar a presuntos pandilleros migrantes es legal, contradiciendo fallos previos de otros jueces federales. Esta decisión ha generado alarma entre defensores de derechos humanos, quienes advierten sobre el riesgo de deportaciones masivas sin debido proceso.
La jueza Stephanie Haines, designada por Trump, reconoció que la proclamación que declara a las pandillas migrantes como una amenaza de «invasión» «cumple con la Ley de Enemigos Extranjeros». Sin embargo, determinó que el gobierno debe notificar con mayor antelación a los migrantes sujetos a deportación bajo esta ley, otorgándoles 21 días y la oportunidad de ser escuchados.
Haines fundamentó su fallo en las declaraciones de la administración Trump ante el tribunal, destacando la designación del Tren de Aragua por parte del Secretario de Estado, Marco Rubio, como organización terrorista extranjera. Además, afirmó que respetaría la conclusión de Trump de que el Tren de Aragua actúa bajo la dirección del «régimen de Maduro en Venezuela».
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Con fallos en contra
Esta decisión contrasta directamente con fallos recientes de jueces federales en Texas y Nueva York, quienes dictaminaron que el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportaciones «excede el alcance» de la ley y que no fue «invocada válidamente».
Lee Gelernt, abogada de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), expresó su desacuerdo con el fallo de Haines sobre el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros en tiempos de paz, a pesar de celebrar el requisito de mayor notificación.
El caso en cuestión involucra a un venezolano identificado como A.S.R., bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La jueza Haines dictaminó que no puede ser expulsado sin la notificación adecuada y la oportunidad de ser escuchado.
Este fallo contradictorio añade incertidumbre al destino de miles de migrantes, incluyendo venezolanos, que podrían ser objeto de deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros. La disparidad entre las decisiones judiciales subraya la compleja batalla legal en torno a las políticas migratorias de la administración Trump y su uso de leyes de tiempos de guerra en un contexto de migración.