Miranda.- Un joven de 22 años de edad tenía tan solo 20 días de haber regresado de Perú cuando fue detenido en el contexto de las protestas postelectorales. Lo acusan de enviar audios por WhatsApp contra el Gobierno. Aunque es de Anzoátegui, está preso en la cárcel Yare III, ubicada en los Valles del Tuy, estado Miranda. Para sus familiares, el hecho de que lo hayan trasladado tan lejos es uno de los tantos castigos que ha recibido.
A este muchacho lo arrestaron el 31 julio en la comunidad Aragua de Barcelona. El procedimiento lo realizaron funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB). Estuvo preso en el Centro Agroproductivo de Barcelona, conocido como cárcel de Puente Ayala, y fue trasladado a Yare III el 27 de septiembre.
Entre el lugar de su residencia y este penal hay 328 kilómetros. En vehículo particular, un conductor tarda 5 horas y 44 minutos, aproximadamente, pero la mamá del joven viaja en autobús y demora al menos dos horas más.
Ella lo visitó el lunes 14 de octubre. Se alojó temporalmente en la casa de unos allegados, cerca del penal de Yare. Perdió el trabajo que tenía desde hace dos años debido a las inasistencias y se mantiene con la ayuda de familiares. Está dedicada a demostrar la inocencia de su hijo.
“Cuando lo visité me dijo que estaba bien, pero que le dan muy poca comida y casi siempre tiene hambre. Ha bajado de peso, y para uno como madre es angustiante no saber qué están comiendo nuestros hijos", indicó Neritza Gerardino a El Pitazo el 22 de octubre.
Esta mujer va todos los días a la cárcel de Yare con la esperanza de que le permitan volver a ver a su hijo o recibir una respuesta sobre su proceso penal.
El caso está a la orden del fiscal 74 con competencia nacional y la causa la lleva el Tribunal Primero de Control del Área Metropolitana de Caracas (AMC). El abogado Miguel Rengifo es el defensor público asignado por el Gobierno.
Al joven le imputan terrorismo, incitación al odio y obstaculización de la vía pública. Su madre niega cualquier vinculación con estos delitos y pide que se revise el caso. “Mi hijo es inocente", afirma Gerardino.
De acuerdo con la Organización no Gubernamental (ONG) Foro Penal, 1.784 personas fueron detenidas en el marco de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro. Los detenidos podrían recibir sentencias de entre 10 y 30 años de prisión.