Caracas.- Después de la elección presidencial, la rutina de los venezolanos no se desarrolla en un contexto de transición política o de continuidad de un gobierno cuya legitimidad es reconocida por la comunidad internacional. El día a día ha estado marcado por la represión gubernamental y la tensión política.
Ante este escenario, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha recurrido a medidas cautelares para amparar a los 14 venezolanos que han podido solicitar estos mecanismos de protección desde el 29 de julio.
Para los abogados, especialistas en derechos humanos, Paula Escalante y Kelvi Zambrano, la vulneración de estas facultades cada vez es más elevada en el país. Ambos, en una entrevista con El Pitazo este 11 de octubre, reconocieron que las medidas cautelares no evitarán más detenciones, pero sí visibilizarán la situación represiva y a resguardar derechos de los afectados.
La escalada de agosto
Hasta finales de julio, la Organización de Estados Americanos (OEA) había publicado dos resoluciones de medidas cautelares destinadas a venezolanos en este año. Una para los integrantes del Programa Venezolano de Educación-Acción (Provea), el 29 de abril, y otra para el abogado Joel García, el 13 de mayo. En agosto hubo 7 resoluciones, más del triple que en los 7 meses previos.
“Esto es un indicador de la elevada vulneración de derechos que hay en el país", afirmó Escalante, quien subrayó la necesidad de que el Gobierno venezolano detenga la política represiva que ejecuta.
Zambrano llevó el análisis a la escala continental. “Venezuela constituye un grave problema para la región por el deterioro de su institucionalidad", señaló. También recordó que el Estado venezolano desconoció la Convención de Derechos Humanos en 2012, por lo tanto, no reconoce la autoridad de la CIDH ni de la comisión.
CIDH otorga medidas cautelares al líder opositor Juan Pablo Guanipa
El 10 de agosto fue publicada la primera medida de protección en el período postelectoral para la coordinadora estatal de Vente Venezuela, María Andreína Oropeza Camacho. Había sido detenida cuatro días antes por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim). Más de dos meses después sigue privada de libertad.
Entre el 14 y 17 de agosto se anunciaron 3 medidas cautelares por las detenciones del dirigente de Acción Democrática (AD) Williams Dávila; el político Américo de Grazia y el periodista Roland Carreño. Este último había sido detenido en 2020 y liberado en 2023. A De Grazia y a Dávila se les modificaron sus medidas otorgadas en 2016 y 2017, respectivamente.
La última semana de agosto cerró con tres anuncios más. La secretaria de Alianza Bravo Pueblo, Carmen García; el coordinador nacional de Voluntad Popular (VP), Freddy Superlano, y la periodista Ana Carolina Guaita, recibieron estas concesiones de la CIDH.
Las detenciones arbitrarias e irregulares, la irrupción en viviendas personales y los hostigamientos fueron habituales durante este mes. Incluso, luego de estar una semana detenido, Dávila fue trasladado a un hospital porque su estado de salud empeoró. Los siete venezolanos arrestados en agosto siguen privados de libertad.
Septiembre no fue la excepción
Tanto la Dgcim como el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ejecutaron una serie de arrestos a finales de agosto que obligaron a la CIDH a seguir atendiendo la situación de derechos humanos en Venezuela.
Entre el 2 y el 6 de septiembre hubo una seguidilla de resoluciones para el coordinador jurídico de Vente Venezuela, Perkins Rocha; el community manager del Diario Oriental, Eleanger Navas; el dirigente de Convergencia, Biagio Pilieri y su hijo Jesús Pilieri, y la coordinadora de Formación Ciudadana Electoral de Súmate, Nélida Sánchez.
En la primera semana de septiembre, la comisión otorgó cinco medidas cautelares. Rocha, Sánchez y los Pilieri habían sido arrestados a finales de agosto, pero Navas llevaba un mes detenido y, para ese entonces, en paradero desconocido.
Una nueva presa política se sumó en septiembre: Osmary Sánchez. Si bien tiene diez semanas de embarazo, las fuerzas del Estado no le han permitido atención médica. Ante esta situación, la CIDH le concedió el 27 de septiembre mecanismos de protección.
La Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia (Coalición DD. HH.), dirigida por Zambrano, ha gestionado siete de las catorce medidas otorgadas por el órgano de la OEA.
Estos mecanismos son solicitados por personas autorizadas por la víctima o su círculo cercano. Se elabora una petición, con base en lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, y luego el órgano procesa las medidas, al comprobar los requisitos de urgencia, necesidad y daño irreparable.
Otro punto no menor, comentado por el abogado, es que la Corte Penal Internacional (CPI) puede tener acceso al contenido de las solicitudes que derivaron en medidas cautelares. La CIDH acordó con el tribunal internacional intercambiar información cuando reciba casos que estén vinculados a crímenes de lesa humanidad.
Entre las causas de las catorce medidas otorgadas hay vulneraciones al derecho a la vida, a la salud e integridad de las personas. Se han denunciado desapariciones, detenciones arbitrarias y tortura bajo custodia del Estado. Todo esto se traduce en violaciones de derechos humanos que tienen la doble dimensión de ser crímenes de lesa humanidad, de acuerdo con lo establecido en el Estatuto de Roma.
Atención en octubre
De los catorce venezolanos amparados por la CIDH, Juan Pablo Guanipa es el único que aún no ha sido arrestado. Sin embargo, el dirigente de Primero Justicia (PJ) ha sufrido al menos 3 intentos de persecución, de acuerdo con una denuncia que hizo el 28 de agosto.
Aunque Guanipa no ha sido privado de libertad, su hermano Pedro sí. Mientras sellaba su pasaporte para viajar a Colombia el 26 de septiembre, el director de la Alcaldía de Maracaibo, en el estado Zulia, fue abordado por agentes de seguridad y sigue en custodia del Estado.
La OEA ha registrado 53 medidas cautelares otorgadas durante 2024. Dos meses antes de terminar el año, Venezuela es el país cuyos ciudadanos han recibido más mecanismos de protección, 26 %.
Escalante enfatizó que la efectividad de estas medidas depende enteramente del cumplimiento del Estado. Por eso consideró “poco probable" que otorgar esta protección a Guanipa evite que las fuerzas de seguridad lo detengan, ya que en Venezuela hay un “largo historial de incumplimiento" por parte del oficialismo.
Aunque las medidas no le dan inmunidad al amparado ante la persecución política, la abogada recalcó que sí establecen precedentes importantes que son documentados y visibilizan la situación de Venezuela ante la comunidad internacional.
La investigación de la Corte Penal Internacional (CPI) continúa abierta. Incluso, el fiscal Karim Khan dijo, en un comunicado publicado hace un par de meses, que seguía de cerca la actualidad de los derechos humanos en Venezuela. Esa situación se ha agravado y las medidas adoptadas por la CIDH sirven para robustecer las indagaciones que la justicia internacional mantiene en curso.
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