Caracas.– La Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) decretó una medida cautelar que ordena el “reinicio de las operaciones productivas de la empresa Servicios Halliburton de Venezuela, S.A.", según indica la sentencia número 327 publicada este 27 de julio. El fallo establece la devolución de los bienes muebles e inmuebles que habían sido embargados a la compañía en el marco de diversos juicios laborales en el estado Zulia.
La decisión, suscrita por los magistrados Elías Rubén Bittar Escalona, Eneida Alexandra Moreno Pérez y Edelio Isabel González Díaz, surge tras una solicitud de avocamiento presentada por la representación judicial de la empresa el pasado 8 de enero, relacionada con 27 causas por cobro de prestaciones sociales que cursan en los Juzgados de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial de Trabajo en Cabimas. Halliburton argumentó que el despojo de sus activos le impedía retomar sus actividades de servicios petroleros, lo cual generaba un “daño importante a los intereses patrimoniales de la República" al obstaculizar el plan de reactivación de la industria energética nacional.
De acuerdo con el documento judicial, la Sala ordenó al actual depositario judicial, José Alberto Núñez Gutiérrez, realizar la “entrega de los bienes muebles e inmuebles embargados a la demandada". Para ejecutar esta orden, se comisionó al Tribunal en Funciones de Ejecución de Cabimas, con el fin de poner a la petrolera en posesión de dichos activos bajo su responsabilidad, otorgándole facultades de “uso, goce y disfrute por tratarse de bienes de carácter estratégico y críticos para la industria de hidrocarburos", señala la sentencia.
Al fundamentar la medida, los magistrados destacaron que el país requiere recursos para sortear dificultades económicas y cumplir con el mandato constitucional de elevar el nivel de vida de la población. “Las empresas estratégicas (petroleras) son activos invaluables para la reactivación de la economía en beneficio del pueblo venezolano", indica el texto, agregando que estas requieren una atención especial para garantizar fuentes de trabajo y los ingresos suficientes para el sostenimiento de las familias de los trabajadores.
La Sala consideró que, en casos complejos, las medidas ordinarias de ejecución no garantizan suficientemente los derechos de los ex trabajadores demandantes. Por ello, determinó que el reinicio de las actividades operativas y comerciales de Halliburton es la “medida más adecuada para garantizar la tutela de los derechos de los trabajadores".
La sentencia precisa que la empresa queda facultada para realizar todo lo relacionado con su “objeto social y el giro comercial, manteniendo la empresa en marcha". No obstante, el TSJ anunció la designación de un “veedor judicial", quien será nombrado por la Sala a expensas de la compañía para constatar el cumplimiento de la medida cautelar. Esta figura contará con amplias facultades de revisión e información periódica al tribunal, además de la obligación de levantar un inventario judicial de los activos afectados.
Finalmente, el tribunal advirtió a Servicios Halliburton de Venezuela, S.A., que el procedimiento de avocamiento no es un obstáculo para que realice las gestiones necesarias para materializar el pago de las deudas laborales reclamadas, recomendando incluso el uso de “métodos alternativos de resolución de conflictos".
Demanda tras cierre de operaciones en Venezuela
Halliburton cerró en 2020 sus principales operaciones en Venezuela, luego de que Estados Unidos endureciera las sanciones contra la administración de Nicolás Maduro.
Un año después de su salida del país, trabajadores demandaron a la empresa en reclamo de prestaciones sociales no pagadas, por lo que un tribunal del país ordenó en diciembre de 2025 la venta de equipos por un valor de caso 6,6 millones de dólares. La subasta incluía camiones, plantas de energía, montacargas, transportadores, cargadores, torres de iluminación y grúas; sin embargo, Halliburton presentó una demanda contra el país ante el tribunal de arbitraje internacional del Banco Mundial.
Luego de la visita del secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, a Venezuela a principios de febrero, un equipo de Halliburton visitó instalaciones en los estados Zulia y Monagas, donde mantienen activos que aún están bajo su control. A finales de febrero la subasta fue cancelada, según Bloomberg, después de que la administración de Donald Trump interviniera para detener la venta.
El director ejecutivo de Halliburton, Jeff Miller, dijo el pasado mes de enero que la compañía estaba lista para reiniciar rápidamente el trabajo en Venezuela una vez que obtuviera la aprobación del gobierno de Estados Unidos y algún tipo de protección de pago.