Caracas.– El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y el exministro de Fomento, José Luis Ábalos, habrían ejercido presiones significativas para asegurar el rescate de la aerolínea Plus Ultra con fondos públicos, a pesar de sus limitadas operaciones y presuntos vínculos con Venezuela. Así lo revelan fuentes a The Objective, incluyendo personal de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo que aprobó la ayuda de 53 millones de euros en 2021.
Fuentes conocedoras de la operación describen un «clima de alta tensión» en el Ministerio de Fomento entre finales de 2020 y principios de 2021. La presión se ejercía en una doble dirección: Zapatero forzaba al entonces secretario de Estado de Transportes, Pedro Saura, para que Plus Ultra obtuviera la consideración de «empresa estratégica», requisito indispensable para el rescate. En paralelo, Ábalos también coaccionaba a Saura y a la SEPI para agilizar la aprobación de los 53 millones de euros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
Este doble frente de presión fue objeto de quejas internas por parte de José Ángel Partearroyo, director de Participadas II de la SEPI. Las fuentes indican que la intensidad se disparó a principios de 2021 para «agilizar la adjudicación de consultoras y gestoras» con el fin de aprobar el rescate en «tiempo récord», pese a que Plus Ultra era una compañía «absolutamente desconocida» para la mayoría hasta ese momento.
Extrañeza en la SEPI: ¿Empresa estratégica sin mérito?
En el seno de la SEPI generó estupor que el Ministerio de Fomento avalara a Plus Ultra como «empresa estratégica» dado que, por su posición y número de trabajadores, no lo parecía. La aerolínea apenas operaba el 0,03% de los vuelos con origen o destino en España y solo contaba con cuatro aviones de alquiler, de los cuales uno estaba en funcionamiento al momento de la solicitud. Además, presentaba pérdidas previas a la pandemia, lo que cuestionaba que su situación financiera se debiera únicamente a la COVID-19.
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«La clave estaba en decir que era una empresa estratégica», afirman fuentes de la SEPI, destacando la «extrañeza» de la dirección ante la falta de criterios objetivos (facturación, empleo, marca España) que justificaran tal clasificación. Incluso se recomendó internamente «no tramitar esa solicitud», pero la Secretaría General del organismo ordenó conceder los rescates por orden de llegada para evitar problemas de concurrencia.
Pagos a PDVSA y un caso archivado por «error»
El rescate de Plus Ultra se aprobó finalmente el 9 de marzo de 2021. Casualmente, el mismo día se aprobó el rescate de Duro Felguera, empresa que, según reveló The Objective, también fue objeto de negociaciones entre Zapatero, Moratinos y Venezuela. La Audiencia Nacional sentará a Duro Felguera en el banquillo por presuntos delitos de corrupción y pago de sobornos a directivos de PDVSA.
En el caso de Plus Ultra, la juez Esperanza Collazos, de Madrid, detectó irregularidades y abrió una investigación por presunto delito de malversación y prevaricación. Un informe pericial señaló que parte del rescate de Plus Ultra se destinó a un pago a PDVSA apenas la aerolínea cobró la ayuda estatal. La empresa alegó que era una deuda con un proveedor de combustible que no se había podido saldar por las sanciones internacionales. Sin embargo, los peritos judiciales indicaron que «lo habitual» en una empresa en crisis es aplazar deudas.
La investigación de la juez Collazos fue archivada debido a un «error en la instrucción», al no prorrogar la causa judicial en el plazo legal, lo que la aerolínea aprovechó para recurrir. El archivo no se produjo por confirmarse la inexistencia de irregularidades.
Ábalos, dispuesto a «entregar la cabeza de Zapatero»
Este caso ha exacerbado las tensiones entre Ábalos y Zapatero. Fuentes conocedoras de la estrategia legal de Ábalos aseguran que el exministro de Transportes estaría dispuesto a «entregar la cabeza de Zapatero» en su defensa, señalando a personas del entorno del expresidente, como su exministro José Blanco y su exsecretario de Estado Pedro Saura. Este giro resulta relevante para los investigadores, ya que involucra a una figura de alto perfil que, según publicaciones y declaraciones de Víctor de Aldama, estaría relacionada con operaciones de adquisición de crudo venezolano con PDVSA y Delcy Rodríguez.
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