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martes, 20 mayo, 2025

Policía arresta a abogada que auxilia a venezolanos deportados a El Salvador

La defensora de Derechos Humanos, Ruth Eleonora López, fue detenida dos días después de que abogados de los deportados venezolanos denunciaron que los migrantes son víctimas de torturas

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El grupo de derechos humanos Cristosal de El Salvador, que asiste a las familias de los 252 migrantes venezolanos presos tras ser deportados por Estados Unidos, denunció este lunes 19 de mayo el arresto de su dirigente Ruth Eleonora López.

La reconocida activista y abogada de 47 años fue detenida por la Policía Nacional Civil el domingo 18 en la noche en virtud de una orden de la Fiscalía, que la acusa de “peculado" cuando trabajaba hace una década para el tribunal electoral, según un comunicado de esta institución.

“Se ha hecho efectiva la orden de detención administrativa contra Ruth Eleonora López Alfaro" bajo el cargo de “peculado", dijo la Fiscalía en X.

La ONG Cristosal denunció que la detención de la dirigente, crítica de la política de seguridad del presidente Nayib Bukele, ocurre en momentos de “profunda preocupación" sobre “el creciente riesgo que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos" en El Salvador y en un contexto de “debilitamiento institucional y represión".

Defensa de deportados venezolanos

Cristosal asiste a familias de inocentes detenidos en el marco de la «guerra» contra las pandillas lanzada por Bukele en 2022 y también a las familias de los migrantes venezolanos presos desde hace dos meses en una cárcel de máxima seguridad salvadoreña.

López fue arrestada dos días después de que abogados de los migrantes venezolanos denunciaron que sus clientes son víctimas de “torturas físicas" y “morales" en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).

La ONG habilitó recientemente una aplicación en línea para obtener informaciones de los familiares de los venezolanos presos.

En base a las respuestas de sus familiares, la ONG concluyó que el 78% había emigrado en busca de “mejores oportunidades económicas", un 35% para huir de la violencia y un 9% por persecución política.

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