Caracas.– En medio de las especulaciones y la incertidumbre que rodean el diálogo entre el Ejecutivo nacional, los gremios empresariales y las centrales sindicales, la agenda de discusiones en la Mesa Nacional de Consensos Laborales abarca reformas normativas, mecanismos de protección del ahorro laboral y ajustes en los beneficios de fin de año.
Durante una entrevista con El Pitazo, la presidenta de la central Alianza Sindical Independiente (ASI), Marcela León, ofreció un balance de los temas que se encuentran sobre la mesa de negociación la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde participó el pasado lunes 19 de octubre la encargada de la administración de Venezuela, Delcy Rodríguez, junto a miembros de su equipo económico y del gabinete ministerial. León aseguró que el foco del debate no está en derogar la Ley Orgánica del Trabajo (Lottt), ni en eliminar las prestaciones sociales, sino en crear un marco legal transitorioque permita frenar la pérdida de su valor rea lcausada por la devaluación.
“No se van a eliminar las prestaciones sociales"
Uno de los puntos centrales que se discuten en la mesa de diálogo social es el futuro del régimen de prestaciones sociales. Frente a las versiones que circulan sobre una posible eliminación del beneficio de antigüedad, Marcela León aclaró que la intangibilidad y progresividad de los derechos contemplados en el artículo 18 de la Lottt y en la Constitución se mantienen fuera de discusión.
“Hay que desmontar ese criterio que ha salido mucho en las redes sociales de que va a haber reforma de la Ley Orgánica del Trabajo. Eso no está en debate, son mentiras y populismos de influencers. Tampoco es cierto que se vayan a eliminar las prestaciones sociales; eso es totalmente falso, son estrategias de quienes no están de acuerdo con el diálogo", aseveró la dirigente en conversación telefónica.
No obstante, la vocera explicó que el debate real gira en torno a cómo evitar que las prestaciones sigan perdiendo su valor por calcularse sobre la base del salario mínimo, congelado en 130 bolívares. León precisó que en la mesa se analiza qué fórmula financiera o revisión legal, incluida la Ley del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales de 2012, permite que el acumulado de los trabajadores mantenga su poder adquisitivo.
“Nuestra Ley Orgánica del Trabajo establece dos sistemas para calcular las prestaciones: la garantía de depósito trimestral y la retroactividad basada en el último salario. El trabajador recibe el cálculo que le resulte mayor. El problema no es el sistema; el problema es que, vista la crisis y visto que el salario se pulverizó, todo lo que nos den se devalúa, se pulveriza y se precariza. Lo que estamos debatiendo es bajo qué método lograr que ese dinero no se devalúe y que el ahorro de los trabajadores se garantice", argumentó.
Sobre la mesa también se evalúa la propuesta presentada por el gremio empresarial de aplicar un “corte de cuenta" y un recálculo similar al de la reforma laboral de 1997. Respecto a esta iniciativa, León aclaró que se trata de una opción en debate y que cualquier borrador final deberá someterse a consulta pública con los trabajadores antes de llegar a un acuerdo.
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Una ley especial transitoria
Otro de los temas clave que se negocian en las mesas es la redacción de una ley especial de carácter temporal. Según detalló León, la necesidad de este instrumento legal surgió al constatar que los exhortos del Ejecutivo para que los patronos privados cancelen el Cestaticket y el ingreso integral indexado no se cumplen de manera uniforme.
“En la Mesa de Consensos acordamos que los trabajadores del sector privado recibieran el ingreso integral indexado, pero los empresarios no han cumplido el exhorto y siguen evadiendo obligaciones. Le dijimos a la presidenta (encargada, Delcy Rodríguez) que es necesario que lo que acordemos salga por ley o por decreto para que sea obligatorio. Por eso se debatió la necesidad de hacer una ley especial temporal, que no significa reformar la Ley Orgánica del Trabajo, sino crear un piso de arranque para empezar a recuperar los beneficios perdidos", precisó la vocera sindical.
Este régimen transitorio busca otorgar fuerza de ley a las mejoras en el ingreso mientras la economía nacional atraviesa su proceso de recuperación.
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Salarios para 2027 e incidencias
En materia de ingresos, la presidenta de ASI detalló que las discusiones giran en torno a la proyección de aumentos salariales directos para el año 2027 y las soluciones para el cierre de 2026.
Respecto al salario mínimo, León indicó que la información transmitida por el gabinete económico plantea que los incrementos en los ingresos se activarán en 2027, condicionados al flujo de ingresos petroleros y al crecimiento económico general.
“La presidenta nos ha dicho que los aumentos vienen a partir de enero. Para el año 2027 va a haber varios aumentos que se van a proyectar en función del crecimiento económico que van a aportar los ingresos petroleros. No nos pueden aumentar el salario si no hay crecimiento económico, eso es una ley natural de equilibrio", explicó.
Para lo que resta de año, el debate se concentra en lograr que el ingreso integral o un porcentaje del mismo tenga incidencia en vacaciones, primas y en los aguinaldos de los 3,9 millones de trabajadores públicos activos y 6,8 millones de jubilados. Las centrales plantearon el otorgamiento de al menos dos ingresos mínimos indexados, y aunque el Gobierno argumentó restricciones presupuestarias inmediatas, se negocia una mejora en el monto respecto al año anterior sin fraccionamientos.
Denuncias de opacidad en las negociaciones
Ante los señalamientos de diversos sectores sindicales que denuncian hermetismo en torno a lo que se negocia en la Mesa Nacional de Consensos, Marcela León afirmó que los temas en debate se revisan en comisiones semanales y que las centrales participantes tienen el deber de informar a sus afiliados.
“Ahí no hay ningún tipo de opacidad y de verdad desmiento ese tipo de informaciones. Cada central tiene la obligación de informar a sus afiliados. Si alguien siente que no tiene la información, lo que tiene que hacer es ir a su central y sentarse a exigir explicaciones o llevar sus propuestas. Nosotros a nuestras bases les informamos todas las semanas inmediatamente salimos de las reuniones", sostuvo la dirigente.
El dirigente del sector salud y coordinador de la Red Sindical Venezolana, Mauro Zambrano, cuestionó el secretismo institucional con el que el Ejecutivo maneja los encuentros de alto nivel. En entrevista con Unión Radio, Zambrano calificó como una “opacidad total" que no se difunda información pública sobre los planteamientos del Estado ni sobre los alcances reales de las discusiones.
“Tú no sabes qué pasó en esa reunión, qué se habló en esa reunión, cuáles son las propuestas que tienen de ellos para los trabajadores, no las dicen; tienen que decirla, tienen que hacerlo público", denunció el vocero sindical, quien advirtió que esta falta de claridad mantiene en la zozobra a los trabajadores activos y jubilados del sector salud.
Asimismo, Zambrano rechazó que se pretenda posicionar un “falso consenso" cuando se discuten fórmulas que comprometerían la retroactividad de las prestaciones sociales o la inamovilidad laboral. Para el representante gremial, las autoridades deben rendir cuentas sobre los más de 26.600 millones de dólares que han ingresado al país y garantizar de inmediato el cálculo de los aguinaldos con base en el ingreso integral, en lugar de dilatar las respuestas mientras los salarios reales continúan devaluándose.
Ante los señalamientos, León garantizó que cuando se consolide un borrador sobre el nuevo esquema de ingresos y prestaciones, este será bajado a debate con los trabajadores en las regiones antes de ser firmado formalmente.
Finalmente, la presidenta de ASI se mostró optimista con relación a las conversaciones, pero enfatizó que, aunque la instalación del diálogo con el gabinete económico representa un paso inédito, la recuperación de las reivindicaciones laborales no ocurrirá de la noche a la mañana. La dirigente pidió a las organizaciones sindicales actuar con responsabilidad y evitar generar falsas expectativas entre los trabajadores. La promesa gubernaemental es revisar las mejoras en el ingreso y en los derechos conquistados de forma trimestral, en la medida en que se consolide el crecimiento económico del país.