Carlos García mantiene intactos los recuerdos de sus últimas madrugadas en Estados Unidos. En su mente se repite, con una nitidez que le quiebra la voz, el sonido de las alarmas de la prisión federal de Ohio, el frío intencional de los ductos de ventilación para enfermarlo y el impacto de ver a dos migrantes atentar contra sus vidas. Fueron ocho meses de encierro estricto de 21 horas diarias, aislado del sol, conviviendo con delincuentes de alta peligrosidad y cargando con el miedo constante a la xenofobia de los custodios de migración.
El exalcalde de Mérida regresó a Venezuela este miércoles 30 de septiembre de 2026, con 23 kilos menos y dos hospitalizaciones de emergencia a cuestas provocadas por la comida podrida de las celdas norteamericanas. Tras ser bajado de un vuelo que lo enviaría a Ecuador previamente, García prefirió desistir de su proceso de asilo y firmar su propia repatriación antes de pasar un año más en el hacinamiento de los centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Hoy, mientras pide una cola en carretera desde Barcelona, estado Anzoátegui, para reencontrarse con sus hijos y su tierra, el dirigente político, sin afiliación partidista por los momentos, desglosa los detalles de un sistema migratorio que califica inhumano y su determinación de recuperar su salud para volver a la militancia activa.
El colapso de un proceso migratorio intachable
Al evaluar qué falló en su solicitud de asilo, el exalcalde aclara de inmediato que no existieron errores técnicos en su defensa. «No hubo ninguna falla, tuve unos abogados extraordinarios, que hicieron todo lo que tenían a su alcance», sostiene en entrevista a El Pitazo este 2 de octubre. El obstáculo real fue político e institucional: una directriz implacable de los jueces migratorios en Estados Unidos destinada a rechazar la inmensa mayoría de las solicitudes presentadas por ciudadanos venezolanos.
«El hecho de que en mi primera audiencia me dieran una deportación inmediata a Ecuador me impidió que, en lo sucesivo, por primera vez, pudiera exponer mi defensa de asilo. Nunca pude hacerlo», denuncia García.
Las medidas de confinamiento se endurecieron debido a su ingreso por la frontera sur, junto a sus dos hijos menores de edad, su esposa, sus padres y su suegra, una zona donde las normativas estatales prohíben el otorgamiento de fianzas a los migrantes.
El encierro contrastó con la conducta que la familia mantuvo durante cuatro años en territorio estadounidense. Sometidos a un riguroso esquema de supervisión por parte de las oficinas de control, asistieron puntualmente a cada requerimiento. «Nos presentamos a 32 citas, nunca dejamos de ir a ninguna», puntualiza el exalcalde opositor.
Durante ese tiempo, García obtuvo número de seguro social, licencia de conducir y permiso de trabajo, manteniéndose alejado de cualquier registro delictivo. Su rutina diaria consistía en largas jornadas como repartidor de Amazon.
«Desde las dos de la mañana me levantaba, a mediodía descansaba en mi casa y regresaba en la noche nuevamente», recuerda sobre su esfuerzo por no representar una carga pública para el Estado y cumplir rigurosamente con el pago de sus impuestos.
Para el dirigente, el endurecimiento de los casos refleja un momento oscuro e institucionalmente frágil en el sistema norteamericano, donde las políticas actuales golpean de forma generalizada a los migrantes sin importar sus antecedentes.
Dentro de las celdas de ICE
Las secuelas físicas de la reclusión obligaron al exalcalde a planificar revisiones médicas urgentes a su llegada a Venezuela. La pérdida de peso y las crisis de salud respondieron directamente a una dieta que describe como deplorable y no apta para seres humanos, basada frecuentemente en raciones descompuestas.
García califica la situación en las prisiones federales subcontratadas por ICE como alarmante y trágica. «De acuerdo a las estadísticas de los dos años de la administración Trump, van 56 migrantes muertos bajo custodia de ICE», advierte.
El penal del estado de Ohio opera bajo las mismas dinámicas de una cárcel para delincuentes comunes. Los migrantes que tramitaban causas administrativas eran recluidos en los mismos pabellones que delincuentes procesados por delitos graves. Esta mezcla destruyó cualquier posibilidad de tranquilidad para García, quien debía cumplir las mismas normativas estrictas aplicadas a los presos que pagaban condenas de alta peligrosidad.
El confinamiento diario se limitaba a una celda de tres por dos metros con puerta de acero, compartida con otro interno. «Solo tenía tres horas para estar libre, del resto, 21 horas las pasaba encerrado», relata. Los pasillos carecían por completo de ventanas, ventilación natural o luz solar directa. Durante los meses de reclusión, García jamás tuvo acceso a patios, jardines o canchas al aire libre.
A la dureza del aislamiento se sumaba el hostigamiento psicológico por parte de los funcionarios de la prisión, caracterizado por un trato denigrante y abusivo. Una vez por semana, los guardias provocaban zozobra ejecutando requisas sorpresivas durante la madrugada. Al sonar las alarmas, los internos eran desalojados hacia los pasillos mientras los custodios destruían el orden de las celdas, tiraban sus pocas pertenencias al suelo y retiraban todo objeto, dejándoles únicamente una colchoneta delgada para dormir.
García detalla que los oficiales solían bajar el aire acondicionado a temperaturas extremas en las noches con la intención de causarles tos y enfermedades. Además, como estrategia orientada a quebrar mentalmente a quienes decidían continuar con sus audiencias y apelar las órdenes de expulsión, el organismo ejecutaba traslados imprevistos. En siete meses, el exalcalde fue cambiado de pabellón en cinco oportunidades durante la madrugada, sin mediar explicaciones e introduciendo a personas desconocidas en su celda para prolongar la tortura psicológica.
Al ser consultado sobre lo más rudo que vivió responde sin titubear: ver a un ciudadano hindú intentar cortarse las venas con la antena de un televisor mientras un centroamericano buscaba una sábana para colgarse del techo. «Afortunadamente se avisó con tiempo a las autoridades y ninguno se consumó», agregó.
El encierro prolongado también lo obligó a librar batallas internas que jamás imaginó. El exalcalde, quien sufría de claustrofobia antes de ser detenido, tuvo que apelar al control mental para sobrevivir a las 21 horas diarias dentro de un calabozo tan reducido. La necesidad extrema también transformó su relación con la comida: para evitar el colapso físico, aprendió a ingerir alimentos en mal estado o no aptos para el consumo humano, pasándolos con agua cuando el hambre arreciaba y la debilidad amenazaba con tumbarlo.
«Aprendí a valorar cosas que antes me parecían insignificantes, como ver el sol o caminar al aire libre», reflexiona el dirigente sobre las secuelas que reconfiguraron su mirada.
El cautiverio le dejó una gran lección sobre el tiempo perdido en el exilio estadounidense, donde las largas jornadas laborales le impedían compartir momentos valiosos con sus seres queridos. «La libertad ahora la valoro como nunca antes», confiesa luego de conocer la oscuridad.
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La decisión de retornar ante el limbo legal
El traslado hacia Venezuela se convirtió en la última opción disponible tras el fracaso de los trámites internacionales. García formaba parte de un grupo de 15 venezolanos listos para abordar un avión de deportación con destino a Ecuador cuando, de forma imprevista y sin emitir explicaciones oficiales, las autoridades retiraron a la mitad de los pasajeros del vuelo. El viaje se canceló y el dirigente fue reubicado nuevamente en el penal de Ohio.
En esa instancia, un juez federal ordenó reanudar su caso desde cero, abriendo la posibilidad de defender el asilo en tribunales. Sin embargo, las advertencias de sus abogados sobre la lentitud de los procesos en cárceles sobrepobladas variaron los planes de la familia, que ya había emprendido el retorno a casa.
«Mi familia ya estaba en Venezuela, ya habíamos tomado la decisión de desistir por el tiempo que podría extenderse ese proceso», explica García, señalando que la repatriación directa fue solicitada para detener el confinamiento inmediato.
El retorno generó temores debido a los procesos judiciales que forzaron su salida de Mérida en 2017, cuando el Tribunal Supremo de Justicia lo destituyó de su cargo y lo condenó a 15 meses de prisión por negarse a levantar las barricadas durante las protestas opositoras. «El hecho de tener una orden de captura y una sentencia por parte de los organismos vigentes me causaba cierta incertidumbre porque no sabía a qué me enfrentaría al llegar», confiesa.
A pesar de las dudas, el seguimiento de casos de otros alcaldes exiliados que ingresaron recientemente al país sin detenciones arbitrarias, como Gustavo Marcano, le aportó la calma necesaria para abordar el avión.
Al aterrizar en el aeropuerto de Barcelona, los funcionarios de control estatal no le impusieron restricciones inmediatas a su movilidad, aunque al revisar los sistemas informáticos del CNE constató que su inhabilitación política de 2017 continúa plenamente activa.
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Sin garantías, pero firme en la vocación
García mantiene una postura crítica sobre el panorama judicial venezolano. Al ser interrogado sobre si cuenta con salvoconductos institucionales que impidan la ejecución de su antigua condena, responde con firmeza: «Salí hace nueve años con una orden de captura, una sentencia de un año y tres meses de prisión, además de una inhabilitación política. Actualmente no tengo garantía, como tampoco la tiene ningún líder político que lucha por el rescate de la democracia, ni las tiene ningún ciudadano venezolano, porque aún no existe un poder judicial transparente que no siga una línea política partidista».
Asimismo, el dirigente andino extendió una advertencia urgente a los miles de connacionales que mantienen solicitudes de asilo pendientes en Estados Unidos bajo la creencia de encontrarse a salvo de medidas de expulsión rápida. Afirma que ningún estatus temporal garantiza la tranquilidad y aconseja mantener un contacto permanente con los equipos legales.
«Tengan en cuenta que siguen en riesgo mientras continúe la administración de Trump», advirtió, lamentando la desprotección en la que quedaron muchos venezolanos tras el cese de los beneficios de los programas de protección temporal (TPS) y la ausencia de vocerías internacionales de peso que visibilicen las violaciones de derechos humanos en los centros de ICE.
A pesar de las lágrimas compartidas al recordar el tiempo perdido lejos de sus hijos y las secuelas físicas que arrastra del cautiverio, Carlos García descarta abandonar la actividad pública. El exalcalde afirma que sus nueve años en el exilio, divididos entre Cúcuta (Colombia) y EE. UU., nunca lo apartaron de sus raíces ni de la agenda social que coordinó a través de un voluntariado para enviar insumos a diversos sectores merideños y gestionar donaciones para la Universidad de Los Andes (ULA).
«Voy a retomar la actividad política en el país, es mi vocación. Cuando me fui lo hice obligado», recalca con convicción.
Aunque sus prioridades inmediatas se centran en el reencuentro familiar y someterse a evaluaciones médicas rigurosas para tratar el desgaste de la reclusión, García asegura que su pasión sigue intacta.
«Desarrollar una agenda social es mi vocación de servicio. Aunque no esté en un cargo público, mi pasión es ser un instrumento que ayude al prójimo», concluye mientras avanza por las carreteras nacionales rumbo al estado Mérida. Volver a esa ciudad, con su familia, sin uniforme de preso ni custodios es el único refugio que necesita para empezar a recuperar la vida.